Albiol y otros candidatos investigados del 28M se salvan por el incumplimiento de los estatutos de los partidos

A menos de un mes y medio para que arranque la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, los incumplimientos de los estatutos y códigos éticos de algunos partidos comienzan a empañar la limpieza de los comicios.

Los partidos parecen comprometidos a erradicar la corrupción de sus filas hasta que las buenas intenciones se cruzan con una imputación en víspera electoral. Es el caso de Xavier García Albiol, candidato del PP a la alcaldía de Badalona (Barcelona), al que el juez José María Noales, del Juzgado de Instrucción 4 de Badalona, manda a juicio oral como presunto autor de tres delitos relacionados con la prevaricación urbanística. 

Los estatutos del PP indican que en cuanto se abra juicio oral contra un cargo público o un candidato del partido este deberá proceder a la suspensión de militancia hasta que exista una sentencia, que en caso de ser condenatoria implicará la expulsión inmediata de la formación. 

Xavier García Albiol, que tiene serias posibilidades de lograr un buen resultado electoral, según varias encuestas, fue alcalde de Badalona en dos periodos, entre 2011 y 2015, y desde 2020 hasta 2021, cuando una moción de censura le desalojó de la alcaldía debido a su implicación en los 'papeles de Pandora', sobre cuentas en paraísos fiscales.

Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado de manera muy diferente a la senda que indican los estatutos, defendiendo a capa y espada al candidato investigado. Hay que recordar que Albiol fue designado por Feijóo como responsable de temas municipales en el Comité de Campaña del PP. "Es una cuestión en el ámbito de la actividad en el Ayuntamiento", ha llegado a decir Cuca Gamarra, secretaria general del PP, para restar importancia a la causa contra Albiol, que presuntamente permitió la instalación de dos antenas de telefonía en el cuartel de la Policía Local entre 2012 y 2018 sin contar para ello con el mínimo informe preceptivo ni las licencias necesarias.

"Ha quedado acreditado en el procedimiento que ninguno de estos trámites

tuvo nunca lugar, no constando solicitudes formales, ni en consecuencia, la

incoación de expediente administrativo ni de tipo urbanístico, ni tipo medioambiental, ni de tipo tributario alguno", expone el juez Noales en su auto. 

Para el líder del PP, el caso de Albiol "no es corrupción" y, por tanto, no tiene por qué suspenderlo de militancia preventivamente; para Feijóo, el 'caso Albiol', por el que la Fiscalía pide dos años y 10 meses de prisión para el exalcalde 'popular', está lejos de la "presunta corrupción" del caso Mediador y el caso Cuarteles en la que estarían involucrados miembros del PSOE.

La alcaldesa de Móstoles y el 'caso ITV'

Un caso muy parecido al del candidato del PP es el de la alcaldesa de Móstoles (Madrid) y candidata del PSOE. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado procesar a Noelia Posse por el caso ITV, sobre la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las inspecciones de vehículos, en contra del criterio del secretario y del interventor municipal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha recovado el archivo provisional dictado por el juzgado de instrucción y ordena juzgar a la alcaldesa y a siete de sus ediles por este asunto al observar "indicios bastantes" de un presunto delito de prevaricación administrativa. 

La Audiencia de Madrid ha estimado el recurso del grupo grupo municipal Ganar Móstoles (Más Madrid) contra el archivo provisional de la causa, con el apoyo de la Fiscalía. La Audiencia ordena al juez de instrucción que proceda a la transformación de la causa en procedimiento abreviado, que supone la finalización de la instrucción y el momento en que la acusación y la defensa deben presentar sus escritos, paso previo a la apertura de juicio oral. 

Este paso ya está superado en el caso de Xavier García Albiol, pues el juez ha dictado el auto de apertura de juicio oral. 

De la misma forma que Badalona podría volver a manos del PP, en el caso de los socialistas madrileños, Móstoles (200.000 habitantes) es su gran feudo en Madrid. Salpicada por la polémica desde que accedió a la alcaldía, por el fichaje de su hermana, por ejemplo, Noelia Posse ya ha anunciado que si finalmente se sienta en el banquillo, renunciará a ser la candidata en el 28M, pero es muy probable que su procesamiento llegue justamente tras la cita electoral.

Los estatutos del PSOE indican que ha de abrirse un expediente disciplinario con la suspensión cautelar de militancia en el momento en que se abra juicio oral contra cualquier miembro del partido. Parece claro que Posse será juzgada, a tenor del contenido de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, y el auto de apertura de juicio oral podría llegar pasadas las elecciones, con lo que se abriría una crisis en un recién estrenado equipo de gobierno, en caso de ganar las elecciones de nuevo Posse. 

Actualmente el PSOE gobierna con Podemos en Móstoles, tras la marcha de Más Madrid de la coalición por las contrataciones a allegados de la alcaldesa. 

Perjuicio a las arcas municipales

La empresa de ITV debía pagar un canon anual al ser adjudicataria, en 2011, de una parcela en el Parque Tecnológico de Móstoles, pero dejó de pagarlo y en 2020 adeudaba al ayuntamiento 1,1 millones de euros. La empresa pidió la reducción de la mitad de la deuda y llegó a asegurar que había solicitado el preconcurso de acreedores.  

El secretario del ayuntamiento y el interventor informaron desfavorablemente. Aun así la Junta de Gobierno accedió a las pretensiones de la empresa, pese al supuesto descalabro en las arcas municipales. De hecho, la empresa retiró el preconcurso una vez obtenida la condonación. 

Una estación de esquí en un monte quemado

Otro candidato que va en las listas electorales pese a su próximo enjuiciamiento es el alcalde de Olmedo (Valladolid), Alfonso Centeno Trigos, del Partido Popular. Está acusado de un delito continuado de prevaricación mientras fue vicepresidente de la Diputación de Valladolid por el caso Meseta Ski. 

Centeno y tres excargos de una sociedad pública y de la Diputación vallisoletana se enfrentan a penas de siete a once años de inhabilitación para cargo público por el proyecto fallido de una pista de esquí seco que acabó ilegalizada en los tribunales. Por el sobrecoste de cuatro a doce millones de euros no responderán, al haber prescrito los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. La pista, que se construyó sobre un monte quemado años atrás, iba a ser de 300 metros en el proyecto aprobado y adjudicado, sin embargo, después se modificó hasta los 9.000 metros. 

Las denuncias de los ecologistas por la ley de montes, que prohíbe construir en terrenos quemados, dieron al traste con los planes de Centeno y el proyecto acabó ilegalizado, pese a los intentos de la Junta de Castilla y León de salvarlo al declararlo proyecto de interés regional en las Cortes regionales. En 2013 el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal. El pasado mes de octubre se decretó la apertura de juicio oral, pero el PP acaba de confirmar a Centeno su candidato a la alcaldía de Olmedo. 

'Lawfare' en Calasparra

José Vélez, actual delegado del Gobierno en Murcia, secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), exalcalde de la localidad murciana de Calasparra y candidato a la presidencia murciana, asegura que en su época como regidor (2014-2020) "no estuve ni un solo día en el que no tuviera la condición de investigado", dice a Público. Las continuas denuncias de la oposición, el PP, la formación Calasparra Viva y Ciudadanos, le han llevado de juzgado en juzgado y hasta al Supremo. En total, "habrán sido unas 60 entre denuncias y recursos", dice Vélez, que apunta: "Todas esas denuncias falsas las he ganado, todas". 

Ahora en vísperas de la campaña del 28M le llega otra, por el caso 'Feria Taurina del Arroz' sobre un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación al entender que debió convocar un concurso público para los encierros. "Es algo imposible, la feria la organiza la empresa propietaria de la plaza de toros, como en todos los municipios de España", dice el exalcalde. 

Los denunciantes son Calasparra Viva y Ciudadanos, y el PP regional se ha adherido. De momento, sigue la instrucción en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Caravaca de la Cruz. "No hay atisbo de juicio, lo que no me impide concurrir a las elecciones", dice José Vélez, que añade: "Está claro que esto es una guerra judicial contra mí. La oposición se ha repartido las denuncias, cuando no era un partido era otro o los tres. Este lawfare no se puede evitar, tienen derecho a poner las denuncias, pero debería existir algún mecanismo para frenar el acoso judicial de la oposición".