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Aragón abre una cuenta atrás de 18 meses para retirar los vestigios del franquismo

La Ley de Memoria Democrática, que castiga el enaltecimiento de la sublevación y la dictadura, entra en vigor este viernes sin respaldo económico por la falta de presupuestos en la comunidad, aunque el Gobierno autonómico comienza a implementarla

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Las asociaciones memorialistas temen que la falta de presupuesto impida avanzar en las exhumaciones de fosas comunes. ARMH

Sábado 22 de agosto de 2020: esa es la fecha límite para que Aragón quede libre de vestigios del franquismo con la entrada en vigor, este viernes, de la Ley de Memoria Democrática, que da a administraciones y particulares 18 meses para eliminar los “elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.
Ese precepto incluye las “placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública”, las “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores” o ensalcen a “los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista” y las “denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista”.

La comunidad autónoma se convierte con esta ley en la primera de España que, además de proscribir el enaltecimiento del franquismo y multar con hasta 10.000 euros las vejaciones a sus víctimas, da un plazo concreto para la supresión de esos vestigios de la vía pública, algo que no estaba contemplado en la norma estatal ni en el resto de la legislación autonómica.

El Gobierno conminará a los ayuntamientos a retirar los vestigios

La ley, que prevé que la propia comunidad elimine de oficio esos símbolos en caso de incumplimiento, da al resto de administraciones con sede en su territorio el mismo plazo de un año y medio para “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”.

“¿De qué va a servir si no la dotas?”

De no hacerlo, los ayuntamientos se exponen a perder el derecho a recibir “subvenciones y ayudas públicas” de la comunidad, lo mismo que si obstruyen exhumaciones o el acceso a documentos relacionados con la memoria.

El Gobierno de Aragón enviará en las próximas semanas cartas a los más de 30 ayuntamientos de los pueblos cuyo callejero, según el Catastro, mantiene menciones a los sublevados para que las retiren. Las misivas incluirán un recordatorio de las multas a las que se exponen, explicó Julio Embid, director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y encargado de coordinar el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática.

Una ley sin dotación presupuestaria

Sin embargo, la ley, que prevé la creación de una comisión técnica para supervisar su aplicación y la puesta en marcha de un banco de datos de ADN para identificar a bebés robados y víctimas de la dictadura, entre otras medidas, nace con una carencia clave: la falta de presupuestos en la comunidad la deja sin dotación económica, algo que afecta de lleno a iniciativas como la investigación de los perfiles genéticos o las ayudas para exhumaciones y que ha provocado la inquietud de las entidades memorialistas.

La memoria económica que acompañaba al proyecto de ley cifraba en 700.000 euros los fondos necesarios para implementarla.

“No hay presupuesto y no sabemos en qué va a quedar”, señala Miguel Ángel Capape, de Arico (Asociación para la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), que destaca que “no se ha creado el órgano que debe aplicarla”. “Estamos contentos porque la ley entra en vigor, y es mejor que la estatal, pero ¿de qué va a servir si no la dotas?”, se pregunta.

Enrique Gómez, de Armha (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón) se pronuncia en términos similares al tiempo que muestra su “desconfianza por los tiempos políticos y los horizontes electorales”. “Se supone que esa dotación iba a estar en los presupuestos, pero no hay presupuestos”, señala. No obstante, añade, “esperamos que pueda salir adelante en la próxima legislatura”.

La falta de presupuestos, salvo que los haya tras las elecciones, limita a 200.000 euros la partida autonómica para proyectos de recuperación de la memoria histórica en Aragón, que es la cifra consignada en las cuentas prorrogadas. La convocatoria del año pasado repartió 128.145 euros entre 21 entidades, con un límite de 10.000 euros por iniciativa al que solo llegó una de ellas, la investigación de una fosa común de brigadistas internacionales en Fayón.

El consejo técnico, el callejero y la web

Pese a la falta de presupuestos, el Gobierno de Aragón ha comenzado a implementar el desarrollo de la ley.

Así, explicó Embid, la Consejería de Presidencia ha pedido a la de Hacienda autorización para crear en el Servicio de Estudios Autonómicos cuatro empleos que se encargarán de los trámites relacionados con la norma, mientras está preparando el reglamento del Consejo Técnico de Memoria, del que formarán parte, además de representantes de la Administración, de las asociaciones memorialistas (el martes se constituyeron en plataforma), de la Universidad de Zaragoza y de algunos colegios profesionales.

“Vamos a intentar que se reúna antes de que termine la legislatura para fijar los criterios sobre el callejero con consenso”, señaló Embid, que plantea como casos a resolver, entre otros, los de las vías dedicadas en Zaragoza a Cesáreo Alierta o Luis Gómez Laguna, alcaldes durante el franquismo e impulsores de varias actuaciones urbanísticas claves para la ciudad.

“No podemos borrarlo todo de 1939 a 1975. ¿Qué debemos hacer con una calle dedicada en un pueblo a un alcalde que además fue médico o maestro?”, plantea.
Paralelamente, el ejecutivo está negociando con Instituciones Penitenciarias y con el Ministerio de Justicia el traspaso a la comunidad de los archivos de las cárceles aragonesas en los años de la dictadura, claves para conocer la represión de aquellos años, y también, el éxodo que provocó la ocupación nazi de Francia, que serían ubicados en los archivos provinciales para facilitar el acceso de los investigadores.

El primer Día de la Memoria, el 4 de marzo en Alcañiz

Por otra parte, este viernes comenzará a estar operativa en la web del Gobierno de Aragón una pestaña sobre Memoria que, además de la legislación vigente, el mapa de fosas del DARA, las publicaciones sobre esta materia editadas por la comunidad y referencias a los actos memorialistas, incluirá una dirección de correo electrónico y un número de teléfono de contacto para ciudadanos. “Nuestro objetivos es comenzar a atenderlos ya”, anota Embid.

Por último, Aragón celebrará el 4 de marzo, lunes, su primer Día de la Memoria, con el que se conmemora el atroz bombardeo de Alcañiz el 3 de marzo de 1938, cuando catorce bombarderos de la aviación legionaria italiana segaron más de 300 vidas y provocaron cientos de heridos con una vertiginosa descarga de diez toneladas de bombas en apenas medio minuto.

El programa incluye una actividad sobre “Democracia y pluralismo” con colegios en esa ciudad turolense y, por la tarde, una tertulia en la que participarán Nicolás Sartorius, aristócrata que pasó seis años preso en el franquismo por participar en la fundación de CCOO; el editor Carlos Serano y Julia Abad, de la Universidad de Zaragoza.

La puesta en marcha del banco de ADN se encuentra más atrasada pese a haber iniciado los contactos con el Banco de Sangre y Tejidos. No obstante, fuentes parlamentarias consideran viable poner en marcha la recogida de muestras de los afectados con un bajo coste económico.

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