El juicio a algunos de los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya en 2017 y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de desoír al Tribunal Constitucional (TC) y permitir la tramitación de las leyes del procés, ha arrancado este martes poco después de las las 10.00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). 

En el juicio, los cuatro compañeros soberanistas de Forcadell en la Mesa -Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Lluís Guinó (PDeCAT)- y Mireia Boya se enfrentan a una petición fiscal de hasta un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, acusados de un delito de desobediencia por desoír las órdenes del TC que les obligaban a impedir la tramitación de cualquier iniciativa que supusiera desplegar la hoja de ruta unilateral independentista, como las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

Encabezados por el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, dirigentes de JxCat, ERC y la CUP se han concentrado desde primera hora de la mañana ante la sede del tribunal para arropar a los acusados.

Entre gritos de "No estáis solos", las decenas de concentrados han acompañado a los encausados desde el Arco de Triunfo hasta la sede del TSJC, exhibiendo carteles con los lemas "Libertad" y "Amnistía".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado desde Twitter su solidaridad con los encausados: "Esta mañana cinco demócratas serán juzgados en el TSJC por presunta desobediencia por no atender al Tribunal Constitucional y tramitar resoluciones a favor del procés. Todo el apoyo".

También el expresident Carles Puigdemont ha mostrado su apoyo a los miembros de la Mesa de la legislatura anterior, que "hoy tendrán que hacer frente a otro juicio en la estrategia de la represión del Estado contra el independentismo".

A lo largo de la mañana han declarado el exvicepresidente primero de la Mesa en la pasada legislatura, Lluís Corominas (PDeCAT), la exsecretaria primera Anna Simó (ERC), la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet (PDeCAT), el exvicepresidente primero Lluís Guinó (PDeCAT) -que en agosto de 2017 sustituyó a Corominas cuando éste asumió la dirección de JxSí tras el nombramiento de Jordi Turull como conseller de Presidencia- y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Para esta tarde está previsto que comparezcan los seis primeros testigos en el juicio: el exvicepresidente segundo del Parlament José María Espejo-Saavedra (Cs); el exsecretario segundo David Pérez (PSC); el exletrado mayor entre 2012 y 2018, Antoni Bayona; los exsecretarios generales Xavier Muro y Pere Sol y el expresidente del Parlament Ernest Benach (ERC).

El juicio, en el que se han reforzado las medidas de prevención ante el coronavirus, seguirá mañana miércoles con la declaración de más testigos, entre los que finalmente no estará la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, tras la renuncia de las defensa que la habían propuesto -las de Corominas, Barrufet y Guinó-, ni el exdiputado de JxSí Lluís Llach, porque ha renunciado a ello la defensa de Boya.

La previsión del TSJC es que el miércoles por la tarde las partes empiecen a presentar sus conclusiones e informes finales y que, después de un día de pausa –el jueves no habrá sesión– el juicio quede visto para sentencia el viernes.

El juicio se había aplazado ya en tres ocasiones, primero por motivos de agenda de los abogados, después para estudiar si se enviaba al Supremo la causa contra el exdiputado de CSQP Joan Josep Nuet -que finalmente será juzgado en Madrid, ya que actualmente es diputado de ERC en el Congreso- y en abril pasado al decretarse el estado de alarma por la covid-19.

Además de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet.

Asimismo, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para los cinco acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.

Invocan su inviolabilidad, pero el fiscal no la ve ilimitada

Las defensas de los excompañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament han invocado al inicio de su juicio por desobediencia su inviolabilidad parlamentaria, ante lo que el fiscal ha replicado que no se trata de un derecho "ilimitado" y que no se les persigue por sus votos sino por su actuación.

En el turno de cuestiones previas, la abogada Judit Gené, que defiende a Corominas, Barrufet y Guinó (del PDeCAT), y Raimon Tomàs, que asiste a Anna Simó (ERC), han invocado a su inviolabilidad parlamentaria, al considerar que no se les puede juzgar por el contenido de sus votos, mientras que Carlos López, que defiende a Boya, ha pedido que se expulse de la causa a la Abogacía del Estado.

Tomàs ha precisado que los acusados no invocan la inviolabilidad para ellos mismos "sino para el cargo que ocupaban" en la Mesa del Parlament y ha pedido al tribunal que declare la causa "nula de pleno derecho", al considerar que no se les puede juzgar por el contenido de sus votos.

Además, ha sostenido que la inviolabilidad de los parlamentarios debe ser "una limitación al poder jurisdiccional, una autolimitación que debe aplicarse a sí mismo para garantizar el principio de autonomía parlamentaria, la libertad de expresión y el pluralismo".

En la misma línea, ha argumentado que la Fiscalía atribuye "de forma equivocada" a los miembros de la Mesa la aprobación de las leyes del referéndum y de desconexión y sus efectos: "el procesamiento de nuestros defendidos se limita a sus votos a favor de tramitar resoluciones. No puede vincularse con la aprobación de las leyes ni con sus efectos".

También ha apelado a la involabilidad parlamentaria Judit Gené, que ha defendido que esta protección debe ser válida para la función que ejercían los acusados, ya que se limitaron a garantizar la "libertad de expresión" de todos los diputados, así como la "autonomía parlamentaria" y la "separación de poderes".

Su actuación es "susceptible" de control judicial

Por contra, el teniente fiscal Pedro Ariche ha advertido de que la inviolabilidad a la que apelan las defensas no es "un derecho ilimitado", ya que les protege para el ejercicio de la acción parlamentaria, pero no debe ser "transgredido ni utilizado contra los derechos de otros diputados o de una parte de la ciudadanía", por lo que su actuación es "susceptible" de control judicial.

"Lo contrario sería eliminar la separación de poderes y afirmar la preeminencia de uno de los poderes del estado (el legislativo) sobre los otros dos. Y no es admisible", ha argumentado Ariche, que ha insistido en que el TSJC está "perfectamente capacitado y legitimado" para enjuiciar lo ocurrido aunque las defensas invoquen la garantía parlamentaria de la inviolabilidad.

Además, ha precisado que la Mesa del Parlament no tiene "función legislativa, sino gubernativa", ya que se centra en la admisión a trámite de propuestas y debe cumplir con su cometido de "garantía de imparcialidad" para el conjunto de los diputados.

Por este motivo, ha indicado que si bien la inviolabilidad parlamentaria blinda las opiniones y los votos de los diputados, esta prerrogativa no sirve para los casos en que estos se encargan de la función "reglamentaria" que le corresponde a la Mesa.

"La función reglamentaria (de los miembros de la Mesa) no es el mismo voto que se emite cuando un diputado actúa en el pleno o en otras actividades propiamente parlamentarias donde se transmite su opinión a través del voto. Son cosas distintas", ha insistido.

Por este motivo, ha defendido que en esta causa no se juzga a los exdiputados de la Mesa por expresar con su voto su apoyo a determinadas iniciativas legislativas del procés durante la pasada legislatura.

"El voto no es perseguible penalmente y no se persigue. Se persigue la actuación de esos diputados en sus funciones propias de la Mesa", ha aclarado el fiscal, que les acusa por desoír la orden del Tribunal Constitucional de impedir que tramitaran iniciativas sobre el proceso unilateral a la independencia.

Además, el fiscal ha replicado a las defensas que no se está imputando a los acusados el contenido de las leyes del procés que se aprobaron en la pasada legislatura, sino la "trascendencia" de sus actos como miembros de la Mesa o como portavoces de los grupos parlamentarios para que se pudieran tramitar.