Los tribunales han comenzado a investigar la gestión de la crisis de esta pandemia y la falta de material para proteger a los médicos y sanitarios, cuando se ha conocido que 5.400 profesionales han resultado infectados al atender a los enfermos afectados por el coronavirus COVID-19.

La ola judicial se ha abierto por cuadruplicado: Un juzgado de lo Social de Madrid ha dado 24 horas a la Consejería de Sanidad de Madrid para que dote de los medios de protección adecuados a los sanitarios; el Supremo ha rechazado dar este mismo ultimátum al Ministerio de Sanidad; un juzgado de lo penal investiga al delegado del Gobierno en Madrid por supuesta prevaricación al permitir 77 actos multidinarios a comienzos de marzo, a pesar de las advertencias recibidas por un organismo internacional, y la Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones sobre la muerte de ancianos en residencias, aunque no se descartan más diligencias.

Es sólo el comienzo. Es de prever que las denuncias e investigaciones vayan en aumento, a medida que la pandemia aumenta en España y ya se ha cobrado más vidas que en China: 3.486 fallecidos a fecha del 25 de marzo.

Entre los fiscales cunde la opinión de que la vía penal se abrirá camino de una u otra manera y en fuentes críticas del ministerio público reconocen que mirarán “con lupa” los pasos que vaya a dar la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando avancen los distintos procedimientos.

24 horas de plazo y una colisión frontal

El juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha admitido este miércoles la medida cautelarísima (que se resuelve sin dar traslado a las partes para que aleguen) de dar 24 horas a la Consejería de Sanidad de Madrid para que dote a todos los centros del Servicio Madrileño de Salud del material necesario para evitar el contagio por coronavirus. El recurso ha sido planteado por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS).

Por el contrario, el Tribunal Supremo no planteará este ultimátum al Ministerio de Sanidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha adoptado esta misma medida que pedía la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. El alto tribunal entiende “la labor decisiva” que están realizando los sanitarios y que “deben contar con todos los medios necesarios”, pero no consta “ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos consistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla".

La disparidad entre ambas decisiones se debe a que la jurisdicción social debe prevenir los riesgos laborales y la contenciosa resuelve discrepancias con la administración pública. Eso sí, el Supremo decidirá en los próximos días si obliga o no al Ministerio de Sanidad a dotar de este material, pero dando traslado a las partes para que aleguen y no de manera cautelarísima.

La Comunidad de Madrid y el Gobierno se acercan a la colisión frontal. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que trasladará el auto del juzgado de lo Social al Ministerio de Sanidad: “Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del Ministerio de Sanidad y más desde que se decretó el estado de alarma. Y seguir mientras tanto diciendo nosotros lo que llevamos pidiendo desde hace muchas semanas: que nos hace falta material", ha destacado en una rueda de prensa telemática.

¿Actos multidinarios pese a las advertencias?

En el ámbito penal, este miércoles la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al permitir las manifestaciones del 8-M y otras concentraciones a comienzos de marzo.

La querella sostiene que hubo 77 actos multidinarios en la Comunidad de Madrid, pese a las advertencias realizadas el 2 de marzo por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

Esta denuncia fue interpuesta el 19 de marzo pasado por el abogado Víctor Valladares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año, cuando se decretó el estado de alarma.

La magistrada ha incoado diligencias respecto al delegado del Gobierno en Madrid, que es el único sobre el que tiene competencias. E insta al abogado a que se dirija al resto de órganos judiciales competentes, si así lo estima oportuno.

El presidente del Gobierno está aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mientras que la denuncia contra el resto de delegados de Gobierno deberá ser interpuesta en los juzgados de lo penal de las distintas comunidades autónomas.

Los técnicos de Enfermería acuden a la Fiscalía

También en el ámbito penal, los técnicos de Enfermería han interpuesto una denuncia este miércoles ante Fiscalía General del Estado para que investigue si la falta de material de protección podría ser constitutivo de un delito contra la seguridad en el trabajo, según los artículos 316 y 317 del Código Penal. En total, ya van 5.400 profesionales sanitarios infectados, lo que supone alrededor del 13 por ciento de todos los positivos por coronavirus en España.

Ancianos muertos en las residencias

La Fiscalía de Madrid investiga desde el pasado 18 de marzo la muerte de ancianos en la residencia de mayores Monte Hermoso, tras una denuncia interpuesta por la asociación 'El Defensor del Paciente'. La administración ha constatado 17 muertes en esta residencia, aunque hay allegados que elevan a 19 los fallecidos.

A su vez, el fiscal encargado de investigar el hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos aún está a la espera de recibir el informe que elabore el Ministerio de Defensa, en el marco de las diligencias que se han abierto para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal, informa Europa Press.

El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, encargado de centralizar las diligencias y dirigir las investigaciones, aún no había recibido ayer ninguna comunicación por parte del departamento que dirige Margarita Robles, necesaria para concretar la competencia para conocer cada uno de los hechos.

Estas diligencias fiscales se abrieron después de que Robles asegurase el lunes en una entrevista que los miembros de las Fuerzas Armadas, en sus tareas encomendadas para frenar la pandemia del coronavirus, "han podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas".