Izquierda Castellana (IZCA) está en peligro. Según ha dado a conocer este partido a través de un comunicado, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional ha decidido mantener abierto el procedimiento que podría acabar con su ilegalización. El tribunal ha tomado esa decisión pese a la opinión contraria de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que se inclinaban por el archivo de esta causa.

"Si en vez del día 27 de diciembre esta resolución nos hubiera llegado hoy, 28 de diciembre, podríamos haber pensado que se trataba de una inocentada; obviamente, no es así", afirma IZCA en su declaración. La formación fundada por Doris Benegas ha dado a conocer el expediente remitido por la Audiencia Nacional, en el que se notifica que sigue adelante con este proceso.

Todo comenzó en agosto pasado. El día 5 de ese mes, la Audiencia Nacional comunicó el inicio de un procedimiento abreviado dirigido a declarar la "extinción" legal de IZCA. La solicitud había sido formulada por el Ministerio del Interior a través de la Abogacía del Estado, que alegaba que los estatutos de IZCA no se ajustan a lo marcado por la ley de 2015 que se refería a cuestiones de financiación de partidos.

Posteriormente, la Abogacía del Estado informó al juzgado que la formación de izquierdas había realizado la "adaptación de los estatutos", por lo que el procedimiento debía quedar desactivado. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha decidido continuar con el expediente, alegando que "no se han reconocido por el Ministerio del Interior totalmente las pretensiones de la demandante, en tanto que en su demanda pretende que se declare la extinción del Partido Político demandado".

"Movilización popular"

Para IZCA, "esta resolución es la confirmación, por si quedaba alguna duda, de que estamos ante un procedimiento judicial políticamente inducido, sin la menor pretensión de aparentar neutralidad o rigor jurídico alguno". "El Régimen está perdiendo de forma notoria y acelerada el poco respeto que tradicionalmente tenía por las formas y las normas democráticas; y aún más, está perdiendo absolutamente, si alguna vez lo tuvo, cualquier grado de capacidad intelectual colectiva", subrayó.

"No nos van a enredar en batallas jurídicas, que daremos en su justa medida. Nuestra respuesta principal ante este nuevo intento de ilegalizarnos es social y política; es decir, pasa por reforzar con todas las fuerzas posibles nuestra aportación a la organización y a la movilización popular", remarcó el partido.