La Audiencia Nacional ha decidido levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, tras dictar su cese el pasado lunes tras una solicitud de la nieta de una mujer allí enterrada.

La mujer alegó una vulneración al derecho fundamental a la libertad religiosa, pero tras la admisión inicial, la Audiencia ha revocado la paralización cautelar. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11 ha acordado en un auto levantar la medida cautelarísima tras recibir las alegaciones formuladas por Patrimonio Nacional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado en X (Antes Twitter) su satisfacción ante el reinicio de la actividad de los forenses. "La reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia", ha dicho.

Sin legitimación

Abogacía del Estado alegó que esta familiar de la mujer que pidió suspender las exhumaciones no fue enterrada en la Capilla del Sepulcro, donde están ahora trabajando los forenses, sino en el mausoleo. Por lo tanto, entendían los abogados del Estado, la recurrente carecía de legitimación para pedir el cese de los trabajos porque "el interés que se invoca es meramente hipotético".

Añadía que "los perjuicios que de manera absolutamente genérica invoca la recurrente son inexistentes pues (...) los restos de la abuela de la recurrente están plenamente identificados y localizados y no son objeto de las actuaciones".

La mujer que pidió parar los trabajos estaba representada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, una asociación ultrarreligiosa vinculada a la extrema derecha, conocida por interponer múltiples denuncias de carácter político contra personalidades de la izquierda por determinadas declaraciones o contra medidas de gobiernos progresistas alegando sobre todo vulneración de la libertad religiosa.

En esta ocasión, también alegaban una supuesta  "vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa" que "ampara el derecho a una digna sepultura".

La presunta vulneración que denunciaba se justificaba en "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), y añadían que "para realizar estas pruebas no ha solicitado consentimiento a los familiares".

Este es el enésimo intento de frenar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de la Presidencia. El pasado septiembre un juzgado de Madrid anuló el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones, como demandaban los recurrentes, entre los que se encuentran la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Esta sentencia llegó después de que el pasado verano comenzaran los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros, y supuso un nuevo obstáculo para el cumplimiento de la resolución judicial que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar sus cuerpos.