PALMA.- La Audiencia Provincial de Baleares ha devuelto al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, la competencia para resolver la petición de reducción de la fianza civil de 2,7 millones de euros que pesa sobre la Infanta. El juez se declaró el pasado lunes incompetente para decidir al respecto al considerar que debía ser la Audiencia Provincial, el tribunal que finalmente juzgará el caso Nóos,  la que decida al respecto.

Mediante un auto dictado en la mañana del miércoles, el tribunal entiende, por el contrario, que es a Castro a quien le corresponde resolver la petición planteada por la hermana del rey Felipe VI, quien reclama que la caución le sea reducida a 449.500 euros. La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Pedro Horrach, se adhirió a la petición de la defensa de la infanta.

Castro señaló el lunes que, en el caso Nóos, el Juzgado de Instrucción número 3 sólo conserva la competencia sobre las piezas de medidas cautelares impuestas de manera "puramente residual" y ceñida a la ejecución material de las fianzas, a custodiar los pagos y embargos.

Añadió que la decisión afecta al auto de apertura de juicio oral que es donde fijó las fianzas, y que la causa ya obra en poder del tribunal que la juzgará, que en su opinión sería el competente.

La sección primera de la Audiencia Nacional señala en su auto de hoy que la tramitación de las fianzas mediante piezas separadas, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene el objeto de que se resuelvan todas las posibles incidencias sin entorpecer la instrucción y le es aplicable "el régimen general de recursos".

La jueza ponente, Samantha Romero, afirma en el auto que considera "trascendente" el hecho de que la infanta formuló la petición el 8 de mayo y las actuaciones se elevaron a la Audiencia de Palma diez días después.

Además, indica que Castro asumió la competencia cuando el día 12 dio trámite de alegaciones a las demás partes personadas para que manifestaran lo que considerasen oportuno. La jueza recuerda a Castro que "no puede plantear cuestiones de competencia al órgano superior".