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Audiencia de Salamanca Los jueces investigarán de nuevo si hubo financiación ilegal en las primarias del PP en Castilla y León que ganó Mañueco

La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado reabrir la investigación que se archivó el año pasado en apenas unos días a pesar de que entonces el juez admitió la existencia de pagos en B y firmas falsas.

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante una rueda de prensa (ARCHIVO).

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La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado reabrir la investigación por una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León con motivo de las elecciones primarias que celebró en 2017 para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y en las que el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León, Antonio Silván.

A mediados de junio del año pasado y en plenas negociaciones entre el PP y Cs para conformar un Gobierno en Castilla y León –que finalmente prosperó–, el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PP-CyL.

El juzgado investigó la supuesta comisión de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental, después de que una persona anónima presentara una denuncia en la que acusaba al entonces alcalde de Salamanca y actual presidente del PP-CyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de promover estas prácticas para ganar las primarias.

Semanas después, el mismo tribunal decretó el archivo de las diligencias al considerar que carecían de "tipicidad penal" ya que, en opinión del juez instructor, "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva".

Ante este sobreseimiento, el Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca, que se había presentado en las diligencias como acusación popular, recurrió ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia, en un auto con fecha de 8 de abril de este año, "considera necesario agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas" con el objetivo de "comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el PP".

De este modo, el máximo órgano judicial de Salamanca revoca el auto judicial de archivo del Juzgado de Instrucción y deja "sin efecto el sobreseimiento libre acordado, debiendo seguir adelante la investigación penal" que debe encaminarse "a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político".

Y añade en su auto: "por el momento no se disponen de datos suficientes que acrediten que, o toda la recaudación efectuada en los términos expuestos en la denuncia y confirmado por los testigos, se ha destinado única y exclusivamente al pago de las cuotas debidas por otros afiliados o que las cantidades recaudadas fueron insuficientes para atender las cuotas debidas, de forma que habría sido necesario acudir a otras formas de financiación (en la denuncia se habla de dinero B), para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto".

También considera la Audiencia de Salamanca que en las actuaciones del Juzgado de Instrucción no consta un examen profuso sobre el "adecuado control de las cantidades percibidas y su efectivo destino".

En este auto judicial se considera que los intereses en juego, "dada la importancia que los partidos políticos tienen en un estado democrático de derecho" aconsejan "agotar la investigación a efectos de comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el Partido Popular".

El recurso presentado por Los Verdes consideraba que debía investigarse, además, las coacciones, suplantación de personalidad y la falsedad documental, aunque la Audiencia Provincial niega la existencia de esos delitos.

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