A principios del pasado noviembre, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, dirigida por Ana Dávila-Ponce (PP), anuló la adjudicación de un contrato de casi medio millón de euros que iba a ser otorgado a la Fundación Altius, vinculada a los Legionarios de Cristo y varias organizaciones católicas, para los "servicios especializados de orientación, tutorización y acompañamiento al empleo y formación de la zona sureste de la Comunidad de Madrid".

La razón: a menos de dos meses de la fecha límite de ejecución del contrato, fijada para el 31 de diciembre del 2023, su adjudicación no estaba cerrada. Este era el límite temporal impuesto por la Unión Europea (UE) para financiar dicho contrato. Fuera de esa fecha sería la Comunidad de Madrid la que tendría que hacerse cargo del pago.

Ante la imposibilidad de cumplir los plazos de la UE, el 2 de noviembre, la Dirección General de Servicios Sociales e Integración propuso a la Consejería no celebrar el contrato, renunciando así a los 494.817,40 euros –408.940,00 sin impuestos– de los Fondos europeos React-UE –destinados a reparar los daños sociales y económicos del coronavirus– y con los que se pretendía mejorar la capacitación laboral en la zona sureste de la provincia.

En ella se concentran algunos de los municipios con el mayor porcentaje de paro de la provincia, según los cálculos de Público. En relación a su población total, las localidades de la zona sur y este tienen una proporción aproximada de 13 parados por cada 1.000 habitantes. En este territorio se encuentran, además, tres de los municipios que según los datos de Expansión poseen la mayor tasa de paro: Arganda del Rey, Parla y Aranjuez. Por establecer una comparación, los municipios de la zona norte y oeste de Madrid tienen una proporción de diez parados cada 1.000 habitantes. Este cálculo no equivale a una tasa de paro, ya que no se hace sobre la población activa de cada localidad. Sin embargo, permite ver la tendencia de ocupación en las diferentes regiones.

El contrato cancelado por Asuntos Sociales era el segundo lote de un expediente formado por tres distintos. El presupuesto base de licitación para esos tres lotes era de 4,4 millones –sin impuestos–. Dicha cuantía debía de repartirse entre las zonas noroeste de la provincia (lote 1), sureste (lote 2) y la zona Madrid-capital (lote 3).

Según el pliego de condiciones, los dos primeros estaban dotados con 1,4 millones de euros, mientras que el tercero alcanzaba el millón y medio. De hecho, Lorena Morales, diputada socialista de la Asamblea de Madrid, eleva a estos 1,4 millones la pérdida de la inversión europea en la región.

Aquella primera licitación fue publicada en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el 17 de agosto de 2022. El contrato se tramitaría por vía de urgencia, tal y como recoge la orden del mismo día. Esta modalidad permite agilizar los procedimientos de aquellos contratos que cubren necesidades inaplazables de interés público, reduciendo los plazos a la mitad de tiempo.

A pesar de ello, la adjudicación de los lotes 1 y 3 se llevó a cabo ocho meses después de la publicación del contrato, en abril y mayo del año siguiente. El lote 2, destinado a proveer los servicios de capacitación laboral en la zona sureste de Madrid quedó, sin embargo, desierto.

Para Francisco Blanco, miembro del Observatorio de Contratación Pública, el más de medio año transcurrido entre el anuncio de licitación hasta la resolución de las adjudicaciones es "contradictorio" con una tramitación de urgencia. "Si la Administración declara urgente un expediente obliga a los licitadores a presentar sus ofertas en menos tiempo", explica el experto. "Entonces ¿por qué se tira ocho meses para valorar las ofertas? Eso incluso infunde sospechas, aunque no queramos ponernos a pensar mal".

Cuatro empresas habían competido inicialmente por el lote 2. De todas, Acaya Naturaleza y Vida SL fue la que recibió una mayor puntuación. El 21 de noviembre de 2022 fue propuesta como adjudicataria por la mesa de contratación. Pero, tras evaluar la documentación aportada por la empresa, terminó por excluirla argumentando que no había acreditado tener experiencia previa realizando servicios similares a los que se ofertaban en el contrato. Las dos siguientes compañías propuestas fueron la UTE Fundación Atenea Grupo GID-Asociación Realidades para la Integración Social y la Asociación para el desarrollo y la integración (Meridianos). Ambas retiraron posteriormente sus ofertas.

La cuarta y última empresa propuesta para adjudicación fue Lee Hecht Harrison SL, que terminó siendo excluida por no acreditar los medios materiales y personales necesarios para desarrollar los servicios. Finalmente, el 9 de mayo de 2023, la adjudicación del lote 2 se declaró desierta.

Un nuevo contrato para el sureste de Madrid

Cuatro meses después, el 7 de septiembre, la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales aprobó un nuevo expediente de contratación en un renovado intento de cubrir el servicio de orientación, tutorización y acompañamiento al empleo y formación en el sureste de la provincia.

Al igual que el anterior, este contrato sería tramitado por vía de urgencia. Pero esta vez también debía seguir un procedimiento negociado sin publicidad. Ello significaba que la Consejería debía invitar, al menos, a tres empresas para competir por él.

Blanco explica a Público que lo habitual es invitar a aquellas compañías que se quedaron fuera de las adjudicaciones anteriores. En este caso, las compañías elegidas fueron Lee Hecht Harrison SL, Asociación Desarrollo e Integración Social Meridianos, quienes ya habían retirado su oferta en el contrato anterior, y la Fundación Altius España, que se había presentado para la adjudicación del lote 3 –destinado a Madrid Capital– y había sido inicialmente desestimada por presentar una oferta económica anormalmente baja.

Para Blanco no es extraño que estas tres empresas fueran invitadas a concurrir. Aunque subraya que, en principio, no habría ninguna razón para que fueran estas y no alguna de las otras cuatro cuyas ofertas se estimaron anteriormente, las que fueran invitadas.

Por ejemplo, la Asociación de Mujeres Progresistas, que quedó descartada en la adjudicación del lote 3 y que, como señala Lorena Morales, no fue desestimada por plantear una oferta extremadamente baja, como sí ocurrió con la Fundación Altius.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, cuenta con Altius para cubrir uno de los servicios sociales de la provincia. Actualmente, esta fundación es la encargada de gestionar los comedores sociales públicos de la provincia junto a Glovo. Su patronato está presidido por Francisco Javier Cereceda, director territorial de los Legionarios de Cristo en España. Junto a él se sienta María Pérez de Ayala, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad Francisco de Vitoria y otros cargos de la sociedad Consagradas del Regnum Christi.

La Fundación Altius y las otras dos empresas fueron invitadas a concurrir en el contrato de servicios de capacitación laboral y de formación el 21 de septiembre de 2023. Tres meses antes de que el contrato tuviera que estar ejecutado, tal y como especifica el pliego técnico.

"¿Para qué hacen entonces un contrato negociado sin publicidad?, ¿por qué dejan pasar tres meses entre el inicio y la aprobación?" se pregunta Lorena Morales. "No se entiende que dilataran tanto los plazos, es un despropósito", sentencia.

Al igual que en la oportunidad anterior, las dos primeras organizaciones renunciaron a presentar una propuesta para desarrollar los servicios. Finalmente, sólo la Fundación Altius presentó una propuesta, convirtiéndose en la única que podía hacerse cargo de la ejecución del contrato. El 20 de octubre, la mesa de contratación solicitó a la fundación que le enviara la propuesta definitiva, pero menos de dos semanas después, la Dirección General de Servicios Sociales e Integración decidió dar marcha atrás y pidió no celebrar el contrato: era imposible que se ejecutara antes del 31 de diciembre.

Así, el 6 de noviembre, Ana Dávila-Ponce firmó la renuncia del contrato de capacitación al empleo y formación de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, privando a los municipios que a él pertenecen de este servicio. También, de la inversión que la UE haría en ellos.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales sobre cuáles han sido las razones por las que retrasó cuatro meses la publicación del nuevo contrato para cubrir este servicio en el sureste Madrid. El departamento dirigido por Dávila-Ponce se ha limitado a explicar que dado que el lote 2 del primer contrato quedó desierto, tuvieron que adoptar el procedimiento negociado sin publicidad, "como marca la ley". No se han pronunciado en lo relativo a los motivos por las que invitaron a concurrir a dos empresas que ya habían renunciado a ejecutar el contrato y a otra que había presentado una propuesta anormalmente baja.

Al ser preguntada sobre cómo van a compensar la carencia de los servicios que se ofertaban en dicho contrato para el sureste de Madrid, ha respondido que este sólo supone "un 1,5% del total del fondo europeo REACT, cuyo importe total es de 32 millones de euros".

*Se ha actualizado la información para añadir las respuestas de la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. También se ha añadido la estimación del PSOE sobre el total de la inversión europea perdida con la cancelación del contrato.