El Ministerio de Derechos Sociales ha remitido este miércoles al ala socialista del Gobierno una batería de medidas legislativas a incorporar en la próxima prórroga del decreto anticrisis. Se trata de propuestas para ayudar a las familias ante la subida de los precios de los alimentos, garantías para la adecuada nutrición de los menores, un impuesto a los grandes supermercados y la adecuada protección del derecho a la vivienda, según han explicado fuentes del ministerio.

Una de estas medidas es un cheque familiar de hasta 500 euros para más de siete millones de hogares (aquellos que no superen los 42.000 euros anuales). Se trata de un abono que recibirían tanto personas trabajadoras por cuenta ajena o propia como también beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo. Este cheque, han concretado las fuentes, ampliaría las ayudas directas aprobadas en junio y "contribuiría a que las familias compensen la subida de los precios".

Además, el ministerio que dirige Ione Belarra solicita que se conceda una subvención a las comunidades autónomas para reducir el coste de los comedores escolares a los menores de 16 años, "garantizando así su adecuada nutrición". El fondo estaría destinado a los alumnos de colegios públicos que estén en riesgo de pobreza o exclusión social.

Por otro lado, Derechos Sociales quiere incorporar un nuevo impuesto temporal a los supermercados, que gravaría con un tipo del 33% los beneficios extraordinarios de estas grandes empresas. Por último, el ministerio reclama "dos medidas clave en la garantía el derecho a la vivienda": por un lado, congelar las hipotecas de tipo variable durante todo 2023; y, por otro, que los contratos de alquiler se prorroguen durante un año adicional "para evitar grandes subidas de los precios", como, han recordado las fuentes, ya se hizo durante los momentos más duros de la pandemia de covid.