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Caso Lezo El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por el caso del campo de golf del Canal de Isabel II

El magistrado acusa al expresidente de la Comunidad de Madrid de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a las administraciones públicas. 

El expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla del caso Lezo, Ignacio González. EFE/Archivo
El expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla del caso Lezo, Ignacio González. EFE/Archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye el caso Lezo, ha acordado la apertura de juicio oral para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras 4 personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos relacionados con el campo de golf del Canal de Isabel II.

Los delitos que se les imputan son cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas. 

En el auto se recogen los escritos de acusación de la Fiscalía, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, donde piden para González 6 años de cárcel

Además de Ignacio González, se sentarán en el banquillo por estos hechos el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT), José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid.  

El auto relata cómo en el año 2006 los acusados Ignacio González e Ildefonso de Miguel, beneficiándose de los cargos públicos que obstentaban, "dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo".

TCT, que según el juez, carecía medios para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por los otros tres acusados, pero el hermano y el cuñado de González lo hacían de manera encubierta para ocultar los vínculos familiares con el expresidente madrileño. 

"Esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros, 381.029 en el primero caso y 123.751 en el segundo, fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones", sostiene el magistrado.

Un año después de la adjudicación, González y De Miguel, según la acusación de la Fiscalía, facilitaron la tramitación de un modificado, "lo que garantizaba su adjudicación directa a Dragados" y, por lo tanto, la subcontratación de TCT. Dragados firmó con TCT un contrato por 160.204 euros, pero se amplió el objeto y el importe total ascendió a unos tres millones de euros.

En junio de 2006, antes de que el modificado se adjudicara a Dragados, los acusados de TCT subcontrataron a Onlygolf y Fieldture, con las que acordaron recibir una comisión del 8% por su intermediación.

La Fiscalía acusa al hermano del ex presidente madrileño, "oculto bajo las siglas 'PG'", de recibir en efectivo 101.348 euros; a Caballero, 94.425 euros, y a Clemente, 71.199 euros.

El 27 de julio de 2006, se convocó el segundo concurso por el Canal para la gestión de las instalaciones deportivas. Entre las diez empresas licitadoras, se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras, esta última, sociedad del grupo Dragados por 3,2 millones de euros.

Después de esta adjudicación, esa UTE creó la sociedad Green Canal Golf y en junio de 2007 subcontrató el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros mensuales. Ese mismo día, los responsables de TCT subcontrataron a Onlygolf, consiguiendo por su intermediación un beneficio de aproximadamente el 20%. Los tres acusados de TCT dispusieron, según la Fiscalía, de 543.729 euros que se repartieron entre ellos. 

Esta es la tercera causa por la que González ha sido enviado a juicio. Las otras dos son por el presunto fraude en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013 y por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, hechos por los que la Fiscalía pide para él 8 y 4 años de cárcel respectivamente.

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