Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funcione han rechazado la propuesta de informe favorable al anteproyecto de la Ley de Vivienda, según informan a Europa Press fuentes del consejo. Además, han acordado rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.

El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por 15 votos a 6, rechazar esa propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y designar nuevos ponentes, que serán los conservadores José Antonio Ballestero y el progresista Enrique Lucas.

Cuesta planteaba, aunque con objeciones, respaldar la norma que contempla herramientas para que las comunidades autónomas puedan regular los precios del alquiler en "zonas de mercado tensionado".

El informe de Cuesta sostenía que el texto del anteproyecto legal pretendía garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las comunidades autónomas.

Sin embargo, el CGPJ ha considerado que el informe redactado por Cuesta tenía sesgo ideológico. 

La decisión del CPGJ retrasa aún más la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros, que se preveía para el próximo martes 18 de enero, según dijo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez.

Podemos critica los "retrasos injustificados" 

Fuentes de Unidas Podemos han manifestado a Público  su "preocupación" ante "los retrasos injustificables" para avanzar en el trámite de una ley que quiere "dar respuesta a la emergencia habitacional que vive el país".

Tras conocer la decisión del órgano judicial de posponer su dictamen, que es preceptivo (no vinculante) para que el anteproyecto vuelva al Consejo de Ministros y se remita al Congreso, el espacio confederal ha destacado que esta norma "por primera vez" permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, "pone freno" a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o "prohíbe" la venta de vivienda protegida.

"Es una de las leyes estrella de los morados y ha sido negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra", ahondan desde Unidas Podemos.