El 24 de junio de 1972, hace ahora 50 años, las autoridades franquistas detuvieron a los principales líderes de Comisiones Obreras, sindicato todavía clandestino cuyos dirigentes se habían dado cita para organizar la acción sindical de los próximos meses. Se daba así comienza al conocido como Proceso 1001, que no fue otra cosa que el mayor proceso judicial abierto por la dictadura contra diez líderes sindicales de Comisiones Obreras: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luis Fernández Costilla.

Los líderes sindicales estaban reunidos en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante la Coordinadora General de Comisiones Obreras en la que solo faltaban los líderes catalanes, que llegaban tarde a la reunión. Sin embargo, fuera, ya había un dispositivo policial preparado para detener a todos los sindicalistas. 

En declaraciones a Efe, Sartorius cuenta que tanto Marcelino Camacho como él decidieron "bajar las escaleras hacia la salida" y vieron "que subían varios policías, uno de ellos joven, muy nervioso, con una metralleta en la mano y vestido de paisano". "Yo le dije que se calmara, que íbamos desarmados. Al final nos detuvieron, nos metieron en un jeep de la Policía Armada que estaba en el jardín del convento y nos llevaron a la Puerta del Sol", resume Sartorius, donde "cada uno declaró lo que quiso y a partir de ahí nos trasladaron a Carabanchel", prisión que les hizo conocidos como "los diez de Carabanchel".

Fueron acusados de formar la cúpula dirigente de CCOO, "una organización ilegal". En el juicio, que comenzó el 20 de noviembre de 1973 en el Tribunal de Orden Público (el mismo día en que ETA asesinó a Carrero Blanco, presidente del Gobierno franquista) todos fueron condenados a penas de que sumaron 162 años de cárcel, por defender los derechos y libertades en este país.

"No podíamos esperar que fueran tan brutos, tan salvajes (...) Yo creo que siempre piensa uno que no va a ser tan malo como después puede ser", afirma a Efe Eduardo Saborido, quien recibiría una de las condenas más duras, por encima de los 20 años de prisión.

Sin embargo, el régimen no contó con la inmensa reacción y solidaridad que se produjo tanto dentro de las fronteras españolas como fuera. Tal y como cuenta la propia Comisiones Obreras, la intensa campaña de solidaridad con los
dirigentes sindicales del 1001 hizo que el Proceso se volviese en contra
de la dictadura. Los encausados, que el régimen trataba como delincuentes "de mala conducta social", se convirtieron en un símbolo de la lucha por las libertades. La movilización aumentó. Y en el plano internacional el descrédito de la dictadura se hizo imparable. En ningún país democrático era concebible que se condenase a unas personas por ejercer los derechos fundamentales de reunión y libre sindicación.

Las feroces protestas consiguieron que el Tribunal Supremo revisara las penas, rebajándolas considerablemente a todos los sindicalistas. De hecho, las penas más altas quedarían para Marcelino Camacho, con seis, y para Nicolás Sartius, Eduardo Saborido y Francisco García, con cinco años de condena. Pero el régimen ya estaba tocado de muerte y la salud de Franco ya era muy frágil. Poco después de la muerte del dictador, los encarcelados por el Proceso 1001 fueron indultados. Era el 25 de noviembre de 1975 y Franco había muerto solo cinco días antes.