Junts per Catalunya pide que la inminente comisión de investigación sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (17A) facilite la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con los atentados, que produjeron 16 muertos y 300 heridos, y la reapertura de la investigación, tras el carpetazo del Tribunal Supremo, en noviembre de 2023. 

En su propuesta sobre los trabajos de la comisión, Junts explica que la nueva investigación parlamentaria —ya se celebró en el Parlament de Catalunya una comisión de investigación sobre el 17A—, debería reabrir la investigación judicial "por cuanto hay muchos puntos oscuros en el caso de los atentados que sería preciso esclarecer ya que la instrucción fue deficiente". 

Fuentes jurídicas explican a este diario que esa reapertura judicial solo podría hacerse a través de la Fiscalía, en caso de que las conclusiones de la comisión sean trasladadas al Ministerio Fiscal con el objetivo de que promueva la reapertura ante la Audiencia Nacional. Algo que sería muy complicado de hacer e inédito en la democracia española, dicen esas fuentes, porque la causa ya ha sido juzgada y sentenciada. 

Según el Reglamento del Congreso, las conclusiones de las comisiones de investigación no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

El móvil del imán

El partido de Puigdemont indica que "hay dudas razonables sobre si hubo algún otro superviviente en la explosión de Alcanar, una cuarta persona presente en la base de operaciones de la célula yihadista en el momento de la explosión". 

En la casa ocupada por los terroristas en Alcanar (Tarragona) y que explosionó el 16 de agosto debido a la acumulación de explosivos, los investigadores han situado a tres personas: el imán marroquí Abdelbaki Es Satty, supuesto cerebro de los atentados, Youssef Aalla y Mohamed Houli. Los dos primeros murieron en el acto y el tercero resultó herido. En el juicio, Houli fue condenado a 43 años de prisión por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista.

Junts plantea que otra de las cuestiones que deben investigarse es la "desaparición del móvil de Es Satty del lugar de la explosión, a pesar de que se encontraron los otros móviles de los miembros de la célula yihadista que estaban en Alcanar". 

En aquella casa de Alcanar los terroristas concentraron todos los explosivos que tenían preparados para ejecutar un gran atentado en el centro de Barcelona el fin de semana siguiente. La explosión abortó los planes y el resto de la célula decidió cometer los atropellos en las Ramblas el 17 de agosto, que provocaron 15 muertos y 258 heridos. Al día siguiente, continuaron la matanza en Cambrils (Tarragona), atropellando a seis personas y apuñalando a dos, uno de las cuales falleció; provocaron además 21 heridos. Los terroristas fallecieron al ser abatidos por las fuerzas de seguridad. 

Carpetazo del Supremo

Tanto la Audiencia Nacional, en su sentencia de mayo de 2021, como el Supremo consideran probado que el móvil no apareció debido a que la explosión fue devastadora. El Tribunal Supremo cree más plausible que la pérdida del móvil sea consecuencia de la virulencia de la explosión que de una supuesta "confabulación"  de los Mossos d'Esquadra que rastrearon las ruinas. 

Tanto Junts como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) consideran que no se conoce toda la verdad sobre los atentados yihadistas de agosto de 2017. La comisión en el Congreso, fruto del pacto al que llegó Junts per Catalunya con el PSOE, va a suponer de facto una confrontación con el jueces del Supremo, tanto en cuanto se cuestiona su sentencia sobre el 17A.  

Para los de Puigdemont, debe investigarse las "llamadas que hubo desde ese mismo móvil de Es Satty con posterioridad a la explosión" y  "la circunstancia de que tanto el juez de instrucción como el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) dieron por muerto al imán Es Satty incluso antes de tener las pruebas de ADN que, además, no cumplen los estándares europeos, entre otras muchas cuestiones que deben ser aclaradas". 

El Tribunal Constitucional decidirá sobre la admisión

Mientras Junts pide la reapertura de la investigación judicial, el Tribunal Constitucional aguarda para pronunciarse sobre la admisión a trámite de dos recursos de amparo, el de la familia de Xavi, el niño de tres años fallecido en los atropellos mortales de las Ramblas, y el de uno de los condenados. La Sala Segunda del Constitucional ha decidido acumular ambos recursos por su conexión y el mismo ponente propondrá sobre su admisión en los próximos meses. 

El 27 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó las penas para dos de los condenados, Driss Oukabir (36 años de cárcel) y Mohamed Houli (43) y rebajó considerable la del tercero, Said Ben Iazza, por colaboración. De ocho años, el Alto Tribunal impuso 18 meses por existir dudas de que supiera para qué fines prestó una furgoneta. 

Comisión previa en el Parlament

Es una comisión de investigación novedosa en el Congreso, pero ya se llevó a cabo una en el Parlament de Catalunya, cuyos resultados se conocieron en julio de 2020. En aquel caso, se llegaron a celebrar más de 20 sesiones y, aunque, en un principio, las conclusiones descartaban que el CNI pudiera haber encubierto los atentados que terminaron produciéndose en Barcelona y Cambrils, los votos en contra de Junts per Catalunya, ERC y CUP, con la abstención de Comuns, impidieron que la conclusión propuesta por el Partit dels Socialistes de Catalunya y apoyada por Partido Popular y Ciudadanos fuera aprobada en el Pleno.

Por lo tanto, la comisión de investigación no sirvió, en aquel caso, ni para confirmar ese papel del CNI ni para descartarlo. Mantuvo abiertas las dudas. Además, muchas de las personas que habían sido llamadas a declarar no terminaron pisando el Parlament, algo que no podría ocurrir en el Congreso, toda vez que la Constitución obliga a acudir a todo aquel que sea requerido por alguna de las cámaras.

En el Parlament, sí se aprobaron, en cambio, otras conclusiones en la cámara autonómica aquel 22 de julio de 2020. Entre ellas, una a propuesta de Junts que enfatizaba las dudas acerca de la relación entre el CNI y Abdelbaki Es Satty y que aseguraba que el imán era "informador" del Centro Nacional de Inteligencia.

También salieron adelante otras en referencia a "estudiar fórmulas" que permitieran el "control efectivo de los imanes para evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió", tal y como informó, en este caso, la agencia de noticias Europa Press.

Las sospechas quedaron, por tanto, encima de la mesa y, ahora, Junts per Catalunya ha conseguido, a través de su negociación con el PSOE y aprovechando su renovado peso en el Congreso, llevar la investigación parlamentaria a la arena nacional. En los próximos días, los distintos grupos parlamentarios acordarán la lista de comparecencias.