Este lunes, 19 de septiembre, Mónica Oltra declarará por primera vez ante el juez de instrucción número 15 de València que investiga la supuesta trama en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas –dirigida por la propia Oltra- para tratar de exculpar a su exmarido de la investigación por abusos sexuales a una menor por los que fue finalmente condenado.

Nadie espera que durante esta primera declaración pase nada demasiado relevante. Por la parte de la acusada, su entorno repite que "ya lo ha contado todo en las diferentes comparecencias parlamentarias, cuando ha respondido a todas las preguntas imaginables, es difícil que le pregunten nada nuevo ni ella se ha guardado ninguna información sorpresa". Desde el equipo jurídico se ve "improbable" que el juez archive el caso de forma inmediata. "No creemos que haya llegado hasta aquí, incluyendo la imputación de 14 personas, para luego archivar a la primera declaración", aunque estas mismas fuentes señalan la doble vara de medir de la justicia española, en referencia a ejemplos recientes como los de Cospedal –a la que el juez se niega a volver a investigar a pesar de la aparición de los audios con Villarejo- o Ayuso –con el archivo exprés de la investigación por los contratos de las mascarillas de su hermano-.

En cambio, denuncian que el caso Oltra continua "a pesar de tener 13 personas con 13 defensas diferentes que van ante el juez y dan exactamente la misma versión. Y esto en vez de ser en una prueba de descargo se convierte en un motivo de sospecha".

En el otro lado, las acusaciones particulares –representadas por la asociación Gobiérnate de la ultraderechista Cristina Seguí y por el dirigente de España 2000, José Luis Roberto–, y la Fiscalía no tienen ninguna prisa en un final rápido de la causa. Hace solo un par de semanas, el ministerio público anunció su no oposición a la petición de Gobiérnate de incorporar a la causa los correos electrónicos privados de Oltra y el resto de imputados con unas pocas delimitaciones de tiempo y temática, ya que a su criterio ofrecen un "claro potencial desde la óptica, elemental en la investigación, de esclarecimiento de lo ocurrido".

Objetivo político

Desde Compromís se tiene muy presente que "hay muchas formas de alargar un proceso judicial" y que el objetivo de los querellantes será "mantener las diligencias abiertas hasta, como mínimo, después de las elecciones". En el caso de que fracasen no dudan en que el liderazgo de Oltra "es muy potente y no solo puede salir indemne, sino incluso ser reforzado", en una analogía no verbalizada con Lula, quien tras ser imputado –e incluso encarcelado- por corrupción vio archivadas todas sus causas y hoy lidera todas las encuestas para las elecciones brasileñas del próximo 2 de octubre.

Desde la formación no descartan que Oltra vuelva a ser su candidata para las elecciones autonómicas que se esperan para mayo del 2023 aunque reconocen que será "difícil". "La primera condición será legal, pero también hay que tener en cuenta el factor personal, si tiene ganas y se siente cómoda, pero todo el proceso de composición de listas se está haciendo teniendo en cuenta la posibilidad de que vuelva", detallan fuentes valencianistas.

Por el momento, el objetivo de Compromís es usar la imputación como un bumerán, reivindicando los logros políticos de Oltra en el Govern y denunciando una trama que habría maniobrado para sacarla de sus cargos. Trama que tendría a Seguí y Roberto como caras visibles, pero que se extendería a sectores del PP –incluido el expresidente valenciano Francisco Camps y el expresidente de la Audiencia Provincial y senador popular Fernando de Rosa- y a la multinacional Ribera Salud, especialmente afectada por las reversiones de las privatizaciones hospitalarias en el País Valencià.

Este pasado agosto hubo novedades, cuando Teresa, la menor tutelada abusada por el educador, denunció que "sentía que la habían utilizado y luego dejado tirada", en referencia a sus abogados y mentores de extrema derecha. Declaraciones que vinieron acompañadas de una bronca pelea en redes entre el entorno de Teresa con Cristina Seguí y José Luis Roberto a tenor de las promesas incumplidas hacia la menor –hoy ya mayor de edad y madre de dos hijos– y que podrían poner en entredicho todo su testimonio.

Entonces, la plana mayor de Compromís salió en tromba en redes a denunciar lo que ya abiertamente llamaron caso de lawfare. Ahora, con la declaración de la exvicepresidenta ante el juez preparan otra campaña similar con el objetivo de reforzar sus argumentos y preparar el terreno para el regreso de Oltra.