El juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha dado la primera buena noticia a las más de 200 familias afectadas por la venta de 14 inmuebles madrileños este pasado verano por parte de la fundación Fusara, tutelada por la Iglesia, al admitir a trámite una querella por los delitos de estafa, corrupción y administración desleal contra sus responsables, según ha informado El País.

En el auto de la querella, elaborado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, se denuncia que el patronato de la fundación "está deficientemente constituido y que el firmante de la compraventa no ostenta poder válido, motivo que ha dado lugar a que la inscripción de la compraventa de cinco fincas haya quedado suspendida".

Por este motivo, la jueza llamará a declarar el próximo 14 de enero en condición de investigados a David López Royo, representante eclesiástico en Fusara, Ignacio Olmos, que ocupó el cargo de gerente, Manuel Fernández Clemente, actual administrador de la fundación y Roberto de Juan González, hombre al frente del entramado empresarial que adquirió los inmuebles.

Los cuatro responsables de la transacción, que se podrían enfrentar a penas de hasta cuatro años de cárcel, habrían cometido una estafa en la modalidad establecida por el artículo 251 del Código Penal, al atribuirse falsamente "sobre un inmueble una "facultad de disposición de la que carece". El auto también contempla la posibilidad de un perjuicio al patrimonio administrado y otro de corrupción entre particulares.

Fusara, acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio, cerró la venta el pasado 30 de julio por un montante que ascendió a los 74 millones de euros. La administración de la fundación recae en un patronato formado por seis personas, entre las que se encuentra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, además del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro -que delegó su puesto en David López Royo-, la delegada del Gobierno, Paz García Vera, el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes madrileños.

El proceso de venta estuvo en el punto de mira desde el comienzo, dado que cada inmueble fue comprado por una empresa diferente. Estas sociedades fueron creadas entre el 2 de abril y el 13 de junio, con el mínimo capital inicial marcado por ley, es decir, 3.010 euros. A los pocos días de nacer se produjo un cambio de administrador de las 14 empresas, pasando a manos de Tapiamar Partners SL., propiedad de uno de los futuros investigados, Roberto de Juan González.