Los conflictos de competencias y legislativos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas es un tema relativamente frecuente en todas las legislaturas. Algunos casos suelen ser llamativos y copan el foco mediático. Otros, sin embargo, pasan bastante desapercibidos. Y algunos además son atajados antes de que lleguen a judicializarse. Desde que Pedro Sánchez ejerce como presidente del Gobierno, la conflictividad media total entre el Estado y las comunidades autónomas ha disminuido en un 76,74%, según los datos que maneja el Ministerio de Política Territorial. 

Los cálculos del Ministerio se basan en el porcentaje de leyes recurridas por las autonomías en base al número total de iniciativas aprobadas. En este sentido, los Gobiernos de Mariano Rajoy durante sus tres legislaturas, entre 2011 y 2018, aprobaron un total de 303 normas con rango de Ley (Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias, Reales Decretos-leyes y Reales Decretos-legislativos). 

De ese número global de 303, las comunidades autónomas impugnaron 132 de estas normas, es decir, un 43,57% de las mismas. Por otro lado, en ese mismo periodo, las Comunidades Autónomas aprobaron un total de 1497 normas con rango de Ley. De todas estas normas, el Estado impugnó 105, es decir, un 7,01% del total

En cambio, durante el periodo de tiempo con Sánchez en la Presidencia, el comprendido entre la segunda parte de la XII Legislatura, la XIII y la XIV (junio de de 2018-hasta la actualidad), el Estado ha aprobado un total de 237 normas hasta el 13 de diciembre de 2022. Las comunidades autónomas han impugnado hasta la fecha solo 14 de estas normas, un 5,91% del total.

En este mismo periodo, las comunidades autónomas han aprobado un total de 1253 normas con rango de Ley. De estas normas el Estado ha impugnado, hasta la fecha, 29 de ellas, es decir, un 2,31% del total. 

Estos datos, comparando la etapa de Rajoy y la de Sánchez reflejan varias conclusiones. Por un lado, la conflictividad del Estado contra las comunidades autónomas ha disminuido de un 7,01% a un 2,31%. Es decir, se ha producido una reducción a nivel porcentual del 67,05% en los recursos interpuestos por el Presidente del Gobierno contra normas de las comunidades autónomas con rango de Ley ante el TC.

Por otro lado, la conflictividad de las comunidades autónomas contra el Estado ha disminuido de un 43,57% a un 5,91%. Lo que significa que se ha producido una reducción a nivel porcentual del 86,44% en los recursos interpuestos por las comunidades autónomas contra normas estatales con rango de Ley ante el TC. Por tanto, según estos datos y baremos, la conflictividad media total entre el Estado y las comunidades autónomas ha disminuido en un 76,74%.

Desde el Ministerio de Política Territorial que lidera Isabel Rodríguez destacan que "la espectacular caída" de la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas en esta legislatura "no se produce porque sí". "Es fruto de una convicción política sobre cómo entendemos las relaciones con las comunidades autónomas: frente al ruido y la confrontación permanente en las etapas del PP, el acuerdo y el diálogo como norma. Del conflicto hemos pasado a la colaboración normativa", aseguran fuentes oficiales a Público. 

"Es más fácil recurrir al TC y que sea otro el que solucione el problema. Pero es más inteligente y más sano para nuestra arquitectura constitucional apostar por el diálogo y llegar a acuerdos con las CCAA que evitan guerras normativas ante el Constitucional. Negociar cuesta más, pero el resultado redunda en la mejora de nuestra democracia. Frente a dar un portazo y al Constitucional, este Gobierno abre siempre la puerta a la mesa de una negociación", afirman desde el Ministerio. 

Durante los Gobiernos de Rajoy el principal foco de conflicto a nivel legislativo llegó sin duda desde Catalunya. Los recursos ante el Tribunal Constitucional se interpusieron de un lado y otro. La estrategia del Gobierno de Sánchez ha sido diametralmente opuesta y se ha optado por desinflamar el conflicto. La Mesa de Diálogo se ha convocado en varias ocasiones y la apuesta ha sido la desjudicialización de un conflicto que consideran, ante todo, político.