La actividad legislativa del Congreso echa el cierre definitivo a la legislatura este martes. La Cámara reúne a la Diputación Permanente para debatir sobre las últimas medidas impulsadas por el Gobierno en funciones, tres reales decretos-ley sobre diferentes materias, que servirán, entre otros asuntos, para desbloquear 5.500 millones de euros para las Comunidades Autónomas.

La legislatura decayó el 23 de septiembre, con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones después de que los partidos políticos no alcanzaran un acuerdo de investidura para designar a un presidente del Gobierno. La norma incluyó la disolución de las Cortes, lo que, de facto, supuso el final de la actividad legislativa ordinaria en la Cámara; sin embargo, como ocurre con los periodos fuera de sesiones, algunas facultades atribuidas al Pleno en periodo ordinario pasaron a la Diputación Permanente, como la convalidación de los decretos aprobados por el Ejecutivo.

La Mesa de la Diputación se reunió la pasada semana para fijar la sesión este martes y ordenar los puntos del orden del día. El primer decreto aprobado en Consejo de Ministros es del 20 de septiembre y sus medidas van destinadas a paliar los daños producidos en los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo en junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas a finales de agosto y a mediados de septiembre.

Los otros dos decretos fueron aprobados en el Consejo de Ministros celebrado el 11 de octubre. El primero tiene como objetivo paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. En el segundo se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019 de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y de las Entidades Locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado, correspondiente a 2017.

Con la aprobación de este real decreto, las Comunidades Autónomas recibirán 4.682 millones de euros procedentes de la actualización de las entregas a cuenta de 2019. Además, el Gobierno también pretende actualizar las entregas a cuenta de las entidades locales, que alcanzan los 821,87 millones de euros.

El primer decreto que se debatirá este martes es el de Thomas Cook, el segundo el de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos y, por último, se debatirán las medidas para hacer frente a los daños producidos por los temporales del verano.

Un cambio de mayorías en noviembre

Después de esta sesión, no habrá más actividad legislativa en el Congreso, y, tras la celebración de las elecciones del 10 de noviembre, la Cámara Baja volverá a constituirse, con los nuevos diputados, el 3 de diciembre, una fecha que también viene establecida en el decreto de convocatoria electoral.

Es muy probable que las mayorías del Congreso puedan verse alteradas tras los comicios y que, por lo tanto, el peso de uno u otro bloque en los órganos de gobierno y gestión del Parlamento también varíe. De las elecciones del 28 de abril se constituyó una Cámara Baja con una clara mayoría de izquierdas en casi todos estos órganos. Además, los grupos más progresistas sumaban en el Pleno una amplia mayoría (185 escaños entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y Compromís), que superaba holgadamente la mayoría absoluta necesaria para impulsar normas de calado.

Durante la sesión constitutiva de las Cortes, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para hacerse con cinco de los nueve puestos de la Mesa del Congreso, entre ellos la Presidencia y la Vicepresidencia Primera, que han ocupado Meritxell Batet (PSOE) y Gloria Elizo (Podemos) respectivamente. La izquierda no tenía mayoría en la Mesa del Congreso desde 1989, cuando en el órgano, presidido entonces por el socialista Félix Pons, PSOE e Izquierda Unida aportaban seis de sus nueve miembros.

Durante la legislatura, Batet ha tenido que lidiar con situaciones inéditas y complejas, como la suspensión de los diputados catalanes encarcelados (rodeada de cierta polémica) o el hecho de que finalmente la Cámara no haya podido echar a andar por culpa del fracaso de los partidos en la investidura. 

La izquierda no solo aventajaba a los grupos más conservadores en el órgano de gobierno de la Cámara, sino que también tenia mayoría en aquellos órganos donde se produce el grueso del trabajo legislativo: las comisiones parlamentarias. Los grupos acordaron en julio que las comisiones estarían formadas por 43 miembros cada una; PSOE, Unidas Podemos y ERC tenían 22 diputados, mientras que el resto de grupos tenía 21. Además, los partidos de izquierdas también se hicieron con el control de la mayoría de Mesas de estos órganos, presidiendo 22 de las 34 comisiones conformadas en un principio. El PSOE se quedó con 17 (entre ellas la Constitucional, Justicia, Igualdad o Pacto de Toledo), Unidas Podemos con cuatro (Presupuestos, Trabajo, Transición Ecológica y Ciencia) y ERC, con una (Industria).

La Diputación Permanente fue, precisamente, uno de los últimos órganos de la Cámara Baja en constituirse. De los 68 diputados que la componen, 35 son de fuerzas progresistas: PSOE (24), Unidas Podemos (8) y ERC (3), es decir, la mayoría absoluta.