El Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) sacarán adelante juntos la reforma de la Constitución para desterrar la palabra "disminuidos" de la Carta Magna. Lo van a hacer en un momento de alta tensión política, pero en el que los dos partidos encuentran espacio para una reforma histórica, la tercera desde el nacimiento de la Constitución. Se darán la mano, aunque sea unos minutos. No tantos como para que se pueda hablar de tregua.

La primera fase de la modificación del artículo 49 del texto constitucional —la que se decide en el Congreso de los Diputados— ocupará, esta semana, 48 horas de la política nacional. En paralelo, terminará el plazo para presentar enmiendas al articulado de la ley de amnistía (este mismo martes), mientras que en el Senado ya empieza a vislumbrarse, a lo lejos, el Pleno donde, previsiblemente, la mayoría absoluta del PP tumbará la senda de déficit. Sánchez y Feijóo se dan la mano en una cuestión concreta, pero se mantienen en guardia.

El propio recorrido de esta reforma constitucional, que superará su primera etapa parlamentaria entre el martes y el jueves —la que corresponde a los diputados del Congreso— y que más tarde tendrá que ratificar la Cámara Alta habla de las dificultades que encuentran populares y socialistas para alcanzar acuerdos de magnitud. Han tenido que pasar cinco años desde que el Consejo de Ministros, en 2018, tiempos de Carmen Calvo como vicepresidenta del Ejecutivo, aprobara el anteproyecto de reforma de este artículo 49 de la Constitución, que promovió, especialmente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Las reivindicaciones de las asociaciones, en cualquier caso, superan con creces ese lustro. Hace dos décadas que piden que se restaure la dignidad de las personas con discapacidad en el texto constitucional.

Desde 2018, los recelos de Feijóo, que ha desconfiado de forma permanente de que se pudiera aprovechar la reforma del artículo 49 para introducir otras distintas, y, por otro lado, la convocatorias electorales de 2019 y 2023 han ido posponiendo un acuerdo en el que, fuera de toda duda, siempre creyeron tanto el presidente del Gobierno, como el líder de la oposición. El principio del fin del camino llegó, eso sí, con la reunión del 22 de diciembre.

En el encuentro que mantuvieron, los dos líderes acordaron sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" y presentar, de forma conjunta, una proposición de ley (PL) en el Congreso antes del 31 de diciembre de 2023. Así lo hicieron. Además, también pactaron que cualquier enmienda que se pudiera presentar tuviera que contar con el visto bueno de ambas formaciones.

El 29 de diciembre, los dos grandes partidos registraron la PL en cuestión en el Congreso. Esta será su nueva redacción:

También se acordó que la tramitación se lleve a cabo por la vía de urgencia, es decir, que los plazos parlamentarios se acorten a la mitad, y con lectura única, lo que libra a la reforma de transitar la senda de las comisiones parlamentarias. Este martes, el Congreso tomará en consideración la reforma constitucional y decidirá, precisamente, sobre la forma de tramitarla. Pasadas 48 horas, el jueves, la Cámara votará aceptará la reforma y la mandará al Senado para su ratificación. Todavía no hay fecha para ese Pleno en la Cámara Alta.

Hay que tener en cuenta que tanto los plenos del Congreso, como los del Senado se están realizando, físicamente, en la Cámara alta debido a unas obras en el Congreso de los Diputados que se alargarán todo el mes de enero.

Tres quintas partes en ambas Cámaras

La Constitución exige tres quintas partes del Congreso (210 diputados) y otras tantas del Senado (159 senadores) para acometer reformas como la que tendrá lugar los próximos días, es decir, todas aquellas que no se enmarcan en el Título preliminar, el Capítulo segundo, la Sección primera del Título I o el Título II. En esos casos, la Carta Magna es más estricta y obliga a mayorías de dos tercios, disolución de las Cortes, elección de unas nuevas y, otra vez, mayoría de dos tercios, además de una consulta en referéndum como último requisito.

En este caso, con todo, será suficiente con tres quintos en Congreso y Senado. La Constitución prevé que una décima parte de cualquiera de las Cámaras pueda solicitar, asimismo, la celebración de un referéndum, pero PP y PSOE han pactado evitarlo. La empresa encontrará la oposición de Vox, que no votará a favor. La formación de extrema derecha insiste en que "no es oportuno" pactar con Pedro Sánchez mientras él lo hace con ERC o Junts per Catalunya. Sin embargo, su oposición no hace peligrar la reforma.

Compromís dará su visto bueno, a pesar de que ha trasladado su decepción al no incorporarse en la reforma la inclusión en la Carta Magna del Derecho Civil valenciano, una reivindicación histórica de la Associació de Juristes Valencians que recibió el visto bueno de PP y PSOE en las Cortes valencianas. No ha ocurrido lo mismo en el Congreso. De todas formas, fuentes del partido que lidera Àgueda Micó en el Congreso de los Diputados y que forma parte de Sumar confirman a este medio su voto a favor, como también fuentes del propio Sumar. "Son cosas distintas", resuelven.

En el entorno del PP advierten a Público que no es casualidad que sea ahora, cuando han pasado cinco años desde que la modificación de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" se pusiera encima de la mesa en la política nacional, cuando se aborde, finalmente, la cuestión. Tiene que ver con los números. Los populares se sienten más cómodos con la actual aritmética —PSOE y PP suman, ellos solos, 258 diputados—, que con la anterior. En la XIV legislatura, ambas formaciones sumaban 208 y hubieran dependido de un tercero para sacar adelante la reforma en el Congreso.

El ojo del huracán de la amnistía

Este capítulo parlamentario llega en algo así como el ojo del huracán de la amnistía. Hay una especie de 'calma chicha' antes de que la ley empiece a tramitarse en comisión parlamentaria y pase, más tarde, al Senado. Este martes, día 16 de enero, termina el plazo para presentar enmiendas a su articulado y, como ya ha contado Público, Esquerra Republicana ha mantenido reuniones con todas las formaciones interesadas para plantear enmiendas técnicas y blindar la ley a nivel judicial antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otra parte, también este martes se reúne el Tribunal Constitucional para decidir si admite a trámite el recurso que presentó el PSOE acerca de la posible inconstitucionalidad de la reforma que promovió el PP en el Senado para otorgar a la Cámara Alta la capacidad de decidir cuándo tiene que tramitar por la vía de urgencia una iniciativa. Los populares dotaron al Senado de esa función para poder embarrar durante dos meses la ley de amnistía en la Cámara territorial.

En la fotografía de la modificación del artículo 49 —valga la metáfora—, Sánchez y Feijóo aparecerían juntos, uno al lado del otro. Pero también mirándose de reojo y anticipando movimientos. Amnistía, Presupuestos Generales del Estado, elecciones gallegas... Muchas partidas por disputar. La segunda quincena de enero será larga. En cualquier caso, salvo monumental sorpresa, empezará con un acuerdo y una reforma constitucional histórica.