El Congreso mantiene congelada desde hace más de medio año una decena de leyes de los grupos del bloque de la investidura

El Congreso reanudará su actividad parlamentaria ordinaria en la primera semana de febrero, lo que será el pistoletazo de salida de un nuevo periodo de sesiones que se prevé intenso. En virtud de los objetivos fijados por el Gobierno para los dos años que restan de legislatura, el Ejecutivo prevé pisar el acelerador legislativo con el impulso de la recuperación económica y social en la mirilla.

Prueba de ello es el plan normativo para 2022 aprobado el pasado martes en el primer Consejo de Ministros del año, que contempla 368 propuestas normativas, entre las que se incluyen once nueve leyes orgánicas y 81 ordinarias. Dentro de la extensa agenda legislativa destaca además el propósito de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta en dos ocasiones y la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo curso.

De igual forma, las fuerzas que sostienen al Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han trasladado su intención de sacar adelante otras normas pendientes de abordarse en el Congreso, como la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la reforma que penaliza el acoso frente a las clínicas abortivas, la modificación de la ley mordaza o la ley Zerolo.

No obstante, más allá de estas leyes, existe al menos una decena de proposiciones de ley de los grupos del bloque de la investidura, incluidas del PSOE y Unidas Podemos, que llevan congeladas en el Congreso desde hace más de seis meses en la mayoría de los casos (algunas acumulan incluso más de un año) y con pocos visos de que vean luz en los primeros meses de 2022.

Del lado de los partidos del Gobierno destaca la derogación del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero, una medida que acumula diez meses de ampliación del plazo de enmiendas. Para incluir nuevas propuestas durante su tramitación parlamentaria, PSOE y Unidas Podemos decidieron crear una subcomisión de estudio, cuyas conclusiones están pendientes de llegar toda vez que el órgano celebró el pasado jueves una sesión extraordinaria para albergar la comparecencia del presidente de la JEC.

La reforma del Reglamento del Congreso para la regulación de los grupos de interés en el terreno parlamentario fue admitida a trámite con un amplio respaldo del hemiciclo. Todos los partidos, a excepción de Vox, compartieron la necesidad de intervenir en las relaciones de los grupos de presión con los diputados, ya que se mueve sobre una laguna normativa, pero esta regulación impulsada por el PSOE suma ya más de 20 prórrogas del periodo para registrar modificaciones. Si bien, dentro del plan normativo del Gobierno se recoge la intención de regular las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos.

La despenalización de los llamados delitos de opinión a través de la ley de libertad de expresión de Unidas Podemos llegó al Congreso en plena época de protestas por la pena de cárcel del rapero Hasél, pero después de ser admitida a trámite en junio, sigue guardada en el cajón. Asimismo, aunque el grupo morado quiere impulsar "cuanto antes" su ley de salud mental, admitida a trámite en septiembre, reconoce la dificultad para que reciba luz verde en el próximo periodo de sesiones.

La primera norma estatal sobre bebés robados, impulsada en febrero de 2020 por PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más País, EH Bildu, BNG y la CUP, duerme en el sueño de los justos. En esta línea, la propuesta del PNV para reformar la ley de secretos oficiales lleva estancada desde septiembre de 2020. Y, a pesar de que el Ejecutivo ha incluido este asunto en su agenda legislativa para 2022, el grupo jeltzale urge al Gobierno a aprovechar su texto para que esta actualización de la norma franquista se lleve a cabo lo antes posible.

Asimismo, el PNV aún no ha visto arrancar desde abril la discusión sobre su propuesta para eliminar el recurso previo ante el Tribunal Constitucional y las sanciones por incumplir sus sentencias ni ERC la suya sobre prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, como tampoco han dejado de estar en barbecho las normas registradas por el PDeCAT para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales (congelada desde octubre de 2020) y los incentivos al mecenazgo. 

Al margen de estas proposiciones de ley hay varios proyectos de ley cuya tramitación está paralizada por la falta de apoyos, como la ley de Memoria Democrática (rechazada por ERC) y la reforma de la Constitución para sustituir el término "disminuido" en el artículo 49 (se necesita una mayoría cualificada de 210 diputados). Asimismo, las propuestas del Gobierno para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la retribución del CO2 no permitido del mercado eléctrico, pendientes desde el anterior periodo de sesiones, esperan recibir un impulso en el Congreso.