El fallo del tribunal Supremo del pasado martes sobre la asunción del impuesto de créditos hipotecarios –que según el Alto Tribunal deben abonar los consumidores– y la respuesta del Gobierno, este miércoles, anunciando un decreto ley para que sean los bancos los que se encarguen de pagar el tributo, ha devuelto a la primera línea política el proyecto de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que se tramita en el Congreso de los Diputados.

Los poderes Ejecutivo y Judicial han rescatado del olvido la aprobación de una norma en el Legislativo que, según fuentes de la Comisión de Economía y Empresa –donde se tramita la ley– avanza lenta y con “dificultades técnicas”. El proyecto fue registrado, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del anterior Gobierno, y admitido a trámite en la Cámara Baja en noviembre del pasado año.

Sin embargo, el trámite de la norma ha avanzado muy lento debido en gran parte, según admiten fuentes de la comisión, a la elevada “complejidad técnica” que presenta. No fue hasta el mes de febrero cuando concluyó el procedimiento de presentación de enmiendas a la totalidad (el Pleno del Congreso rechazó la presentada por Unidos Podemos) y, aunque parece que se puede acelerar el proceso, su ritmo legislativo no está nada claro.

En la actualidad, la propuesta se encuentra en trámite de ponencia, por el que un grupo de diputados elegidos por la comisión elaboran un dictamen que posteriormente se votará en el seno de la propia comisión –artículo por artículo– y que después pasará al Pleno del Congreso de los Diputados. Una vez cumplimentado el procedimiento en la Cámara Baja, la propuesta pasará al Senado, que tiene dos meses para ratificarla, enmendarla o vetarla, aunque la última palabra es del Congreso.

El fallo del Tribunal Supremo parece haber incrementado la urgencia de algunas formaciones para aprobar el proyecto de Ley. Pero no es la única motivación para aprobar cuanto antes la norma. Además de contener propuestas para reformar el mercado hipotecario, el proyecto tiene como objeto la trasposición de la normativa europea en materia de hipotecas por cuyo incumplimiento España tiene abierto un procedimiento de infracción.

Agilizar los trámites

La propia Comisión Europea ha instado al Tribunal de Justicia de la UE a que sancione a España, un asunto que incrementa la urgencia del Gobierno para trasponer la directiva. En este sentido, fuentes de la comisión apuntan a que la intención del Ejecutivo es la de tener lista la aprobación de la ley antes de Navidad. Estas prisas no son en ningún caso una sorpresa, ya que el pasado mes de julio el Ejecutivo de Sánchez solicitó al Congreso la “celebración de sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios” para agilizar la tramitación de la iniciativa.

El objetivo, no obstante, no es compartido por todos los grupos. Desde Unidos Podemos insisten en la necesidad de que la norma vaya destinada a proteger a los clientes frente a la Banca y añaden que no es momento de precipitar los trámites para su aprobación. Esto es en parte por la existencia de una disposición que reanudaría muchos de los procedimientos de desahucios hipotecarios que en este momento se encuentran paralizados hasta que el Tribunal de Justicia de la UE aclare su criterio sobre los efectos de la nulidad de las condiciones de vencimiento anticipado. Sin embargo, estas mismas fuentes reconocen que el Ejecutivo y el PSOE tienen pueden “apretar el acelerador” para agilizar la aprobación de la ley.