El Consello de Contas de Galicia ha emitido un informe en el que advierte de la falta de control en la contratación de personal de la Xunta y sus entidades dependientes descentralizadas, y en la que pone en cuestión la transparencia en los nombramientos a dedo en la administración dirigida por Alberto Núñez Feijóo, que sumaban en el 2019 un total de 880 puestos de trabajo.

El Consello de Contas es el organismo encargado de fiscalizar la actividad económica y financiera de la administración autonómica. Y en su último informe de análisis de los gastos de personal del período 2014-2020, pone en duda que la gestión de la función pública del Gobierno del PP se adecúe a las reglas de garantía, control y transparencia.

El informe, publicado el pasado 10 de noviembre, asegura que las resoluciones del Ejecutivo de Feijóo para adjudicar puestos de trabajo en la Xunta mediante el procedimiento de libre designación no plasman "la motivación de los criterios concretos aplicados para decidir" esos nombramientos ni las "cualidades profesionales consideradas en los funcionarios nombrados".

Los sindicatos llevan años denunciando que el Gobierno de Feijóo utiliza su capacidad para designar discrecionalmente personal de la administración para situar en distintas posiciones de poder a personas afines al Partido Popular de Galicia cuyo mérito más destacable sobre el resto de candidatos es su proximidad a esa formación.

El Consello de Contas recuerda además a la Xunta que hace dos años emitió varias recomendaciones, que se llevaron al Parlamento autonómico, para evitar que se prolongaran en el tiempo esas situaciones de abuso y arbitrariedad.

Así, la Xunta aún no habría establecido "criterios mínimos justificativos" de la necesidad de cubrir a dedo determinados puestos mediante la libre designación, ni normas específicas sobre los "criterios de idoneidad para la cobertura de cargos específicos", ni el régimen legal que garantice que los empleados críticos que denuncien irregularidades "no sufrirán ningún tipo de represalias por parte de la Administración".

El Consello de Contas alerta de que "no existe una publicidad adecuada de los méritos y de los criterios de valoración considerados en la persona candidata seleccionada y la comparación con respecto a los restantes" aspirantes, y que las memorias justificativas no exponen, "ni siquiera de manera sucinta", los méritos de éstos últimos. "No basta con exteriorizar frases abstractas y estereotipadas" para justificar los nombramientos, advierte el Consello.

De las conclusiones del informe también se desprende que Feijóo ha mantenido sostenidamente en el tiempo los recortes derivados de la crisis financiera del 2008 que llevaron a no cubrir ni siquiera las tasas de reposición de funcionarios, lo que ha provocado no sólo que el empleo público en Galicia no haya alcanzado todavía los niveles que tenía en el 2009, sino que esté un 2,5% por debajo de los de ese año.

La situación resulta paradigmática en la educación no universitaria, donde, según el Consello de Contas, el número de efectivos habría caído desde los 35.551 de ese año a los 32.071, del 2019. Un recorte del 9.8%, el mayor de todo el Estado después de Murcia (13,6%), y muy alejado del crecimiento del 3% de la media española.

La delegación gallega de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIC) ha valorado el informe del Consello de Contas y asegura en comunicado que de sus conclusiones se desprende una censura "a la práctica totalidad de la gestión" del Gobierno de Feijóo en materia de función pública.

Según CSIF, el Consello de Contas, además de en las materias antes citadas, pone en duda la gestión de la Xunta en otras por "la falta de adecuación" de las ofertas de empleo público (OPE) a las necesidades reales de la administración; la excesiva duración de los procesos selectivos, que provocó que a finales del 2019 aún estuviera abiertos procesos de la OPE del 2015; la "inoperatividad" de los concursos de traslados, y el abuso y la "falta de control" en la contratación temporal, que ha provocó que sólo en el 2019 1.452 empleados de la Xunta fueran declarados indefinidos por sentencia judicial,