El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado finalmente la decisión de suspender la tramitación parlamentaria en el Senado de la reforma legal para acabar con el bloqueo a su propia renovación, al desestimar el recurso presentado por el Senado para poder debatir y votar en su pleno de este jueves la reforma. 

Han sido tres horas de tensa deliberación entre sus once magistrados, que ha arrojado un resultado similar al del lunes: seis votos conservadores frente a los cinco progresistas. 

El pleno ha rechazado con ese resultado la tramitación de las recusaciones presentadas Unidas Podemos (UP) y por la Fiscalía contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. De haberlos apartado o si ambos se hubieran abstenido, como abogada la Fiscalía, se habría producido un cambio de mayoría a favor del bloque progresista y el resultado hubiera sido opuesto. 

González-Trevijano y Narváez han sostenido durante el pleno que no tienen ningún interés directo ni personal en la reforma que conduciría a su salida del TC. Por lo tanto, han participado en la votación. 

El TC ha informado de que a la decisión del Pleno, que adoptará la forma de auto, han anunciado su intención de formular voto particular las magistradas María Luis Balaguer e Inmaculada Montalbán, así como los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido  y Ramón Sáez Valcárcel. 

El Tribunal Constitucional ha comenzado a las siete de la tarde de este miércoles el pleno urgente convocado por su presidente, Pedro González-Trevijano, para deliberar sobre el recurso de súplica presentado por el Senado contra la decisión del TC de suspender con carácter cautelar la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta de las dos enmiendas que buscaban renovar la corte de garantías. 

Antes, el Constitucional había dado traslado a las partes --la Fiscalía, el PP como parte demandante, el Congreso como demandado, y PSOE y Unidas Podemos como coadyuvantes-- para que alegaran lo que consideraran oportuno antes de las cinco de la tarde. 

La sorpresa ha llegado al conocerse las alegaciones de la Fiscalía ante el TC. El Ministerio Fiscal pedía al Tribunal Constitucional que apartara a los magistrados recusados, su presidente, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez, de la votación sobre la impugnación del Senado contra la paralización de la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio tribunal. 

La Fiscalía alega que "la incuestionable vinculación directa de los citados miembros del pleno con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo sustenta razonablemente, a priori, dicha pretensión de recusación por resultar objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos en caso de que llegara a aprobarse". 

"Dicha circunstancia (...) constituye un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática invoca el Supremo y el propio Constitucional", añade el escrito de la Fiscalía. 

Sobre la decisión del Constitucional de paralizar la votación del Senado, la Fiscalía considera que "la queja del Senado está bien fundada", y sostiene que "la decisión del TC se ha adoptado con premura e inexistencia de precedentes" y "alerta del peligro de que esta actuación establezca un precedente". 

También Unidas Podemos (UP) había insistido en la recusación. Ya la había pedido para González-Trevijano y Narváez el lunes antes de que se celebrara el pleno extraordinario que acabó ganando el bloque conservador con la orden de suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria. Pero el TC si bien admitió como partes personadas a Unidas Podemos y al PSOE, que se adhirió a la recusación planteada por UP, no les reconoció legitimidad para recusar en ese momento procesal. Algo que ha sido calificado de "aberración jurídica" por parte de magistrados progresistas consultados por Público.

La Fiscalía rechaza el argumento de la mayoría conservadora para no abordar en el pleno del lunes el asunto de las recusaciones y dice una vez "aceptada la personación de dichas partes, y también abierto el proceso, y con ello establecida la relación jurídico-procesal que operaba como óbice para el tratamiento de dichas cuestiones", ya es "procedente que el pleno del tribunal aborde su tratamiento [de las recusaciones planteadas], con carácter previo a resolver sobre la pretensión del Senado y a cualquier otro trámite procesal subsiguiente que haya de llevarse a cabo".