La ciudad Autónoma de Melilla, en la que gobierna el PP liderado por Juan José Imbroda desde el 2000, mantiene en sus respectivos puestos a seis altos cargos imputados en casos de corrupción. Según El País, en colaboración con la Fundación PorCausa el Ejecutivo ha adjudicado unos seis millones de euros en una decena de empresas imputadas en los caso Tosca  y caso Ópera, investigados por manipular contratos públicos.

La supuesta trama corrupta amañaba contratos públicos. Varias empresas se beneficiaban de esos amaños y a cambio, según las sospechas de la Guardia Civil, otorgaban empleos a personas cercanas al Gobierno de Melilla, conformando de esta manera una red clientelar.

Estas empresas, a pesar de estar investigadas por corrupción, mantienen aún contratos sin concurso público a su favor. Según este diario, el grupo Eulen ha conseguido desde 2015 hasta 61 contratos, el Ejecutivo les ha adjudicado 5,2 millones de euros por estos contratos.

Los investigados de la ciudad melillense que continúan en su cargo son el vicepresidente y consejero de Economía Daniel Conesa, el Consejero de Educación, Antonio Miranda, y los viceconsejeros de Administraciones Públicas, Hacienda, y Festejos -María Ángeles Gras, Guillermo Frías y Francisco José Díaz-. También figura José Pastor, director general de Gestión Económica Administrativa de Medio Ambiente. María Antonia Garbín, exconsejera de Bienestar Social, dejó su puesto de diputada tras ser condenada a 10 años de inhabilitación por el caso Abogados.

La investigación judicial

El secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, cree que las causas abiertas "no tienen absolutamente nada que ver con la corrupción. (...) Aquí nunca se ha dudado de que se haya llevado un solo euro ningún ningún compañero dl PP de Melilla, ninguno, eso no está en duda. Nosotros estamos convencidos de que son procedimientos administrativos ajustados a derecho y, por tanto, no entra en colisión con el propio código ético del Partido Popular nacional”.

La investigación judicial comenzó la investigación de supuestas adjudicaciones millonarias fraudulentas mediante este proceso realizado con contratos.  Estos dos casos, Ópera y Tosca, se encuentran investigados por una posible trama corrupta con delitos de prevaricación, cohecho, falsificación documental y malversación de fondos públicos.

Las empresas implicadas consiguieron en dos años 93 contratos que no tuvieron un concurso público. Las pruebas del caso Tosca conseguidas por la Guardia Civil muestran que Eulen y su filial, Eulen Seguridad habrían realizado fraccionamiento de contratos, duplicación de contratos, confección de pliegos, desvío de fondos públicos por trabajos no realizados, y malversación.

La Guardia Civil investiga los contratos de Lunamar, ya que creen que esta empresa se puede estar presentando a concursos públicos para favorecer la adjudicación de otras compañías.