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Costa Guadalquivir Un referéndum popular podría decidir un macroproyecto turístico frente a Doñana

El Pleno del Ayuntamiento de Trebujena, bastión de IU en la provincia de Cádiz, debate la moción presentada por el PSOE para convocar una consulta sobre una urbanización con 300 viviendas, hoteles y campo de golf que rechazan organizaciones ecologistas, sindicales y culturales.

Terreno sobre el que se construirá macroproyecto,situado junto al río Guadalquivir y frente a Doñana | Ecologistas en Acción

SANTIAGO F. REVIEJO

Crece la tensión en Trebujena, un municipio bastión de IU en la provincia de Cádiz donde se pretende construir el macroproyecto turístico Costa Guadalquivir con 300 viviendas, campo de golf y hoteles frente al Espacio Natural de Doñana.

Este lunes se debate en el pleno una moción presentada por el único grupo de la oposición (PSOE), en la que se solicita convocar un referéndum popular para que sean los vecinos quienes aprueben o rechacen la gran urbanización proyectada en las marismas desecadas del Guadalquivir, propuesta que se suma a las 190 alegaciones registradas por organizaciones ecologistas, sindicales y culturales contra la modificación del PGOU que da luz verde a un proyecto con grandes efectos ambientales y urbanísticos.

Las aguas bajan cada vez más divididas en Trebujena, Ayuntamiento que Izquierda Unida ha gobernado durante 37 años y donde en las últimas elecciones municipales revalidó su mayoría absoluta por apenas 200 votos de diferencia respecto al PSOE. El culpable de la creciente división en este municipio de cerca de 7.000 habitantes, lindante con Sanlúcar de Barrameda y Jerez, es el proyecto de una urbanización turística sobre una superficie de más de dos millones de metros cuadrados, en los que se construirán 300 villas de hasta 300 metros cuadrados cada una en dos plantas, hoteles y un campo de golf en un balcón con vistas privilegiadas a Doñana desde la otra orilla del Guadalquivir.

La oposición en la corporación municipal, que hasta ahora no había manifestado cuál era su postura sobre este macroproyecto, aunque había denunciado “falta de transparencia” del Ayuntamiento en su tramitación, defiende este lunes una moción para que los vecinos voten en referéndum si quieren o no que se construya en su término, y que, previamente, se organicen unas jornadas informativas en las que inversores, ambientalistas y técnicos expliquen los pros y contras de Costa Guadalquivir.

En el texto de la moción, que ha sido buzoneada en todas las casas de Trebujena, el grupo socialista recuerda que “intentó sin éxito contactar con los inversores a través del alcalde” para conocer de primera mano sus intenciones y advierte de que un proyecto similar, el de la Loma de Martín Miguel construido en la vecina Sanlúcar también frente a Doñana, ya tiene su campo de golf “abandonado” por falta de uso tras el cierre de la empresa que gestionaba el proyecto abanderado en su día por el príncipe Alfonso de Hohenlohe.

Éste sería el segundo referéndum popular convocado en Trebujena, donde ya se celebró uno en enero de 1994 para que sus vecinos eligieran la bandera del municipio.

El equipo de gobierno, preguntado por Público, no ha querido, sin embargo, expresar cuál será su posición en el pleno de hoy sobre la consulta que pide la oposición. El alcalde, Jorge Rodríguez Pérez, en declaraciones a este periódico a principios de este mes, había negado una falta de transparencia y asegurado que se habían respetado todas las garantías durante el procedimiento de información pública al que se ha sometido la modificación del PGOU. Detrás de las críticas, a su juicio, hay esencialmente un interés político de una organización muy concreta, Podemos de Trebujena, que se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento tras las pasadas elecciones municipales, a las que concurrió por separado de IU, y de la que forman parte, asegura el alcalde, muchos de los que han hecho las alegaciones más viscerales.

Acusaciones contra el exalcalde de IU

El aumento de la tensión en Trebujena en torno al macroproyecto Costa Guadalquivir se ha palpado en los últimos días con el reparto de unos pasquines anónimos en los que aparece la palabra “traidores” sobre la fotocopia de la página del Boletín Oficial del Registro Mercantil donde figura inscrita en noviembre de 2016, tal como ha podido confirmar este periódico, la empresa Distribuciones Jolipet SL, cuya administradora única es Carol Devos, nombre y apellido que coincide con el de la hija de Bernard Devos, el empresario belga que en 2003 fue el primer promotor del proyecto turístico de Trebujena. Luego Devos desistió del empeño a raíz de la crisis económica que llevó a pique a otra urbanización turística suya con campo de golf en Benalup, también en la provincia de Cádiz.

La empresa Distribuciones Jolipet, cuyo objeto social declarado en el Registro es la distribución de alimentos para animales y mascotas, compraventa y distribución de productos agro-alimenticios y compraventa de obras de arte, tiene su domicilio registrado en la calle Antonio Briante número 3 de Trebujena, donde, según en el pasquín y vecinos del pueblo consultados, vive Manuel Cárdenas, el que fue alcalde de este municipio entre 1994 y 2012, periodo en el cual se pusieron los cimientos del macroproyecto turístico con el inicio de la modificación del PGOU.

Cárdenas también fue coordinador provincial de IU-CA en Cádiz durante ocho años y delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en esa provincia entre 2012 y 2015, durante el gobierno de coalición de PSOE con Izquierda Unida. Pero el actual alcalde, Jorge Rodríguez Pérez, que sustituyó a Cárdenas cuando dejó el cargo en 2012, tampoco ha querido hacer comentarios sobre estas informaciones relacionadas con su antecesor.

Lo cierto es que la puesta en marcha del proyecto turístico ya ha generado ingresos para el Ayuntamiento de Trebujena. En el convenio que el Consistorio firmó con la sociedad Zanona SA del entonces promotor Bernard Devos, la empresa se comprometía a abonarle algo más de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU de suelo rústico a urbanizable que hiciese posible el proyecto. Sin embargo, en 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, ya que, tras la intervención de la Junta de Andalucía, se había bajado de 750 a 300 casas la edificabilidad máxima.

El Ayuntamiento ya ha recibido 1,8 millones de euros a cuenta de esa compensación y podrá recibir el resto, 1,5 millones, cuando se apruebe la modificación del PGOU que permita la construcción de la gran urbanización turística, un proyecto que ahora gestiona Costa Guadalquivir, una empresa también de origen belga.

Efectos medioambientales

Las alegaciones que han presentado a la modificación del PGOU organizaciones como WWF o Ecologistas en Acción advierten de que el complejo turístico se construiría sobre una zona inundable (marismas desecadas en los años 70 para dedicarlas a pasto) y generaría graves problemas para la recuperación del estuario del río Guadalquivir. “Los terrenos de marismas colindantes al Guadalquivir deben ser restaurados y recuperar su tradicional función de llanuras de inundación del río, lo cual se hace más necesario si tenemos en cuenta las previsiones relativas al aumento del nivel del mar en esta zona debido al cambio climático y que podría acabar afectando a poblaciones ribereñas como Sanlúcar”, señala WWF.

Las organizaciones que se oponen a este macroproyecto también advierten del peligro que supondría el gasto en agua de una urbanización con campo de golf, amplias zonas ajardinadas, hoteles y 300 casas, y que calculan en más de 800.000 metros cúbicos al año, una cantidad, a su entender, que aumentaría el impacto ambiental aún más en una época de cambio climático en los que los recursos hídricos tienden a la baja. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), otra de las organizaciones que ha presentado alegaciones, habla directamente de “capitalismo salvaje”, de un proyecto de “especulación urbanística” que reproduce los males de la burbuja inmobiliaria que desencadenó la grave crisis económica cuyas consecuencias se siguen padeciendo en nuestro país.

Sin embargo, el alcalde considera que se trata de un proyecto de desarrollo sostenible, previsto en un suelo que lleva 50 años sin apenas actividad, carente de protección ambiental, que no es apto para el cultivo, donde no se construiría por encima de las dos plantas y se levantaría una vivienda por cada hectárea y media, y que permitiría diversificar la economía de Trebujena, ahora centrada fundamentalmente en los viñedos y en el empleo en hospitales de los alrededores.