Criminalización, cárcel y acoso judicial: 12 años de persecución contra Assange y la libertad de expresión

Otro invierno, otra Navidad y ese mismo cocktail de rabia e incertidumbre. Hace 12 años, el periodista Julian Assange pagaba caro su compromiso profesional con la información: el 7 de diciembre de 2010, el responsable de Wikileaks era detenido por primera vez en Londres. El calvario aún no ha acabado: en los próximos días o semanas se sabrá si su siguiente destino será una cárcel de Estados Unidos, donde quieren encerrarle de por vida.

Assange recordará estos 12 años en una de las prisiones más duras del Reino Unido. La cárcel de Belmash, lugar donde hoy se encierra a Assange y a la libertad de expresión, se ganó por méritos propios el apodo de "Guantánamo británico". 

"Es la cárcel más severa del Reino Unido", decía la abogada Stella Moris, esposa de Assange, durante una entrevista ofrecida a finales de junio pasado a La Base. Se casaron en marzo de este año, cuando el periodista ya estaba preso. Tienen dos hijos de 3 y 5 años que crecen con su padre preso, a quien visitan una vez por semana previo paso por los férreos controles de la prisión.

Hoy van a visitarle a la cárcel de alta seguridad de Belmash, pero no está claro por cuánto tiempo lo harán. Y eso, precisamente, les aterra. Sobre Assange –y también sobre su familia– pesa una petición de extradición formulada por EEUU, que quiere juzgarle y encerrarle por haber publicado documentos que demostraban los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Irak o Afganistán.

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Al otro lado del Atlántico le espera otra cárcel que se convertirá, sencillamente, en su tumba: si los planes de los tribunales estadounidenses prosperan, el fundador de Wikileaks podría sumar hasta 175 años de condena. "La extradición significa la muerte para Julian", resumió Moris en su intervención de junio pasado en La Base.

Las acusaciones, aún vigentes, fueron formuladas por el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de periodistas de todo el mundo han advertido que de salir adelante supondrían un grave ataque a la libertad de expresión, ya cercenada por el hecho de Assange entre rejas.

En marzo pasado, el Tribunal Supremo del Reino Unido dio luz verde a la solicitud de extradición. Tres meses después, el Gobierno británico, a través de la entonces ministra del Interior, Priti Patel, confirmó su voluntad de entregar a Assange a las autoridades estadounidenses. 

En el camino ha habido una mezcla de contradicciones, esperanzas e incertidumbres. En la primera instancia de este proceso de extradición la jueza británica Vanessa Baraitser "denegó la extradición sobre la base del sistema penitenciario que esperaría a Assange en Estados Unidos", recordó a Público Aitor Martínez, abogado del director de Wikileaks.

El sistema de marcada "opresión" en ese país, unido a la salud de Assange, llevó a Baraitser a la conclusión de que su vida correría peligro en caso de ser entregado a las autoridades de EEUU.

Sin embargo, la decisión de la magistrada fue recurrida por las autoridades estadounidenses ante el Tribunal Superior de Justicia británico, "otorgando, llamativamente en ese momento, vagas garantías diplomáticas de que estudiarían no imponerle ese sistema penitenciario", afirma Martínez.

La defensa aportó entonces "contundentes reportes que acreditaban que las garantías otorgadas por Estados Unidos en los procesos de extradición con países europeos eran posteriormente violentadas de forma sistemática cuando la persona llegaba a la jurisdicción norteamericana".

Martínez recuerda que la vista de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia "fue dramática, principalmente porque Julian Assange se desvaneció y quedó tendido en la mesa de la prisión desde la que trataba de seguir online la vista".

La Corte entendió que esas garantías eran suficientes y revocó el fallo anterior. Posteriormente, la Superma Corte de Justicia "ni siquiera entró a valorar esas garantías y denegó la apelación", dejando abierto el camino a la extradición.

Assange ha apelado ese fallo y ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. En los próximos días o semanas se conocerá el resultado de las apelaciones formuladas por la defensa del periodista en Londres, algo clave para conocer cuál será el desenlace de este proceso.  

"Estos cargos contra Assange nunca se tendrían que haber formulado. Aún estamos a tiempo para que tanto las autoridades del Reino Unido como de Estados Unidos revisen sus actuaciones", afirma Blanca Hernández, portavoz de Amnistía Internacional sobre EEUU. 

A su juicio, "la extradición pondría en riesgo los derechos humanos de Julian Assange, pero además tendría unas repercusiones mucho más amplias". En tal sentido, destacó que la extradición y posterior condena en ese país "sería devastadora para la libertad de prensa y para los derechos de la ciudadanía". "No debemos olvidar que Assange publicó información de interés general, lo cual es uno de los cimientos de la libertad de prensa", remarcó. 

Michelle Stanistreet, secretaria general de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido (NUJ, por sus siglas en inglés) advierte a Público que la extradición de Assange "implicaría graves consecuencias para cualquier periodista que denuncie irregularidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos", lo que constituiría "un precedente peligroso y un ataque a la libertad de expresión". 

Calvario judicial

La persecución contra Assange se ha escrito en varios capítulos que han incluido desde acusaciones de abusos sexuales en Suecia a un procedimiento en virtud de la Ley de Espionaje en EEUU. A lo largo de estos 12 años, el periodista ha afrontado un largo y complejo proceso judicial que le llevó incluso a refugiarse durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres. 

En 2019, el Gobierno conservador de Lenín Moreno retiró el apoyo que su antecesor, Rafael Correa, había concedido al periodista. En otras palabras, Quito abrió literalmente la puerta de su embajada en Londres a la Policía británica, que en abril de ese año accedió sin inconvenientes a la sede diplomática y se llevó a Assange, quien goza además de la ciudadanía ecuatoriana. "Hacker miserable", le llamó Moreno.

Solidaridad internacional

Preso desde entonces en Londres, el periodista ha recibido continuas muestras de solidaridad. Hoy Assange es un símbolo de la libertad de prensa, y como tal es defendido por personalidades de todo el mundo. Las últimas muestras de apoyo han llegado desde palacios presidenciales de América Latina: los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México y Lula da Silva en Brasil han alzado su voz contra esta injusticia y han implorado el cese del hostigamiento.

"Todo periodista tiene derecho a proteger sus fuentes"

"Todos los cargos contra él deben ser retirados", afirma por su parte Stanistreet desde la sede de NUJ en Londres. En octubre, los miembros de esa organización de periodistas se unieron a miles de personas en Westminster para manifestarse "contra esta incansable persecución del gobierno estadounidense".

"Todo periodista tiene derecho a proteger sus fuentes y las autoridades deben poner fin ahora a esta persecución por el bien de la libertad de los medios de comunicación", señala la secretaria general de NUJ.

Lo cierto es que la cárcel no ha silenciado a Wikileaks, que durante estos años ha mantenido un firme línea de denuncia de las atrocidades perpetradas por EEUU en nombre de la "libertad". Precisamente por eso, Assange puede pasar el resto de su vida en prisión. Para el mundo es hoy un un símbolo de la libertad de expresión. Para sus hijos, el padre al que visitan una vez por semana entre severas medidas de seguridad.