Defensa dice no tener indicios de núcleos de ultraderecha en el Ejército, pero grupos cerrados en redes sociales lo desmienten

La pregunta parece directa y sencilla de responder: "¿Se ha realizado en los últimos 5 años alguna investigación a fin de descubrir posibles núcleos de ideología contraria a la Constitución o de ideología de extrema derecha dentro de las filas del cualquiera de las tres armas del Ejército?". Pero la respuesta no debe de ser fácil, ya que el Ministerio de Defensa sigue sin contestar cuatro meses después de que un exmilitar se la hubiera planteado. 

La presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas no es algo nuevo. Pero la llegada de Vox a las instituciones ha permitido su constatación. Así, hace año y medio, dos de los doce diputados que fueron elegidos por el partido ultra Vox en las elecciones andaluzas tenían orígenes militares: Benito Morillo y Luz Belinda Rodríguez. Después, la formación de Santiago Abascal fichó a cuatro generales retirados (Manuel Mestre, Agustín Rosety, Alberto Asarta y Fulgencio Coll) en pocos meses.

En los municipios con bases o cuarteles hay el doble y hasta el cuádruple de votos de Vox que en el resto de la circunscripción

Esa conexión de los uniformados con la ultraderecha se confirmó en las generales de abril de 2019, al registrarse el doble o más de votos a Vox en los municipios que albergan bases o acuartelamientos que los obtenidos por ese partido en el resto de esas circunscripciones electorales, mostrando que una mayoría de militares había votado a la extrema derecha. En ocasiones, el porcentaje de voto ultra en el entorno de esos cuarteles cuadruplicó el total provincial, como en el Poblado Naval de la Base de Rota (Cádiz) o en El Goloso y El Pardo (Madrid).

Por su parte, la Asociación de Militares Españoles (AME) defendió a los militares que ficharon por Vox, así como a los doscientos altos cargos retirados –incluidos muchos generales– que firmaron el manifiesto ensalzando la figura castrense de Franco, aduciendo que "pueden hacer lo que quieran tras retirarse" y que cuando están en activo son "neutrales" y "muy respetuosos con la legislación".

Pero distintas fuentes militares (varios retirados y uno en activo) indican a Público que el auge ultraderechista se ha intensificado en el seno de las Fuerzas Armadas con la crispación política –sobre todo por el independentismo catalán y la llegada de Podemos al Gobierno– y que abundan los grupos en Facebook y otras redes sociales integrados por suboficiales que promueven una ideología contraria a la Constitución o de extrema derecha.

Es por ello que el exmilitar del Ejército del Aire –del que fue expulsado tras sufrir acoso laboral– Ricard Mitjana, vicepresidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, presentó el 24 de febrero pasado una solicitud de acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) con la pregunta que arranca este artículo. La inadmisión de su solicitud, a la que ha tenido acceso Público, le fue cursada el 17 de junio:

Como se puede ver en el encabezado que aquí reproducimos, esa respuesta oficial explica que el "3 de marzo de 2020 se determinó que la competencia correspondía a la Secretaría General Técnica del Departamento, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución", con lo que debería haber sido resuelta el 3 de abril, pero todos los plazos de tramitación quedaron suspendidos durante el estado de alarma decretado por la pandemia.

Defensa no admite la solicitud de información pública

Cuando finalmente se cursa la resolución de respuesta a Mitjana, no se aporta información ninguna y sólo se argumenta que hay tal cantidad de mandos militares (se enumeran todos ellos, hasta el jefe de pelotón) con "potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes en la estructura, tanto orgánica como operativa, en la que ejerzan sus funciones" –en relación a lo que serían faltas graves contra el código deontológico de las miembros de las Fuerzas Armadas–, que se tendría que indagar para descubrir si en algún nivel se ha investigado ese tipo de conductas contrarias a la Constitución:

"Por todo lo anterior cabe señalar que el elenco de posibles responsables con capacidad sancionadora sobre las conductas anteriormente mencionadas, es de tal magnitud, que el estudio de cada uno de los expedientes sancionadores, con el fin de dilucidar si la conducta entraría dentro de las mencionadas relativas a la Constitución, representaría una clarísima labor de reelaboración.

Por ello y una vez analizada la solicitud, esta Secretaría General Técnica, resuelve la inadmisión del acceso a la información a la que se refiere la solicitud formulada por D. Ricardo Mitjana Solé, por los motivos contemplados en el artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, sobre las causas de inadmisión de solicitudes de información relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración".

Una inadmisión de la transparencia informativa solicitada que se basa en que se cumplen las causas siguientes para rechazarla:

"...cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba:

a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta haciendo uso de diversas fuentes de información, o

b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada".

Defensa asegura que no hay denuncias ni actuaciones ni datos que justifiquen una investigación interna sobre grupos ultras

Público se ha puesto en contacto con Defensa para verificar si se han investigado "posibles núcleos de ideología contraria a la Constitución o de ideología de extrema derecha en el Ejército", y una alta fuente del Ministerio ha subrayado que "para abrir una investigación tendría que haber algún indicio sospechoso y no hay denuncias, ni hay actuaciones, ni hay datos".

En cuanto al manifiesto franquista, cuatro de los cinco mandos militares en la reserva que firmaron el manifiesto de exaltación de Franco fueron sancionados por Defensa, ya que los miembros en activo y reservistas no pueden expresar opiniones políticas (al contrario que los militares retirados por completo), pero las sanciones impuestas no han sido reveladas por ser un asunto que el Ejército considera confidencial.

El manifiesto proclamaba que a Franco "se le debe la gratitud correspondiente" porque mantuvo una "conducta ejemplar para todos los soldados: retirados, en activo o por venir".

Sobre este caso, la antes citada alta fuente ministerial respondió a este diario que "en un colectivo de 120.000 personas hay de todo, como en cualquier colectivo tan numeroso, pero en este aspecto nunca ha sido nada organizado. Que sólo hayan sido cinco de 120.000 los que firmaron el manifiesto lo demuestra. Los retirados firmantes son todos de más de 80 años y los generales de Vox llevan muchos años fuera del Ejército".

"Sí se investigan las críticas al Ejército que se publican o se suben a las redes, así como las denuncias internas sobre irregularidades" 

En cambio, otras fuentes militares han manifestado a este diario su sorpresa por el hecho de que no se investiguen las conductas castrenses de extrema derecha, "cuando en cambio sí se hacen investigaciones sobre las críticas al Ejército que se publican o se suben a las redes, así como sobre los militares que denuncian irregularidades internas".

Al mismo tiempo, esos uniformados progresistas alertan de que se están multiplicando los grupos en redes sociales donde se manifiestan posturas claramente ultraderechistas, con militares de diversos rangos, como sargentos, que acusan de traición a Pedro Sánchez y aseguran que en Catalunya se ha ejecutado "un golpe de Estado en toda regla con el beneplácito del Gobierno".

Entre las conductas claramente ultras de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que denuncian esas fuentes militares figura la creación de grupos cerrados de Facebook como el denominado LA ROJERÍA ES UN PELIGRO PARA ESPAÑA, que cuenta con 370 miembros, más de 54 de ellos incorporados en los últimos 30 días, tal como muestra la captura de pantalla que reproducimos aquí.

En las "reglas de los administradores del grupo" el primer punto subraya que "tiene en cuanto a la disciplina carácter militar y la desobediencia a la brigada de administradores y moderadores se castiga con la expulsión del grupo". También dispone  que "QUEDAN PROHIBIDOS LOS AGRAVIOS AL GENERALÍSIMO FRANCO".

Igualmente estrictos son los requisitos para ser admitido en el grupo La rojería es un peligro para España, cuya imagen de portada es la bandera española con el águila preconstitucional del régimen franquista, tal como se puede ver en la siguiente captura:

A los aspirantes a incorporarse al grupo se les hace una serie de preguntas de sesgo extremista y ultraderechista, que se presentan en mayúsculas y negritas con el fin de recalcar su importancia para que los administradores tomen la decisión de admitir o no al candidato:

CREES QUE ESTE GOBIERNO ACTUAL ES UN TRAIDOR A LA PATRIA SI O NO. CREES QUE ES NECESARIA UNA INTERVENCION MILITAR EN CATALUÑA SI O NO.

CREES QUE LOS INDEPENDENTISTAS SON UNOS TRAIDORES A ESPAÑA SI O NO.

DESARROLLA LAS MEDIDAS QUE IMPONDRIAS CONTRA EL SECESIONISMO. DESARROLLALO LO MAS EXTENSAMENTE POSIBLE (...) Y ENUMERA A QUE GRUPOS DE DERECHA PERTENECES.

La descripción del grupo consiste en el siguiente párrafo:

EL GRUPO TRATA SOBRE LAS TROPELIAS Y ABUSOS DE LA ROJERIA ESPAÑOLA. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER COMENTARIO U OFENSA HACIA CUALQUIER FORMACION POLITICA DE DERECHAS. LA NO OBSERVANCIA DE ESTA NORMA SE CASTIGA CON LA EXPULSION.