La Comunidad de Madrid ha solicitado que sea el Supremo el que valore si la región debe pasar a la fase 1 de la desescalada como una medida cautelar, después de llevar ante el alto tribunal la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir a la Comunidad avanzar a fase hasta en dos ocasiones. En el escrito, el Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso (PP) argumenta que la decisión de Sanidad obedece a "una diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad, desde el momento en que deja de estar referida a una evaluación objetiva y técnica de los indicadores".

"Es notorio que en el presente caso las medidas cautelares positivas resultan el instrumento necesario para hacer efectivo el procedimiento, ya que, a falta de ellas, cuando el recurso se resuelva y se dirima la legalidad de las disposiciones impugnadas, la discusión sobre el progreso de fase en la desescalada haya quedado muy atrás", señala en su escrito la Comunidad de Madrid defendiendo que cuando el organismo resuelva el asunto será demasiado tarde y la desescalada habrá concluido.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid manifiesta que se provocaría un "daño irreversible" si el Supremo no estudiase esas medidas cautelares, y pide que se haga con la mayor urgencia posible. Sin embargo, el Ejecutivo no ha optado solicitar medidas cautelarísimas, las que el Tribunal puede resolver en un plazo de 24 horas.

Por otro lado, aporta al Supremo un informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública, liderada por Javier Fernández-Lasquetty, donde se comprueba que entre una reactivación en mayo y una reactivación en junio (escenarios 1 y 2) hay 3 puntos de diferencia en el PIB y casi 200.000 empleos afectados.

"Es indudable, por tanto, que cada semana que las restricciones se mantienen hay un perjuicio económico, que se transmite en las variables macroeconómicas. Perjuicio que, desde la perspectiva de las medidas cautelares, debe calificarse de irreparable, al ahondar en el daño económico y la pérdida de empleos, dificultando y agravando la ya de por si incierta recuperación", concluye.

El Ejecutivo madrileño considera que la decisión de Sanidad para que Madrid no pasara de fase no responde "a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio". Sin embargo, la decisión del Ministerio de Sanidad obtuvo el apoyo de las principales organizaciones sanitarias. Sanitarios individuales, sindicatos y organizaciones como el Colegio Oficial de Médicos han afirmado esta semana que Madrid no está preparada para avanzar en la desescalada.