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¿Y ahora, qué? Las diez incógnitas pendientes del 'procés'

El Estado y la cúpula independentista quedan contra las cuerdas. Llega la hora de la política, cuando una generación de líderes catalanes será apartada. Quedan más procesos judiciales pendientes, y los que se abran ahora.

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Imagen de archivo del tribunal del 1-O. De izda. a dcha, Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, el presidente del tribunal Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, y Ana Ferrer. EFE/Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha terminado con su papel, en principio. Al menos, con la sentencia más relevante del procés al condenar por sedición y malversación de caudales públicos a nueve procesados que dirigían la Generalitat catalana en el otoño de 2017, con el líder de ERC Oriol Junqueras a la cabeza, así como los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Se abre ahora una etapa política donde tanto el Estado como los líderes independentistas serán puestos contra las cuerdas, mientras la sentencia del procés recorre el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un camino extraordinario con el que los condenados pretenden anularla.

Es tiempo de tensión, y de temor a incurrir en una escalada de violencia que hasta el propio Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha hecho llamamientos para evitar.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en 48 horas las alternativas políticas que baraja.Estas son las principales claves que quedan por despejar:

1.-¿Habrá Tsunami?

La plataforma Tsunami Democràtic ha comenzado a lanzar sus convocatorias. No tiene dirección aparente, pero agrupa a distintas organizaciones soberanistas que se comunican por Telegram. Sus simpatizantes acudieron este lunes a los centros de transporte neurálgicos y lograron colapsar el aeropuerto de Barcelona.

Los Comités de Defensa de la República (CDR), amparados por el actual presidente catalán, Quim Torra, han llamado a la revuelta popular.

La web Tsunami Democràtic está inscrita en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, dónde el expresidente Carles Puigdemont registró el Consell per la República y la web que recauda dinero de los afiliados, según publicó El Confidencial

Esta aparente falta de dirección emula el movimiento de los chalecos amarillos de la Francia profunda que se ha levantado contra la élite parisina. O el modelo de protesta de código abierto  con el que se organizan y se protegen los manifestantes de Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición a China.

La tensión callejera en los siguientes días a la sentencia está prevista desde hace tiempo, como también los intentos de contención de las Fuerzas de Seguridad que, coordinadas por los Mossos D’Esquadra, quieren evitar la violencia policial e imágenes como las difundidas en la consulta prohibida del 1 de octubre de 2017.

En caso de escalada, llegará una cadena de denuncias judiciales que complicarán aún más la maraña de los procesos surgidos con el 1-O.

2.- ¿Quiénes liderarán a los independentistas?

Una generación de políticos y dirigentes sociales independentistas será relevada: O está huida o no podrá ejercer la política mientras esté condenada, como ocurre con Junqueras, el presidente de ERC que ha sido inhabilitado por 13 años.

El Supremo rechazó fijar un periodo de seguridad para que los condenados no accedan al tercer grado penitenciario. Esta decisión queda en manos de la Generalitat porque tiene transferida la competencia de los Servicios Penitenciarios y puede ser recurrida por la Fiscalía.

Pero, aunque estén en la calle, no podrán representar o ejercer cargo público alguno mientras dure sus penas respectivas.

Seis condenados ya han sido excluidos de las listas del 10-N por orden de la Junta Electoral Central que ha dado este lunes un breve plazo a los partidos para que nombren sustitutos.

No podrían concurrir a las elecciones Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos de ERC, condenados a 13 y 12 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público. Tampoco podrán presentarse Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, de Junts, inhabilitados a 9, 12 años, así como 10 años y medio los dos últimos.

El futuro del actual president, Quim Torra, también está en juego. Será juzgado por desobediencia el próximo 18 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La causa: no haber descolgado lazos amarillos y símbolos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat durante las elecciones y en contra de la orden de la Junta Electoral Central.

Pedro Sánchez ya ha avanzado que no se plantea el indulto de los condenados, y no se espera que otros partidos que algún día puedan formar gobierno, como el PP, aprueben esta medida discrecional del ejecutivo.

3.- La batalla por el relato

Carles Puigdemont destaca por su capacidad de mover información en pro de sus intereses y de desplegarla entre políticos y creadores de opinión de distintos países.

El Estado sabe que perdió la batalla de la imagen en el 1-O y, ahora, intentará enderezarlo. De entrada, el Ejecutivo convocó este lunes a todo el cuerpo diplomático acreditado en España a una "sesión informativa" para analizar y comentar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés".

El desafío sigue en pie. Porque el Supremo juzgó unos hechos concretos, lo ocurrido en el proceso independentista que culminó en octubre de 2017. En su sentencia el alto tribunal sostiene que "no nos incumbe ofrecer –ni siquiera sugerir o insinuar– soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas".

4.- ¿Habrá elecciones en Catalunya?

El presidente de la Generalitat catalana tendrá que decidir si convoca elecciones o da paso a un gobierno de concentración, como pretende ERC.

Los distintos partidos soberanistas afrontan su respuesta política, jurídica y social a esta sentencia del Supremo. Existe división entre ellos, en especial por el intento de Puigdemont de dirigirlos desde Waterloo.

5.- ¿Bélgica entregará a Puigdemont?

Carles Puigdemont afronta ahora un largo proceso judicial junto a su equipo jurídico. Huido a Bélgica, el juez del Supremo Pablo Llarena cursó contra él una orden europea e internacional de detención y entrega contra él por los delitos de sedición y malversación.

Llarena tomó esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.

La sentencia "pone término" a las discrepancias entre los delitos de rebelión, sedición o desobediencia" (ésta asumida únicamente por las defensas) ya que considera que existió sedición, delito junto al de malversación por el que reclama a Puigdemont."

Los indicios racionales de criminalidad" que pesaban contra Puigdemont en la instrucción "no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado", dice Llarena.

La Fiscalía estudia ahora la sentencia para solicitar después euroórdenes por el resto de políticos huidos, bien por sedición o bien por sedición y malversación. Puigdemont, Clara Ponsatí y Antoni Comin eran investigados por rebelión y malversación. Por su parte, Marta Rovira era investigada por rebelión, mientras que Lluís Puig y Meritxel Serret lo eran por malversación y desobediencia.

6.- Juicio a la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) juzgará entre el 19 y 22 de noviembre por desobediencia grave a los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament que presidía Carmen Forcadell en otoño de 2017.

Mientras Forcadell ha sido condenada por sedición a 11 años y 6 meses de prisión y 11 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, el TSJCat juzgará este noviembre al resto del miembros de la Mesa: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet Santacana y Joan Josep Nuet, y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

El TSJCat investiga en otra causa a Josep María Jové, actual diputado de ERC, por la organización del 1-O cuando era secretario de Economía en aquel otoño. Tendrá que declarar el 19 de noviembre, al igual que el ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó.

Ambos han llegado al TSJCat al estar aforados como diputados. La pieza ha sido remitida por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Los delitos: malversación, desobediencia y revelación de secretos.

7.- La logística del 1-O, pendiente de juicio

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona prosigue la investigación de la organización y logística del proceso independentista.La titular del juzgado, Alejandra Gil Lima –quien sustituyó al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre de 2018 a causa de una leucemia- mantiene esta causa abierta en varias piezas.

En una de estas piezas ha acordado el procesamiento de 30 de las 45 personas investigadas. Considera que había un “plan común” y una “estrategia” para celebrar la consulta y declarar la independencia de Catalunya.

La mayoría son ex altos cargos del Govern de Puigdemont: la segunda línea del Ejecutivo, los números dos y tres de los distintos departamentos, y que tuvo un papel “decisivo” en la organización del referéndum. La magistrada impuso a 17 de ellos una fianza global de 5,8 millones de euros al ser la cantidad “supuestamente gastada o comprometida” para celebrar el 1-O.

También serán juzgados, por desobediencia, la responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (Núria Llorach) y los directores de TV-3 (Vicent Sanchís) y de Catalunya Ràdio (Saül Gordillo), al permitir que se difundieran anuncios sobre el 1-O, pese a haber sido advertidos por el Tribunal Constitucional.

La juez Gil Lima continúa la investigación sobre las otras 15 personas incluidas en la causa, entre ellas Carles Viver Pi i Sunyer —considerado el “arquitecto jurídico” del procés— y el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal.

8.- Procesos por las cargas policiales

En el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona se investigan los incidentes ocurridos en la jornada del 1-O, con las denuncias de las cargas policiales. Entre ellas, la de Roger Español, quien perdió la visión de un ojo por una pelota de goma, y a 13 policías nacionales que intervinieron en aquella carga del colegio Ramon Llull. Español, además de víctima tiene la condición en dicho proceso de investigado por haber arrojado una valla contra un agente de la policía.

Sólo esta causa consta de una treintena de piezas separadas, una por cada colegio electoral donde se aprecian indicios de delito.

En Catalunya hay decenas de causas abiertas en distintos municipios por el 1-O. Además, el juzgado de instrucción 2 de Girona admitió una denuncia de Torra contra la Policía Nacional, por un presunto delito de detención ilegal. La Policía detuvo a 16 personas por cortar las vías del AVE el 1 de octubre de 2018, en el primer aniversario del 1-O.

9.- El juicio a la cúpula de los Mosos

El día 20 de enero arranca el juicio por rebelión en la Audiencia Nacional contra Josep LLuís Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos por el 1-O.

La Fiscalía atribuía a Trapero, a Pere Soler, ex secretario general de Interior, y a César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, un delito de rebelión y pedía para cada uno de ellos 11 años de prisión. Además, acusa de sedición a la número dos de Trapero, Teresa Laplana, con una petición de condena de cuatro años de cárcel. Ahora que el Supremo ha descartado la rebelión, la Fiscalía tendrá que recondicur la acusación.

10.- ¿Quién pagará el dinero malversado?

El Tribunal Supremo ha enviado la sentencia al Tribunal de Cuentas para que fije las cantidades de dinero desviadas en el 'procés' y de la que deberán responder los cuatro condenados por malversación de caudales públicos: Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Sus propiedades quedarán embargadas cuando el Tribunal de Cuentas tome su decisión y hasta que cubran la cuantía total.

Así ocurre con los 5 millones de euros por el gasto de la organización del referéndum del 9-N del 2014 y que han aportado el expresidente catalán Artur Mas y sus exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, además de otros doce exaltos cargos de la Generalitat. Han recurrido al Tribunal Supremo las actas de liquidación resueltas por el Tribunal de Cuentas.

Las fianzas y las multas han sido financiadas hasta ahora por la llamada Caja de Solidaridad, organizada por ANC y Òmnium. 

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