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Elecciones generales 10N El PP recurre a un 'call center' secreto para atraer el voto indeciso utilizando 'big data'

A finales de mayo de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 58 bis 1 de la Ley Electoral General, que permitía a los partidos recopilar datos relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.

Selfie publicado por Pablo Casado. Pablo Casado a través de su cuenta de Twitter

marta monforte jaén

El Partido Popular y Ciudadanos tiran de la estrategia del 'call center' de cara al 10N. La manera de proceder en ambos partidos es, no obstante, distinta. Mientras que Ciudadanos busca que los afiliados y simpatizantes que figuran en su base de datos se impliquen en convencer y movilizar a su núcleo más cercano de votar a Albert Rivera, el PP ha dado un paso más allá, contactando con personas que votaron a los 'populares' en el pasado y que ahora dudan sobre si volver a hacerlo.

La persona encargada de coordinar esta campaña es el vicesecretario de política territorial del PP, Antonio Gonzalez Terol, que no ha contestado a las preguntas planteadas por Público respecto al funcionamiento de este modelo. Sin embargo, fuentes 'populares' que están implicadas en el proceso detallan a este diario que detectan "bolsas de indecisos" o de gente que "votó al PP y ahora ya no" y les llaman para sondear y orientar los mensajes. La manera de acceder a estos datos la consiguen mediante una empresa especializada de 'big data', que se encarga de hacer un análisis de gran cantidad de información para encontrar patrones de comportamiento.

Destacan en Génova que este modelo fue utilizado en el PP de Andalucía antes de las elecciones autonómicas, donde realizaron más de un millón de llamadas. La iniciativa ya está en marcha en todas las provincias y consiste en que sean los candidatos de las listas que concurren a las Cortes los que realicen las llamadas día a día. "Vamos sondeando y orientando los mensajes", cuentan fuentes del partido. "La primera llamada es para pedir permiso por parte de los operadores y en la segunda les llamamos los diputados y candidatos". 

"No son afiliados, sino gente a la que tratamos de animar  para que vuelva al PP siempre sin pedir el voto"

Lo que buscan no es únicamente conocer la opinión de los votantes, sino hablar con indecisos para tratar de convencerlos de "volver al PP". "No son afiliados —destacan, a diferencia del caso de la formación 'naranja'— sino gente a la que tratamos de animar siempre sin pedir el voto, porque todavía no se puede". Según las fuentes consultadas, la ciudadanía que se ha mostrado proactiva en colaborar muestra un visible "hartazgo" hacia la clase política. 

El ideólogo de la campaña es el consultor Aleix Sanmartín, al que fichó el PP andaluz en la pasada campaña -también ha trabajado para el PSOE- y ahora ha recuperado Casado. Preguntado por este medio, ha evitado hacer declaraciones. En un artículo publicado por diario El Mundo  publicado en abril de este año, explica que focalizó la campaña del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el Data-driving y la nano-segmentación digital.

"Dividimos la opinión pública en nano-segmentos, en función de su predisposición hacia el cambio. A cada nano-perfil le marcamos un objetivo y un mensaje. Mientras los demás partidos y medios de comunicación se obsesionan con Twitter -en donde suele haber pocos indecisos-, nosotros desarrollamos el grueso de la comunicación digital en Facebook", escribe junto a Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y director de campaña de Moreno.

¿Qué dice la Ley Electoral sobre nuestros datos?

A finales de mayo de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por unanimidad, declaró inconstitucional el artículo 58 bis 1 de la Ley Electoral General, que permitía a los partidos recopilar datos relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos. Estima así el recurso presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019, a partir de cinco escritos de diversas asociaciones, activistas y juristas

Al impedir el rastreo de las opiniones políticas, se corta de raíz la habilitación legal para elaborar perfiles políticos para segmentar (y personalizar al máximo) los mensajes de propaganda, origen de escándalos como el de Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Trump en 2016 microsegmentando sus mensajes, y del temor a una posible manipulación.

La introducción de este polémico precepto en la LOREG tiene su origen en una disposición final de la Ley de Protección de Datos, reformada este año. Básicamente, mediante este artículo España amparaba por ley lo que, en otros países, es un escándalo: la recogida 'online' de datos personales —tanto ideológicos como de contacto— de forma masiva por parte de los partidos políticos en periodo electoral, para luego bombardearnos con sus mensajes propagandísticos, claramente interesados. Algo que incluso la Agencia Española de Protección de Datos criticó en varias ocasiones.

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