No hubo tiempo para llamadas. A finales de la semana pasada, un funcionario de Prisiones notificó a Jon Enparantza, uno de los dos abogados encarcelados en el marco del último gran juicio contra militantes abertzales, que abandonaba la cárcel de Zaballa. El preso solo pudo decirle a otro recluso que se comunicara telefónicamente con su familia para avisarle. Poco más. Durante los siguientes cuatro días, Enparantza recorrió varios centros penitenciarios hasta llegar a la prisión madrileña de Estremera, situada a unos 500 kilómetros de Donostia.

Este abogado se había presentado el pasado 30 de septiembre en Zaballa junto a Arantza Zulueta, la otra condenada en el macrojuicio contra 47 personas acusadas de formar parte del “Frente de Cárceles” de ETA. El proceso se cerró con un acuerdo entre la acusación y la defensa que fue aceptado por los jueces de la Audiencia Nacional.

De esta manera, 45 de los acusados aceptaron penas que no implicaban ingresar en prisión. Los otros dos, Enparantza y Zulueta, asumieron volver a entrar en la cárcel para cumplir cinco meses que les restaban tras haber permanecido en prisión provisional. El juicio, que se preveía largo, se consumió así en apenas una mañana.

Enparantza, cuya familia vive en el barrio Antiguo de Donostia, llegó este lunes a Estremera, mientras que Zulueta –según indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias a EFE– será llevada próximamente a Valencia. La abogada bilbaína estará de esta manera a unos 600 kilómetros de sus familiares, que deberán recorrer esa distancia para visitarla.

“Zuluta y Enparantza ya habían cumplido un mes en Zaballa, por lo que le quedaban otros cuatro en prisión. Si a eso le añadimos que hubo un acuerdo entre la acusación y la defensa, sus alejamientos a Estremera y Valencia solo puedem entenderse según la lógica de la venganza”, afirma a Público Joseba Azkarraga, ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco y portavoz de la plataforma ciudadana Sare, creada precisamente para reclamar cambios en la política penitenciaria del Gobierno. A su criterio, el objetivo no es otro que “seguir haciendo daño a las familias”.

Por su parte, desde Etxerat, la asociación que agrupa a los familiares de presos, denunció que “el gobierno en funciones de Pedro Sánchez redunda en mantener la política penitenciaria en los mismos términos de excepcionalidad que hasta el momento, dejando en nada su anuncio de cambio que hiciera hace casi año y medio” respecto al fin de la dispersión.

Información "privativa"

Mientras tanto, fuentes de Instituciones Penitenciarias se limitaron a indicar que el destino de los reclusos lo decide la Secretaría General” de ese organismo. Sobre el caso concreto de Enparantza, se limitaron a afirmar que “estaba en Zaballa porque se había presentado allí voluntariamente”.

“Cada vez que alguien se presenta de forma voluntaria en un centro, luego se valora si es o no el más adecuado para el interno”, apuntaron. En cualquier caso, indicaron que la información concreta sobre este traslado es “privativa” del preso en cuestión, por lo que no facilitaron más datos.