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Escepticismo de las familias con las exhumaciones del Valle de los Caídos: "¿Quién me asegura que ahora es verdad?"

Las familias de las víctimas de la guerra civil y la dictadura enterradas en el Valle de los Caídos reciben con cautela, tras años de trabas y reveses, el anuncio de la vicepresidenta Calvo sobre el próximo comienzo de los trabajos de exhumación tras obtener la licencia municipal de San Lorenzo de El Escorial.

Vista del Valle de los Caídos. AFP/Óscar del Pozo
Vista del Valle de los Caídos. Óscar del Pozo / AFP

"Ahora solo falta fecha y hora…que vamos muy tarde", señalaba este jueves en su muro de Facebook  Silvia Navarro, la presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, tras conocer el anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, sobre el próximo inicio de los trabajos de rescate de los restos del más de medio centenar de fallecidos enterrados en el mausoleo franquista que sus parientes quieren recuperar para darles una sepultura digna.

La noticia llegaba al conocerse que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había concedido al Gobierno central la licencia de obras necesaria para acometer los trabajos de exhumación, que era el último escollo administrativo que quedaba pendiente para poder iniciarlos. A partir de ahora, y a salvo del propio desarrollo de la actuación, las decisiones pasan en exclusiva a la esfera política.

Tan solo unas horas antes del anuncio, Navarro recordaba que "las familias seguimos esperando a que se resuelva el expediente (…) para poder llevarnos a los nuestros del Valle de Sus Caídos".

"Todo tan absurdo e insultante como siempre", añadía, en un posicionamiento que comparten otros familiares de víctimas, como Pura Lapeña, que lleva más de cinco años esperando a que se ejecute la sentencia que, en mayo de 2016, ordenó la exhumación de su abuelo y de su tío, asesinados por los sublevados en las primeras semanas de la guerra civil cerca de Calatayud (Zaragoza).

"En España hay sentencias que no se cumplen", explica Lapeña, que confiesa que "no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a salir adelante".  "Claro que me gustaría estar equivocada -añade-, pero ¿quién me asegura que ahora va a ser verdad después de tantos reveses?".

“No vamos a ir para hacernos una foto”

Lo cierto es que, pese a contar con el respaldo de una orden judicial, la tramitación de las exhumaciones de Manuel y de Antonio Ramiro Lapeña, a las que después se irían sumando las autorizaciones administrativas para rescatar otros 52 cuerpos, han derivado en un kafkiano laberinto burocrático y judicial en el que varias de esas familias de víctimas de la guerra civil y de la dictadura llegaron a pasar un día en la entrada del recinto para, básicamente, nada.

El enredo ha incluido episodios como el veto a que las familias accedieran a los informes sobre el estado de la cripta y jornadas en las que Patrimonio del Estado ralentizaba en cuestión de horas, por el procedimiento de pedir más informes, lo que el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) parecía haber comenzado a desencallar.

"A Madrid iremos cuando empiecen las obras de verdad, pero no vamos a ir para hacernos ninguna foto", anota Lapeña, para quien el anuncio "es lo de siempre: lo sacan sin fechas. Y siempre acaban saliendo nuevas trabas".

"España es una anomalía, aunque la culpa es de los ciudadanos: en todos los países se acepta la verdad de la historia, lo que pasó, menos aquí", añade, en referencia a las trabas que en la práctica encuentran iniciativas como las exhumaciones.

“El trabajo de muchos meses comienza a ver la luz”

Varios de esos procedimientos, comenzando por el de los hermanos de Calatayud, los ha llevado como letrado Eduardo Ranz, uno de los principales expertos del país en temas de memoria democrática, para quien el asunto es "una muy buena noticia. Entendemos que ya no queda ninguna traba administrativa y que ahora deberían realizarse las exhumaciones".

No obstante, matiza, "se trata de una buena noticia, pero la satisfacción solo vendrá el día que los hermanos Lapeña sean enterrados en su tierra, en Aragón".

Para el abogado, que también desconoce qué plazos maneja la Administración para acometer las exhumaciones y entregar los restos a las familias, "lo razonable sería que a partir de ahora fueran los forenses quienes marcaran la pauta de lo que debe ir haciéndose".

En el Gobierno, por su parte, dan por hecho que el inicio de las obras es inminente. "Estamos muy contentos por haber recibido la licencia de obra y en breve comenzarán los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura reclamadas por sus familias", indicaban fuentes de la Vicepresidencia Primera, informa Alejandro Torrús.

Las mismas fuentes, que señalaron que habrá que esperar poco tiempo, ya que el Gobierno lleva mucho tiempo trabajando y pronto comenzarán a entrar los técnicos al Valle de los Caídos, destacaron que este fin de semana comienzan las visitas al Pazo de Meirás y pronto también habrá noticias de la nueva Ley de Memoria Democrática. "El trabajo de muchos meses comienza a ver la luz", apuntaron.

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