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Víctimas del franquismo Valle de los Caídos: Patrimonio oculta a los familiares de las víctimas el informe sobre la cripta

“No sabemos qué están haciendo allí, todo es opacidad, no nos dejan saber nada”, señala una descendiente de los hermanos Lapeña

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Héctor y Rosa Gil Rodríguez (1 y 2 i), nietos de Pedro Gil Calonge; Francisco Casado Blesa (c), nieto y sobrino nieto de José y Antonio Casado; Silvia Navarro (3d), de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos; Purificación Lapeña (2d), nieta de Manuel Lapeña, y su abogado Eduardo Ranz, hoy en la entrada del monumento, donde Patrimonio Nacional les ha impedido entrar para presenciar los trabajos de los técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, previos a la exhumación de cuatro cadáveres. EFE/Paolo

“No sabemos qué están haciendo allí, todo es opacidad, no nos dejan saber nada”. Pura Lapeña, nieta y sobrina de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, enterrados en el Valle de los Caídos tras ser asesinados por los sublevados en la zona de Calatayud (Zaragoza) en las primeras semanas de la guerra civil, sufre estos días el enésimo comportamiento kafkiano de la Administración: Patrimonio Nacional elude darles acceso al informe sobre la cripta en la que se encuentran los restos de sus familiares y ha rechazado entregárselo a su abogado, Eduardo Ranz.

Los responsables de Patrimonio Nacional, propietario del complejo de Cuelgamuros, cuentan ya con el segundo informe sobre la viabilidad de las exhumaciones en el llamado “nivel tres” de la Cripta del Sepulcro, en el que, según la documentación previa, se encuentran los restos de los hermanos, cuya recuperación fue ordenada hace ya dos años por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Escorial.

El primer informe del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), elaborado hace unos meses tras una primera inspección, concluye que tanto las cajas con los restos como el habitáculo que las contiene se encuentran en buen estado, por lo que la exhumación sería “posible con determinados límites”.

El segundo debía ser elaborado por el Consejo Forense y, en principio, incluir propuestas sobre cómo deben llevarse a cabo la identificación y la extracción de los restos. Sin embargo, Patrimonio Nacional ha optado por no trasladárselo a los afectados, y se desconoce si lo ha hecho con otras instancias de la Administración como el Ministerio de Justicia, el contenido del segundo.

“Hay un enorme entramado desde el franquismo”

En el caso del letrado, recientemente nombrado asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de Memoria Histórica, la respuesta fue que no se le reconoce como abogado de la familia y que, en todo caso, deberían solicitar acceso a cualquier documentación a través del Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo.

“Nos estamos dando cuenta de que hay un enorme entramado desde el franquismo”, señala Lapeña, quien lamenta que “el Gobierno no se está poniendo firme para exigir que se ejecute la sentencia”.

Un gran escudo de armas franquista en el Valle de los Caídos. REUTERS / Juan Medina

De hecho, antes de que se conociera el primero de esos informes, todo apuntaba a que la exhumación de los hermanos Lapeña y de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, estos últimos del bando sublevado, corría el riesgo de encallar en un kafkiano laberinto legal si los columbarios se hubieran convertido en un osario por el deterioro de las instalaciones

Un organismo presidido por un alto cargo del PP

En ese caso, las tres familias corrían el riesgo de verse obligadas a iniciar un nuevo pleito, de incierto progreso al requerir que se personaran en él representantes de todos los enterrados, ya que la extracción de los restos podría afectar a los derechos de otras familias no partidarias de la exhumación.

Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, tiene como presidente a Alfredo Pérez de Armiñán, el cual, tras ser designado para ese cargo en octubre de 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, sigue en el cargo cuando ya han pasado más de dos meses desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del ejecutivo en la moción de censura.

En ese periodo, el Gobierno ha relevado a casi 400 altos cargos de la anterior Administración.