En una demoledora carta, la Comisión Europea ha exigido explicaciones a España por la proposición de ley que han presentado PP, Cs y Vox en el Parlamento de Andalucía para ampliar las zonas regables –hasta 1.460 hectáreas– en el entorno de Doñana y que las organizaciones ecologistas han tachado de "amnistía" a los regadíos ilegales.

"A menos que se adopte y aplique efectivamente lo antes posible el conjunto de medidas necesarias para cumplir plenamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE [de junio de 2021], la Comisión está dispuesta a hacer uso sin dilación alguna de cuantos instrumentos tiene a su disposición […] para garantizar el cumplimiento" de ese fallo. "En particular, la Comisión podría decidir acudir al Tribunal de Justicia una segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de sanciones pecuniarias".

En la misiva, enviada por Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio ambiente de de la Comisión, a Marcos Alonso, embajador de España ante la UE a la que ha tenido acceso Público, se puede leer lo siguiente: "Le ruego transmita a sus autoridades nuestra honda preocupación por las posibles repercusiones que, de prosperar su tramitación, dicha propuesta tendría para la correcta aplicación" de las normas europeas sobre agua y protección de hábitats.

Añade la directora general: "La contribución de la proliferación de cultivos intensivos de regadío al progresivo deterioro que varios hábitats estrictamente protegidos por la legislación de la Unión vienen sufriendo desde hace décadas fue reconocida por el Tribunal de Justicia de la UE" en una sentencia de junio de 2021, cuyos efectos aún están en evaluación por la Comisión.

"Concretamente –avisa la directora general– es necesario que España aborde las causas del deterioro de los hábitats naturales, en especial de aquellos cuya conservación depende de la disponibilidad de agua". Esto, remacha Fink-Hooijer, "supone un desafío y aún no hemos concluido que se están aplicando todas las medidas para alcanzar la conformidad con la sentencia".

"Desconcertante"

"Resulta cuando menos desconcertante que el Reino de España esté contemplando la adopción de medidas que agravarían la situación y pondrían en grave riesgo el propio cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, lo cual suscita cuestiones relativas al respeto del Estado de Derecho por parte de las autoridades españolas", remacha el razonamiento la directora general.

"La regularización prevista –prosigue Fink-Hooijer– podría aumentar los niveles de extracción de agua subterránea para irrigación, que ya han ocasionado un descenso considerable […] de las masas de agua". "Debe tenerse en cuenta, además, el riesgo de que una nueva regularización de áreas de regadío tenga un efecto llamada que genere mayores impactos adversos", asegura la Comisión.

La carta abunda en estos argumentos: "Los conocimientos científicos y técnicos disponibles proporcionan sólidas evidencias de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas sobre los ecosistemas de Doñana".