Para las 4.500 personas que viven sin luz en la Cañada Real Galiana, en Madrid, la vía judicial es, en estos momentos, la mayor esperanza para el restablecimiento urgente del suministro eléctrico. Pero quizá es una vía demasiado lenta para la situación de extrema gravedad que atraviesan; por eso este martes pedirán la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Varias asociaciones y vecinos y vecinas afectados se trasladarán hasta la sede de la FGE para solicitar que abra diligencias urgentes para lograr la ansiada luz en sus hogares.

La denuncia que presentaron hace unos días ha recaído en el juzgado de instrucción 42 de la capital. El abogado de los afectados, Javier Rubio, explica a Público que los delitos que recoge la denuncia "son graves": coacciones, trato degradante y lesiones. Como denunciados, figuran la Comunidad de Madrid, "por ser propietaria de los terrenos en los que se asienta la Cañada Real", y la empresa suministradora Unión Fenosa-Naturgy. "Los dos se pasan la pelota y el asunto sigue sin arreglarse, desde el pasado mes de octubre. La situación es ya insostenible", dice el letrado Javier Rubio.

El abogado de las familias de la Cañada Real advierte: "Ojalá que no tengamos que lamentar ninguna pérdida humana". En ese sentido, pide en la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, que, como medida cautelar, el juzgado decrete el restablecimiento "inmediato" del suministro de la luz en los sectores 5 y 6. En ambos sectores, viven 4.554 personas, de los que 1812 son menores. Desde el pasado 2 de octubre se han producido cortes de luz hasta llegar a la situación actual en la que no tienen suministro.  

"Los vecinos y sus hijos e hijas no tienen acceso a iluminación, ni a agua caliente, ni calefacción, no pueden llevar a cabo las tareas de la escuela, ni acceder a una conexión a internet, uso de electrodomésticos, cargas de baterías, cocina, refrigeración de los alimentos, etc.", consta en la denuncia.

El motivo alegado Naturgy, la empresa suministradora, para el corte de luz es que hay residentes que han realizado enganches ilegales destinados a abastecer de luz cultivos interiores e intensivos de marihuana, y que esto provoca picos en el suministro que conlleva apagones constantes. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, llegó a decir en la Asamblea de Madrid hace dos semanas: "Para tener los 'Porsches' ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no". 

El Defensor del Pueblo critica a Díaz Ayuso

Estas declaraciones de la presidenta regional han merecido un reproche del Defensor del Pueblo, que este lunes ha hecho público su informe sobre el problema que se vive en la Cañada Real, tras su reciente visita al asentamiento. "Tales argumentos resultan falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia. Desde el Defensor del Pueblo no puede más que llamarse a la responsabilidad institucional de los responsables públicos para tratar los temas con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos", sostiene el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

En esa misma línea de la presidenta madrileña, también se desmarcó el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, que en un tuit dijo lo siguiente en relación a la población de la Cañada Real: "Frente a los que promueven el delito, vivir del cuento o de la subvención, nosotros apoyaremos a la España que cumple la ley, que trabaja y a la que nadie ayuda". Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no admitió la denuncia del grupo municipal Más Madrid por un presunto delito de odio.

La denuncia de las familias de este asentamiento recoge los datos del Equipo de Intervención en Población Excluida del Servicio Madrileño de Salud, que atiende a diario en una unidad móvil a lo largo del Sector 6. Esos datos hablan de cuarenta intoxicaciones por inhalación de dióxido de carbono y síntomas de congelación en niños, que se han tramitado en los servicios de urgencias del Hospital Infanta Leonor de Vallecas. "Para calentarse, algunas familias hacen uso de estufas de gas, incluso en mal estado", sostiene el abogado Javier Rubio.

Este letrado alerta de que la Comunidad de Madrid "está incumpliendo el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado el 17 de mayo de 2017, por la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid (los municipios afectados por el asentamiento)". Uno de los objetivos de ese Pacto Regional era garantizar un "adecuado" suministro de energía eléctrica. "Las familias quieren pagar su recibo de luz, llevan años exigiéndolo, pero la compañía y el gobierno regional no se ponen a ello", denuncia Rubio.

Los familias afectadas han puesto en conocimiento del juzgado una docena de casos "graves" atendidos en hospitales madrileños, como el de una niña de tres años con bronquitis obliterante post infecciosa. "Ha requerido a lo largo de su vida ingresar en hospital por episodios de broncoespasmos agudos graves, tras los cuales necesita de tratamiento de oxigenoterapia nocturna (necesita de máquina eléctrica)", reza en la denuncia.

Hace solo unos días, otro niño de cuatro años ingresó en el hospital con un cuadro agudo de gastroenteritis. El Defensor del Pueblo insiste en su informe en que se debe velar por el bienestar de los menores. Unos cincuenta niños y niñas del asentamiento han enviado cartas a Naciones Unidas relatando el calvario de frío, falta de condiciones para el estudio y el aseo en el que viven en la capital de España.