La Xunta de Galicia ha cerrado 138 centros públicos de enseñanza desde que Alberto Núñez Feijóo accedió al poder en el año 2009. Es decir el 11% -más de uno de cada diez- de los que existían en la comunidad cuando ganó las elecciones autonómicas de abril de ese año. En sus más de doce años en el poder, el presupuesto de educación se ha reducido en 113 millones de euros.

Cuando Feijóo ganó las elecciones en el año 2009, Galicia contaba con 1.220 centros escolares de titularidad pública. En el 2020, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), quedan 1.082. En el 2009, el presupuesto de la última Xunta bipartita de PSOE y BNG ascendía a 2.432 millones de euros, que representarían hoy, aplicando el índice de precios al consumo, 2.811 millones.

Para el 2021, el presupuesto de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades, que dirige Román Rodríguez, no alcanza los 2.700 millones de euros. Un 4% menos después de veintidós años de Gobierno en los que, sin embargo, Feijóo nunca ha dejado de erigirse en defensor de la educación pública, y en los que su aparato de propaganda sigue alimentando la falsa creencia de que ha ido aumentando esa inversión.

Lo cierto es que el PP está ejecutando desde hace años en Galicia una estrategia continuada que está derivando en el desmantelamiento y la depauperación de la calidad de la enseñanza pública en la comunidad.

El pasado mes de julio, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publició el anuncio de cierre de otros dos colegios púbicos. El de Pino de Val, en Mazaricos (A Coruña), y el de Baamonde, en Begonte (Lugo). Poco después, en la primera semana de agosto, el DOG anunció la supresión de otras 127 aulas de la oferta pública de educación infantil, primara y especial para el curso 2021-2022 en una treintena de centros de toda la comunidad.

El DOG indicaba que sólo se crearán dieciocho nuevas aulas, lo que arroja un saldo negativo de 109 unidades menos. Según la Confederación Intersindical Galega (CIG), mayoritaria en el sector, eso representará alrededor de 150 profesores menos que el ejercicio anterior.

"Que todo esto se haga en un curso aún en plena pandemia y con todas las incertidumbres, y que se haga sin tener en cuenta las necesidades del alumnado ni las del profesorado después de las dificultades y esfuerzos que han pasado, deja bien a las claras la falta de sensibilidad de la Xunta con la educación y con la enseñanza pública", señala Diego Boquete, secretario de Acción Sindical y Comunicación de CIG-Ensino.

La CIG alerta además de que este año el Gobierno de Feijóo va a ejecutar "un recorte sin precedentes" en el profesorado de educación secundaria no ya con respecto al curso pasado, en el que fue incrementado a causa de la crisis sanitaria, sino con respecto al curso 2019-2020.

Lo advierten en un estudio que recoge las comunicaciones que la Xunta ha remitido a las direcciones de los institutos gallegos sobre la cota de profesorado de la que dispondrán para el curso que se inicia en septiembre.

Curiosamente, el día en que el Diario Oficial de Galicia publicaba la modificación de unidades y puestos de trabajo para docentes en los colegios públicos, y que recogía ese saldo neto de 109 aulas menos, la Xunta sacaba una nota de prensa en la que aseguraba, literalmente, que mantendría "más unidades en infantil y en primaria que en el curso anterior a la pandemia".

"Intentan engañar a la opinión pública jugando con las cifras de aulas habilitadas el curso pasado porque se superaba el ratio de alumnos por aula legalmente establecido en las medidas de lucha contra el covid-19, confundiéndolas con las cifras de aulas reales del catálogo, que, repetimos, son 109 unidades menos", afirma Boquete.

La engañifa de la Consellería, según la CIG, consistirá en seguir considerando aulas hábiles las que tuvieron que ser duplicadas el año pasado por la necesidad de rebajar el número de alumnos ante el aumento de las distancias entre pupitres y que en su inmensa mayoría no fueron dotadas con más profesores.

"El PP demuestra que para ellos la educación es un gasto a cuadrar y no una inversión", concluye el sindicalista, que critica que la Xunta "siga jugando con las ratios de alumnos para adornar las cifras de los recortes".

Para justificar los cierres de aulas y colegios, la Xunta alega que se ejecutan "para adaptar la organización de los centros docentes a las necesidades efectivas de la población escolar y a las exigencias de unos cuadros de personal que incidan en la atención a la diversidad con la introducción de profesorado especialista y la mejora de su oferta educativa".

Pero esa redacción esconde los efectos prácticos que tendrá la medida sobre las familias y los alumnos y alumnas y afectadas. La supresión del centros de educación infantil y primaria (CEIP) de Baamonde se aplicará mediante su "integración" (sic) en el CEIP Virxe do Corpiño, situado en un pueblo a ocho kilómetros de distancia. Por su parte, el alumnado del CEIP Pino do Val de Mazaricos tendrá que desplazarse al de A Picota, a seis kilómetros.

Mazaricos y Begonte son dos municipios interiores gravemente afectados por la crisis demográfica y el envejecimiento de la población, un argumento que la Xunta viene empleando desde hace años de manera recurrente para justificar la supresión de servicios públicos esenciales en zonas rurales.

En resumen: "No hay alumnos", viene a decir la Xunta. Pero sí los hay. Entre 2013 y 2020, el periodo más amplio en el que el IGE ofrece datos de matriculaciones segregados por municipios, el alumnado en infantil y primaria en Mazaricos cayó en 43 matríiculas —de 231 a 187—.

En Begonte se perdieron 23 —pasó de 113 a noventa—. ¿Justifica esa caída cerrar esos centros? Globalmente el argumento demográfico aún es más falaz. En el 2009, cuando Feijóo llegó a la Xunta, había en Galicia 263.587 alumnos matriculados en centros públicos de enseñanzas no universitarias. En el 2020 eran 284.331. Un 8% más.

Público ha preguntado al departamento de Educación del Gobierno autonómico por las cifras reales de recortes de aulas y profesorado para el año que viene, pero la Consellería reitera las cifras de la citada nota de prensa.

También reclamó información sobre la evolución de la inversión en educación concertada durante los mandatos de Feijóo, pero la Consellería se remitió a su informe Datos y cifras de la enseñanza no universitaria 2020-2021, en el que aparecen las cifras de alumnado pero no las de finanación de los centros privados concertados. Según La Voz de Galicia, representó el 10% del presupuesto de Educación del año 2018. Tampoco quiso la Xunta valorar las críticas por los cierres de aulas y colegios.