Buenas noticias para las mujeres que denuncian la sustracción de sus recién nacidos en décadas pasadas de la democracia y durante la dictadura. La Fiscalía General del Estado admite a trámite la denuncia colectiva de 56 familias, englobadas en media docena de asociaciones. Es la primera vez que se interpone una denuncia colectiva por casos de 'niños robados' con una perspectiva de género. Un nuevo enfoque que, de momento, parece surtir efecto. Las denunciantes entienden que el delito se perpetró contra las mujeres, tanto solteras como casadas, en el momento del parto.

La denuncia, que fue presentada el pasado 19 de noviembre, recoge los casos de 56 mujeres que dieron a luz en maternidades e instituciones benéficas para madres solteras de Andalucía, Euskadi, Cataluña, Madrid, La Rioja y Galicia, entre 1952 y 1987, y a las que les informaron por parte del personal sanitario o religioso que sus bebés habían fallecido, sin obtener ninguna prueba de ello. En algunos casos, según ha sabido Público, ni siquiera cuentan con la documentación que acredita haber dado a luz; en otros casos, sus hijos no constan enterrados. 

Las asociaciones denunciantes son la Plataforma Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te estamos buscando';  las asociaciones SOS Bebés Robados Comunitat Valenciana, Catalunya y Navarra; SOS Bebés Robados/ SOS Haur Lapurtuak; Asociación Sin Identidad Biológica; y Asociación Lucha de Madres de Bebés Robados Andalucía, Alumbra. La responsable de esta ultima entidad, María Bueno, que también es la coordinadora de la Plataforma ' Te estamos buscando' , explica a este diario que las denunciantes "nos encontramos esperanzadas de que esta vez se lleve a cabo una investigación exhaustiva  y coordinada, dando respuesta a un problema humano y a una necesidad social".

La Fiscalía, en una carta dirigida a María Bueno, manifiesta su obligación de dar respuesta a aquellas madres, hijas, hijos y familias que sospechan haber sido víctimas de una sustracción de sus bebés. Incide en que, pese a que algunos casos presentes en la denuncia ya habían sido investigados y archivados por la Justicia, podrían reabrirse en base a nuevas pruebas. Deja claro el Ministerio Fiscal que la investigación deberá ser individualizada, pese a que puedan existir conexiones en el modus operandi de clínicas e instituciones, como las casas-cuna, para madres solteras. Y anuncia que ya ha incoado expediente de coordinación para "el seguimiento centralizado de todas las actuaciones" que ordenará el Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional.

No obstante, recuerda la Fiscalía General del Estado que las distintas investigaciones, desde 2011, sobre la sustracción de recién nacidos no han permitido acreditar, de momento, la existencia de una trama como tal.  

En su denuncia, que ha contado con el asesoramiento de la Fundación Baltasar Garzón, las asociaciones antes citadas denuncian delitos de desaparición forzada y crimen de lesa humanidad, que no prescriben. También argumentan delitos de falsedad documental, suposición de parto, alteración de la filiación y violencia de género, porque entienden que "la violencia sufrida por las madres en el momento de su parto formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición".