La votación de la reforma laboral en el Congreso, que salió adelante por la mínima gracias a un error del diputado del PP Alberto Casero y a pesar del rechazo de los socios prioritarios del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, puso contra las cuerdas al bloque de la investidura. No obstante, esta fractura no hizo peligrar la legislatura porque, tanto los partidos que componen el Ejecutivo de coalición como los aliados parlamentarios, llamaron a continuar negociando en el resto de leyes pendientes de tramitarse.

Casi tres meses después, el estallido del 'caso Pegasus', así como la gestión que el Gobierno ha hecho del mismo (o las respuestas "insuficientes" que ha dado hasta ahora, según el independentismo), ha cambiado el panorama de tal forma que la aritmética parlamentaria estable, configurada a través de la mayoría progresista, se asoma a un abismo del que podría ser complicado salir.

Esta situación, que lejos de relajarse cobra cada vez más peso (ERC pidió este miércoles la dimisión de Margarita Robles), coincide con la convalidación o derogación del real decreto-ley por el que se establecen las medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Lo que hasta hace unos días parecía que iba a ser una votación aparentemente plácida para el Gobierno se puede convertir en una importante derrota parlamentaria (sería la segunda en toda la legislatura).

Y es que, a escasas horas de que la norma se enfrente a su examen en la Cámara Baja, ERC y EH Bildu no tienen aún decidido el sentido del voto, lo que obligaría al Ejecutivo a depender de la abstención o el apoyo del PP para no tener que fiar la votación sólo al sí de los partidos minoritarios. Esta última opción es la menos óptima para los socialistas después del precedente de la votación ajustada de la reforma laboral.

A pesar de las propuestas realizadas por los de Pedro Sánchez para "reconstruir la confianza" entre los partidos independentistas, como la apertura de un control interno en el seno del CNI, la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales o la investigación anunciada por el Defensor del Pueblo, estas dos formaciones, junto a otras fuerzas políticas, incluido Unidas Podemos, piden una comisión de investigación en la Cámara Baja para conocer quién y por qué se ordenó el espionaje para depurar responsabilidades.

Pero hasta la fecha, los socialistas descartan esta posibilidad. Y esto, sumado a las palabras de la ministra de Defensa en la sesión de control al Gobierno de este miércoles ("¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?"), han echado más leña al fuego en las relaciones con los socios hasta el punto de que la confianza ha quedado "quebrada", según reconocen fuentes parlamentarias de ERC y EH Bildu.

Ambas fuerzas políticas, con dirigentes espiados en sus filas (incluso diputados), entienden que, a pesar de la importancia del decreto anticrisis, el cual recoge en buena medida varias de sus propuestas, la situación derivada del 'caso Pegasus' es tan "crítica" y "grave" como para justificar su rechazo a la norma, pues no puede quedar impune. 

A estas alturas, aunque no sin críticas por su "vaga" respuesta al escándalo de espionaje, el Gobierno tendría garantizados los síes de otros socios habituales en el Congreso. Además de PSOE y Unidas Podemos, PNV, Más País y Compromís han señalado que votarán a favor del plan de choque contra la crisis. También, otros partidos minoritarios. Incluso PDeCAT, que se ha visto afectado por este caso, ha garantizado el apoyo de sus cuadro diputados a pesar de reconocer que las relaciones no son las mismas que antes con el Gobierno. 

Ciudadanos, por su parte, ha avanzado este martes que por el momento están en el 'no'. Una posición que solo podría cambiar, aseguró Edmundo Bal, si el Gobierno acepta sus exigencias para impulsar la energía nuclear y mantener abiertos los siete reactores activos que hay en España. 

El PP, al rescate

La ecuación es difícil de resolver para el Gobierno si no hace ninguna concesión en las próximas horas. Núñez Feijóo lo sabe y está dispuesto a llevar a Pedro Sánchez hasta el extremo. La última propuesta de los populares al Ejecutivo para salvar el real decreto-ley anticrisis es que tramite el texto como proyecto de ley, "se comprometa por escrito a que sea en este periodo de sesiones", e incorpore los cuatro pilares fundamentales de su batería de medidas económicas. Es decir, Génova, por ahora, tampoco cede. "Hay tiempo", aseguraban fuentes de la dirección del PP. Lo cierto es que quedan poco más de 12 horas para la votación.

Los populares mantienen sus exigencias: "una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas", una bajada en el IVA para la electricidad "de acuerdo con las normas comunitaria", una "gestión eficiente" de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático de Ejecutivo. A cambio de esto, el PP convalidaría el plan de choque en la Cámara Baja.

La negociación ‘in extremis’ entre PSOE y PP la lideran María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Juan Bravo, consejero de Hacienda en Andalucía y vicesecretario de Economía en el nuevo organigrama de Génova. Montero y Bravo mantuvieron una primera conversación telefónica el pasado martes por la noche: "sin avances", valoraron fuentes populares. Pero 24 horas después al Gobierno seguían sin salirle los números y en la tarde de este miércoles Montero y Bravo volvieron a contactar.

El vicesecretario económico del PP le trasladó a Montero las exigencias del partido y, a priori, pareciera difícil que Sánchez pueda dar su visto bueno. Hasta ahora el presidente del Gobierno se ha negado a hacer rebajas fiscales, la primera propuesta, y la más innegociable, para el Partido Popular. Pero los contactos entre socialistas y populares se han incrementado en las últimas horas y si ERC se mantiene en el 'no', el PP podría ser la última y única opción de Sánchez.

En el PP, reconocen fuentes parlamentarias de máxima solvencia, se sienten cómodos como espectadores de la crisis abierta entre la coalición y sus socios independentistas. Es el papel que han jugado en los últimos días, a la espera de que el Gobierno no lograse atar los apoyos suficientes y tuviese que recurrir a una negociación con el principal partido de la oposición. El plan se les ha cumplido a los populares.

El Gobierno se abre a introducir medidas de otros grupos

Sin embargo, a última hora de la tarde de este miércoles, y ante el riesgo que supondría una eventual derrota parlamentaria ante un plan de choque por el que se movilizan 16.000 millones de euros, fuentes gubernamentales señalaron su disposición de tramitar el real decreto-ley como proyecto de ley en el Congreso "para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios", propuesta que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó por carta al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

Con esto, el Gobierno pretende recabar los apoyos necesarios para superar este importante examen en la Cámara Baja, dejando la pelota en el tejado de los conservadores que, al cierre de esta información, insistían en que no era suficiente con este gesto. De esta forma, si el decreto resulta convalidado (se necesitan más síes que noes), se produciría otra votación para que sea tramitado como proyecto de ley y, por tanto, poder introducir medidas durante su andadura parlamentaria.