Después de haber eliminado el impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio en Andalucía, que solo pagaban los más ricos, el Gobierno andaluz rechaza implantar una tasa turística en la Comunidad, como han reclamado los ayuntamientos de Sevilla y también Málaga.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), así lo manifestó este martes. "No es el momento", dijo. Este no es un tema del todo pacífico en el PP, que votó a favor en Sevilla y que en Málaga, "si es de acuerdo con el sector", como afirma el alcalde, Paco de la Torre, también es favorable a su implantación.

Algo parecido a De la Torre opina España. "Se debería ir de la mano del sector y estudiarlo". Ella, según manifestó, no dice que "no rotundo" a la tasa, pero sí considera que en un "momento complicado" como el actual, "con una incertidumbre brutal" a nivel económico generalizada en el mundo occidental, no cree que sea oportuno plantearse "tasas nuevas".

España puntualizó que quien lleva el asunto es la Consejería de Turismo, donde tienen claro que ahora no van a entrar en este tema: "No es momento de aplicar una tasa porque primero el sector se opone a ella y además hay otras prioridades como dotar de liquidez a las empresas y facilitar el acceso a personal cualificado".

Además, aseguran a Público en la Consejería que lleva Arturo Bernal (PP) que "no es una tasa": "Es un impuesto que recaería sobre millones de andaluces que viajan por nuestra comunidad: no es un asunto que se circunscriba solo al turista extranjero". "Este Gobierno –añaden– ha venido a bajar impuestos, no a poner nuevos".

La tasa turística que se pretende implantar en Sevilla es la siguiente: todos los usuarios de hoteles, hostales y  alojamientos privados de la ciudad pagarían entre 50 céntimos y dos euros por estancia. Con ella, el ayuntamiento aspira a recaudar unos 7 millones de euros. Los consistorios no tienen competencias y el modo de regularla sería por medio de una ley o bien de la Junta de Andalucía o bien del Gobierno de España.

Esta tasa ya existe, creada mediante leyes autonómicas, en Baleares y en Catalunya y también está muy extendida por toda Europa desde hace años: así, París y el conjunto de ciudades francesas, Lisboa, Oporto, Berlín, Roma, Milán, Florencia, Venecia, Ámsterdam, Viena, Praga, Bruselas, son algunos de los muchos destinos que aplican una fiscalidad turística. 

La consejera de Economía y Hacienda afirmó que "hay algunos ayuntamientos que han pedido" esa tasa en Andalucía, como los de Sevilla o Málaga, pero otros no, de forma que "no hay unanimidad en el tema", según recoge Europa Press.
El turismo es una industria de primer orden en Andalucía, aporta el 11% de los empleos de la Comunidad y está de manera permanente en el ojo del huracán por su estacionalidad y temporalidad. Durante la pandemia, quedó dañado, pero ha venido recuperando el tono poco a poco, tras superar la crisis del coronavirus, según los datos del Gobierno andaluz. 

Vivienda

El debate sobre la tasa turística es ya añejo en Sevilla y tiene un lustro al menos. En 2018, un estudio llamado Sobre la oportunidad de las tasas turísticas: el caso de Sevilla, elaborado por los profesores Ana García López, Manuel Marchena Gómez y Álvaro Morilla Maestre, de la Universidad de Sevilla, puso de relieve la problemática.

En ese trabajo, se puede leer: "Empiezan a aparecer signos alarmantes –analizan los profesores– en destinos urbanos, de disfuncionalidades e insostenibilidades turísticas, señal inequívoca de problemas futuros. Cada vez parece más evidente que se está produciendo una burbuja tanto hotelera, basada en el interés de los Fondos de Inversión más agresivos, como residencial, con la proliferación en barrios muy concretos de viviendas turísticas de muy alta rentabilidad y escasa aportación fiscal. No debe olvidarse que el sector público proporciona seguridad, transportes y servicios a esos turistas, amén de paisaje urbano, a cambio en la mayoría de los casos de una tasa o IVA, para los apartamentos, con el tipo más bajo que existe: cero".

En efecto, la presión turística ha complicado el problema de la vivienda, sobre todo el alquiler, en determinadas zonas de Sevilla. Hace cinco años, este asunto ya estaba sobre la mesa: Así, el trabajo de los profesores recoge: "Mientras que el alojamiento regulado ha sido tradicionalmente objeto de estudio exhaustivo por parte de las instituciones estadísticas (estatal, autonómicas y municipal), no existe una información clara y objetiva sobre la oferta de alojamiento turístico en viviendas de alquiler ni para Sevilla ni para ningún otro destino urbano español. Se trata de una discusión global ya presente en los principales destinos turísticos del mundo. Muchos de los cuales disponen de marcos normativos (al que ya se ha sumado Andalucía), para tratar de limitar los impactos desfavorables de este fenómeno, e incluso prohibir de facto ese tipo de alojamientos, por considerarlos perjudiciales para el desarrollo de su modelo turístico y/o de convivencia ciudadana. […] Su control y su conocimiento es prioritario de cara a una adecuada toma de decisiones tanto desde la administración como por parte del empresariado turístico".

El destino de los fondos obtenidos con esta tasa tampoco está definido. El Ayuntamiento de Sevilla tampoco lo aclara más allá de proclamar, en una moción, que deben ser "fuente de impulso para la transformación continua de Sevilla para hacer de esta una urbe más sostenible y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles" y que deben también "incrementar los recursos destinados a la promoción de Sevilla como tercer destino urbano de España y a la protección del patrimonio histórico cultural".