El Gobierno aprobará este viernes el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana con varias modificaciones respecto al anteproyecto inicial aprobado el pasado mes de noviembre, siguiendo las recomendaciones formuladas por diversos órganos consultivos y asociaciones, según han informado fuentes del Ministerio del Interior.

La ley de Seguridad Ciudadana inició su andadura con gran polémica por las sanciones que atribuía a numerosas conductas, dividiéndolas entre faltas muy graves (sancionadas con multas de entre 30.001 euros y 600.000 euros), graves (entre 30.000 y 1.000 euros) o leves (con multa de entre 100 y 1.000 euros). Durante los últimos siete meses, el anteproyecto aprobado por el Gobierno se ha sometido al dictamen de numerosos órganos consultivos, que han cuestionado algunos aspectos del texto. Esto ha llevado al Gobierno a introducir diversas modificaciones en el proyecto que aprobará hoy atendiendo a las recomendaciones de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, la Agencia Europea de Protección de Datos, la FEMP, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace.

Fuentes del Departamento de Jorge Fernández Díaz han explicado que se han asumido todas las observaciones "esenciales" que se han formulado para lograr el objetivo de "garantizar las mejores condiciones para la seguridad ciudadana, con un absoluto respeto a la libertad y con una total seguridad jurídica". En este sentido, aseguran que el texto que finalmente será sometido a su aprobación por el Consejo de Ministros contará "con todas las garantías en cuanto a su constitucionalidad y con un escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas".

Podrían ser sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización 

Uno de los aspectos más polémicos del texto inicial con el que trabajaba el Ministerio del Interior era el referido a las actuaciones dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). En el anteproyecto aprobado en noviembre, los insultos, vejaciones, amenazas o coacciones a los agentes quedaban con la consideración de falta leve, igual que el uso y distribución de imágenes de los policías con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o puedan poner en riesgo una operación.

Mientras, entre las sanciones más altas el Gobierno incluía la perturbación "muy grave" de la seguridad ciudadana en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos, así como las convocatorias "con finalidad coactiva" celebradas durante la jornada de reflexión o el día electoral. De la misma forma, podrían ser sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas siempre que supongan un riesgo para las personas o perjuicio para su funcionamiento.

Además, el texto contemplaba como sanción muy grave el manejo armas prohibidas o explosivos no catalogados, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas o la proyección de dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser contra vehículos y otros medios de transporte como aviones. También cuando una persona sume tres faltas graves en el periodo de dos años.

Las concentraciones en torno a las Cortes Generales cuando éstas no hubiesen sido debidamente comunicadas quedaron calificadas como falta grave siempre y cuando supongan perturbación de la seguridad ciudadana, independientemente de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas.

Por su parte, incluía en la categoría de sanción leve la celebración de cualquier reunión o manifestación no comunicada, independientemente de dónde se realice, y sólo la eleva a la categoría de grave en determinados supuestos, como la realización de actos violentos. De la misma forma, contemplaba como grave la participación en alteraciones de la seguridad ciudadana con el rostro cubierto o la obstrucción a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. En este supuesto podría entrar el boicot a un Pleno municipal o incluso los actos para impedir desahucios si no constituyen delito.

Prostitución

Además, incluía la sanción por ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios frecuentados por menores o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial, aunque la conducta no será sancionada si la persona es víctima de la trata de seres humanos. En el apartado de las infracciones graves también se incluían aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas o el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación.

También tenía esta consideración el consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado, siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas 'cundas'.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como Ley Corcuera de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

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