Las pistolas táser provocan una mezcla de temor y denuncias en distintos puntos del planeta. Solo en EEUU se estima que más de 1.000 personas han muerto a raíz de disparos realizados con esas armas de electrochoque en las últimas dos décadas. Hay casos y denuncias recientes. No obstante, nada de ello ha impedido que el Gobierno español autorice la venta de 355 cartuchos electrónicos para cuerpos policiales de EEUU en 2021. 

El dato aparece en el análisis realizado por Amnistía Internacional (AI) sobre las exportaciones españolas de armamento registradas en 2021. Dichas operaciones contaron con la aprobación de la Junta Interministerial que se encarga de conceder las autorizaciones de venta de ese tipo de material al exterior.

Las actas de esa junta –mediante las cuales se podrían conocer detalles sobre las garantías que dispone el Ejecutivo para permitir tales operaciones– ostentan el carácter de información secreta desde 1987, cuando el Gobierno de Felipe González, tras cerrar negocios de ese calibre con la dictadura chilena, optó por cubrir el asunto con un gran manto de opacidad. Lo hizo al calor de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, que hoy sigue vigente. 

No en vano, AI ha aprovechado este contrainforme sobre las exportaciones registradas en 2021 –elaborado en base a los datos que envía el Gobierno al Comisión de Defensa del Congreso– para volver a pedir que se levante el secretismo que sigue reinando en torno a este asunto.

El documento incide en las operaciones más delicadas que se realizaron a lo  largo  del año pasado. Entre ellas se encuentra la autorización de "una licencia de exportación a Estados Unidos de 355 cartuchos electrónicos para pistolas táser para una empresa distribuidora a los cuerpos policiales". Del mismo modo, se concedieron tres licencias de exportación a Andorra en concepto de dos pistolas de descargas eléctricas para el Ministerio de Justicia e interior.

"Amnistía ha publicado diversos informes sobre las pistolas táser y, habida cuenta de la preocupación por los riesgos asociados a su uso, ha solicitado la
suspensión de su uso y transferencia a cualquier destino, hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos", recuerda la organización de derechos humanos. 

En esa línea, insta al Gobierno español a "suspender las transferencias de pistolas eléctricas y armas táser hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos". 

Una investigación de la agencia Reuters publicada en junio de 2020 señalaba que hasta finales 2018 se habían documentado en EEUU 1.081 casos "en los que murieron personas después de ser electrocutadas por la policía con una pistola paralizante, la gran mayoría de ellos después del año 2000". De acuerdo a ese reporte, "al menos el 32% de los que murieron eran negros".

"Su mala utilización puede llevar a casos de trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura, en casos en los que su uso no ha estado justificado o ha tenido una intención de castigo", destacaba por su parte AI en un informe publicado en 2021. Fue el caso de Jordan Norris, detenido en noviembre de 2016 por la Policía del Condado de Cheatham, en el estado de Tennessee. Según consta en un video, el joven recibió varias descargas de táser mientras permanecía atado a una silla. 

En abril pasado, el refugiado congoleño Patrick Lyoya murió por disparos policiales en Grand Rapids (Michigan). Los agentes que intervinieron en su detención y posterior asesinato intentaron en un primer momento dispararle con una pistola táser. Lyoya iba desarmado. Tenía 26 años. 

Impunidad policial

El informe de AI incide además en las exportaciones de material antidisturbios a Túnez, donde "las fuerzas de seguridad siguieron respondiendo a protestas pacíficas con detenciones arbitrarias y fuerza excesiva con impunidad". También se autorizó la venta de 100 aerosoles de defensa personal al Ejército de Tierra de Perú "pese a que persistía la preocupación por la impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley".

Otros 5.000 aerosoles de ese tipo fueron vendidos en 2021 a la Policía de la República Democrática del Congo, un país en el que "con frecuencia" las concentraciones y protestas organizadas por partidos de la oposición o por la sociedad civil "eran prohibidas o reprimidas de forma violenta".

Misiles para Arabia Saudí y Emiratos

Asimismo, AI critica las nuevas exportaciones de material militar a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, involucrados desde marzo de 2015 en una campaña militar en territorio yemení. Ambas monarquías absolutistas han vuelto a comprar bombas, torpedos, cohetes o misiles fabricados en España. 

El importe de las 33 autorizaciones de material de defensa a Emiratos Árabes Unidos superó los 120,5 millones de euros, mientras que en el caso de Arabia Saudí se registraron 20 licencias por un valor de 85,6 millones de euros. 

Leve caída

En términos generales, durante 2021 las exportaciones españolas de material de defensa superaron los 3.290 millones de euros, "una cifra ligeramente inferior a la media de en torno a 4.000 millones durante el lustro anterior", aprecia AI. El valor de las exportaciones de material antidisturbios fue de 457.316 euros, mientras que las ventas de armas de caza y tiro deportivo superaron los 101 millones.