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Armas eléctricas Las pistolas taser, un arma letal sin manual de instrucciones

No existe un marco regulador común que fije requisitos a la hora de usar estas armas a pesar de que hay estudios que certifican su peligrosidad. Los sindicatos policiales las reclaman y asociaciones pro derechos humanos las critican. 

Taser Mossos
Un agente de los Mossos con una pistola taser en una imagen de archivo. EP.

La utilización de las pistolas taser por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vuele a estar en el punto de mira. Este jueves se difundió un vídeo en el que un dispositivo de los Mossos d'Esquadra reducía con una de estas armas a una joven en la puerta de un hospital entre críticas por hacer un uso de la fuerza preocupante y desproporcionado.

Desde su llegada a España, el debate en torno al uso de este instrumento ha suscitado la polémica. Mientras que los sindicatos policiales defienden la incorporación de este tipo de armas, que consideran que generan una "lesividad mínima", organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos como Amnistía Internacional están preocupadas por los riesgos que entrañan para la vida de las personas. Por su parte, la ONU las considera un dispositivo de tortura que puede ocasionar la muerte.

Repasamos algunas de las claves sobre el uso de estos dispositivos en España.

¿Qué son y qué efectos tienen sobre quien recibe un disparo?

Las pistolas taser son unas armas diseñadas para incapacitar a una persona o a un animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente. Taser es la marca y su nombre procede del acrónimo de Thomas A. Swift's Electric Rifle, la obra de Victor Appleton escrita en 1911 en la que su protagonista crea un rifle eléctrico.

Los riegos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas

Aunque los que promueven su uso aseguran que únicamente inmovilizan generando una incapacitación inmediata y transitoria de las persona mediante pulsos eléctricos y que en ningún caso hay consecuencias mayores, lo cierto es que los efectos sobre los ciudadanos que reciben los disparos sí que pueden ser graves. Amnistía Internacional señaló en 2015 que las lesiones secundarias que puede generar al afectado al desplomarse pueden ser incluso letales. Además, los riesgos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas. 

La joven que recibió este jueves tres disparos con una de estas armas en Sabadell, Paula Parra, ha relatado en TV3 que con el primer tiro sintió un pinchazo en el pecho durante unos segundos y acto seguido notó una descarga eléctrica que la tiró al suelo. Después de este, recibió otros dos impactos en el brazo, ha explicado. 

Una investigación de Reuters asegura que en Estados Unidos, en unos 20 años, han muerto más de 1.000 personas que habían sufrido un "incidente" con una de estas pistolas. En 153 de estos casos las autoridades han confirmado  que las tasers fueron culpables directos o contribuyeron al fallecimiento.

¿Quién las usa?

En Catalunya, el Parlament autorizó en julio de 2016 que se dotara a la Policía catalana de estas armas. Los Mossos d'Esquadra utilizaron por primera vez una taser en septiembre de 2018 para reducir a un hombre que se comportaba de manera agresiva con su exmujer y su hija en un bar de Girona. En Euskadi, el Gobierno vasco dedicó en el año 2017 una partida de 50.000 euros para comprar este tipo de dispositivos a la Ertzaintza. 

También unos 200 cuerpos de policías locales de diferentes ayuntamientos las han incorporado ya. "La falta de regulación y de un marco normativo general genera un vacío legal", que permite que cada Administración decida por su cuenta si usarlas o no, señala el portavoz de la Fundación por los derechos humanos Irídia, Andrés García.

De los grandes consistorios, el de Madrid ha dotado a su Policía Local con más de 200 pistolas taser bajo el pretexto de que la utilización de las armas eléctricas respetará criterios garantistas para la seguridad. El Ayuntamiento de Barcelona no las ha incorporado por el momento, pero sí que lo han hecho más de una cincuentena de municipios catalanes. Mientras, los sindicatos han solicitado que se incorpore como arma para el cuerpo de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Por su parte, la Policía Nacional recientemente ha comprado un lote de 1.000 de estos dispositivos. También está previsto que agentes de la Guardia Civil tengan acceso a ellas. 

¿Bajo qué protocolos?

El principio básico es que los cuerpos policiales solo deberían hacer uso de estas armas cuando la situación entrañe un riesgo grave para la integridad física. Ahora bien, no existe un marco normativo común que regule su uso.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos han reclamado tanto al Congreso como al Ministerio de Interior la necesidad de que se cree una instrucción de uso que cumpla con ciertos requisitos. En concreto, exigen que cada intervención con una taser quede grabada, cuestión que por el momento no es indispensable.

Para el ministerio de Grande-Marlaska "no es obligatorio ni necesario" que los agentes que porten las armas eléctricas registren sus intervenciones "con carácter general" a pesar de que el modelo adquirido por el Ejecutivo ofrece la posibilidad de realizar grabaciones. Mientras, para García es "absolutamente imprescindible porque es la única manera de garantizar que todas las actuaciones serán revisadas". 

¿Cuáles son las consecuencias?

El portavoz de Irídia señala que la implementación de las pistolas de electrochoque en los cuerpos de seguridad de Estado puede traducirse en un aumento de la violencia institucional.

Para Amnistía estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida

A Amnistía Internacional también le preocupa porque a su juicio, estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida: son fáciles de llevar, de usar y de causar un gran dolor sin dejar grandes marcas visibles. Además, y coincidiendo con la postura de la ONU, consideran que pueden convertirse en herramientas de tortura si se utilizan cuando la persona ya está reducida o bajo custodia policial.

García señala que existe el riesgo de que ciertas situaciones que se podrían resolver con otros métodos policiales, se acaban utilizando también estas armas: "Es una herramienta cómoda, fácil y segura para el agente, pero lesiva y que puede llegar a ser letal para la ciudadanía". 

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