El Gobierno deja sin regularizar a miles de migrantes afectados por la DANA pese a la petición de Sumar

Miles de migrantes han quedado fuera de la regularización extraordinaria y temporal que aprobó el Gobierno para las personas extranjeras afectadas por la DANA. Es una estimación que hacen las asociaciones defensoras del colectivo, que no cesan en pedir al Ejecutivo que amplíe el plazo —ya concluido— para que todos los migrantes afectados por la gota fría puedan solicitar el permiso de trabajo y residencia. También Sumar lleva semanas presionando, desde el Congreso, en ese mismo sentido. "No puede haber ni uno que se quede fuera", asevera un diputado de la formación de Yolanda Díaz en conversación con este medio. La respuesta del Gobierno, por el momento, ha consistido en desoír la gran mayoría de esas peticiones. 

El 11 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó una regularización temporal para evitar que miles de migrantes residentes en los territorios afectados por la DANA quedaran desamparados y sin acceso a las ayudas aprobadas por el Gobierno. Por concretar, el Ejecutivo ofreció la posibilidad de solicitar permiso de trabajo y residencia a las personas extranjeras —y sus familiares— que "tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024" y pudieran demostrarlo. 

Dicho permiso tiene una vigencia de un año en los casos generales y hasta de cinco años en los de personas extranjeras que sean familiares de víctimas mortales de la DANA.

El plazo para solicitar esa regularización empezó 14 de febrero y finalizó el 14 de mayo. Y lo cierto es que, desde un primer momento, tanto las asociaciones de apoyo al colectivo migrante como el Grupo Plurinacional Sumar y otras fuerzas de izquierdas insistieron, a través de iniciativas parlamentarias y también en los medios de comunicación, en dos cosas. 

La primera, que era necesario flexibilizar el modo de demostrar la residencia para evitar que se fundamentara en el padrón. La segunda, que se ampliase el plazo para solicitar la regularización temporal, que finalmente se ha demostrado insuficiente.

En el Congreso, el Grupo Plurinacional Sumar ha registrado tres iniciativas —en forma de pregunta parlamentaria por escrito— para transmitir al Gobierno esas preocupaciones. En ellas, se presiona al Ejecutivo para que actúe y solvente las carencias que se ha demostrado que tiene su proceso de regularización. De las tres baterías de preguntas, el Gobierno ya ha respondido a dos y en ninguna de sus respuestas, que ha podido consultar Público, se atisba la menor intención ni de modificar los requisitos para acceder a dicha regularización ni el plazo general para solicitarla.

Desde que se puso en marcha el proceso extraordinario distintas asociaciones también han insistido en la necesidad de ampliar el plazo de solicitud, al considerar que los tres meses habilitados eran insuficientes para un procedimiento tan complejo en un contexto de emergencia. La situación, recuerdan, no era la de una tramitación administrativa ordinaria, sino la respuesta a una catástrofe que dejó a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas aún en estado de shock por las pérdidas sufridas durante el temporal.

"Muchos de los documentos exigidos, como los antecedentes penales o el pasaporte, pueden tardar más de un mes en obtenerse —según el país— o, directamente, no llegan nunca. Es lo que ocurre, por ejemplo, con personas que salieron de sus países solicitando protección internacional", advierten desde la asociación Regularización Ya Valencia. Esta realidad ha dejado fuera del proceso a numerosas personas que, por causas ajenas a su voluntad, no lograron reunir los papeles a tiempo.

No obstante, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado que se ampliará el plazo para aquellas personas que hayan solicitado la regularización, pero no hayan podido presentar a tiempo el certificado de antecedentes penales. Quienes no llegaron a formalizar la solicitud por falta de documentación no podrán beneficiarse de esta prórroga. "Algunos expedientes requerirán un plazo mayor ante la dificultad de obtener las certificaciones de ausencia de antecedentes penales de algunos países", apuntan.

"Hay que subrayar que el tiempo de expedición del certificado no es causa imputable al solicitante y que la posible dilación en la obtención del certificado no paralizará el proceso de solicitud ni será causa de denegación. Por ello, se practicarán los oportunos requerimientos que suponen una ampliación de los plazos de presentación y de resolución", declaran desde el Ministerio de Elma Saiz.

A ese obstáculo se sumó el requisito del empadronamiento, que dejó fuera del proceso a quienes no solicitaron cita antes del 4 de noviembre. "El Gobierno se mantuvo firme en que quienes no estuvieran empadronados —o no tuvieran cita para empadronarse— antes de esa fecha no tendrían derecho a regularizarse, aunque pudieran demostrar por otros medios que residían en las zonas afectadas", critican desde la asociación Valencia Acull. Empadronarse no es sencillo para muchas personas migrantes que residen en habitaciones alquiladas o en viviendas en condiciones muy precarias, a menudo sin condiciones mínimas de habitabilidad. En estos casos, solo pueden acceder al registro mediante un empadronamiento especial que muchos ayuntamientos no aplican, lo que las deja fuera del sistema.

Aunque Extranjería contempló la posibilidad de presentar un certificado de residencia efectiva como alternativa, la burocracia y la falta de coordinación entre ayuntamientos y servicios sociales lo convirtieron en una trampa administrativa. "Pasa lo de siempre, te exigen estar dado de alta en los servicios sociales del municipio donde vives, pero cuando vas a darte de alta, no te atienden si no estás empadronado", denuncian desde Regularización Ya. Aun así, gracias a la presión y a las reuniones mantenidas con los servicios sociales de municipios como Alfafar y Benetússer, desde este colectivo explican que han logrado que se facilite la expedición de algunos certificados de residencia en estas dos localidades.

Cabe añadir que muchas de las miles de personas que se habrían quedado fuera de esta regularización ya arrastraban una situación de extrema vulnerabilidad antes incluso de la catástrofe de la DANA. Residían en bajos o en viviendas sin cédula de habitabilidad, muchas de las cuales fueron desalojadas tras el temporal. Algunas acabaron en la calle, otras pasaron por albergues municipales —en los ayuntamientos que los habilitaron— o quedaron completamente a la deriva. "Lo más grave es que no han podido acceder a una regularización que, al menos, les habría permitido trabajar y pagarse un alquiler", denuncian desde el colectivo.

Frente a la ausencia de apoyo institucional, fueron las redes solidarias las que respondieron. "Desde Valencia Acull, al igual que han hecho otras organizaciones, creamos una caja de emergencia con donaciones de particulares y fundaciones, y con ella hemos dado ayudas directas para cubrir necesidades básicas, pagar el primer mes de un alquiler o renovar documentación perdida durante la DANA. Pero ayudas oficiales, como tal, no ha habido para las personas en situación irregular", explican.

El Gobierno cifra, por el momento, en 24.500 las personas que se han podido benficiar de la regularización. Unas 32.000 la habrían solicitado. Cifras lejanas, en cualquier caso, a las 40.000 personas que las asociaciones estiman que viven de forma irregular en los territorios afectados por la DANA.

El PSOE obvia las exigencias de Sumar

En una serie de preguntas al Gobierno que registró el diputado de Sumar —por Izquierda Unida— Nahuel González en la Cámara Baja el 21 de febrero, pocos días después de que entrara en vigor el prceso, ya alertaba de que la imposición del padrón como requisito para acceder a la regularización estaba impidiendo que muchas personas migrantes en situación irregular y vulnerable accedieran a la misma. 

González, respaldado por las asociaciones defensoras del colectivo, señalaba que, además del padrón, debería plantearse que también se entendieran como documentos válidos para demostrar la residencia habitual "informes sociales, el pago de suministros, la matrícula de escolarización de sus hijos o la tarjeta sanitaria". El Gobierno se remitió en su respuesta a la defensa del empadronamiento como el criterio válido.

La única referencia que hizo el Ejecutivo a las alternativas que propuso González fue la siguiente: "En cuanto a las alternativas planteadas, en principio, tanto para proceder a la escolarización de los hijos e hijas, como para la obtención de la tarjeta sanitaria, se exige aportar también el certificado de empadronamiento correspondiente". Con todo, ya en febrero quedaba claro que al Gobierno iba a costarle transigir en este aspecto.

Semanas más tarde, el 12 de marzo, de nuevo el Grupo Plurinacional Sumar, en este caso, la diputada Vivien Ogou (Comuns), puso al Gobierno sobre aviso de una serie de problemas informáticos que dificultaron a las personas migrantes interesadas, durante varios días, el acceso a las citas para regularizar su situación. Entre las preguntas de la diputada, se incluía si el Gobierno estaba dispuesto a ampliar el plazo para solicitar la regularización. No hubo tampoco respuesta a la pregunta de Ogou. El Ejecutivo no se pronunció en su respuesta por escrito a la posibilidad de ampliar el plazo.

Recientemente, de nuevo Nahuel González, esta vez junto a Enrique Santiago, también de Izquierda Unida, insistieron al Gobierno tanto para que ampliase el plazo como para que se flexibilizaran los criterios. Esta nueva batería de preguntas se registró el 13 de mayo, un día antes de que se concluyera el plazo para solicitar la regularización. Por el momento, el Gobierno no ha contestado. Desde Sumar califican de "insuficiente" la respuesta del Ejecutivo y en concreto del Partido Socialista.