"La Administración está fuera de la ley con los interinos, y van a provocar un caos con esto que preparan", advierte José del Molino, alcalde de Taragudo, una pequeña población de la Alcarria que comparte secretario con otros tres municipios de la zona. "Es un problema que ha creado la propia Administración al no haber ido consolidando los puestos", coincide Marga Morera, alcaldesa de La Yunta, en la Sierra de Molina, también en Guadalajara.

Ambos dirigen dos de los más de 3.000 ayuntamientos españoles, la inmensa mayoría de ellos concentrados entre los de menos de 5.000 habitantes, sobre cuya operatividad y, en muchos casos, viabilidad económica se cierne desde hace meses la kafkiana amenaza de una chapuza de la Administración.

Se trata del proceso de consolidación de puestos de trabajo por abuso de temporalidad de los secretarios-interventores y los secretarios-tesoreros municipales, un sector en el que la acentuada tendencia a la precariedad laboral de las administraciones resulta especialmente intensa.

Con los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), la temporalidad alcanza en el conjunto de las administraciones una tasa del 30,4% sin los fijos discontinuos y otra del 31,1% con ellos, mientras que en ese colectivo supera con claridad el 40% para llegar a rondar el 50%. En el sector privado está por debajo del 14%.

"Más del 40% de los ayuntamientos se encuentran en una situación de interinidad, y en provincias como Guadalajara esa tasa llega al 70%", explica Lorenzo Campillo, presidente de la recientemente creada Ansiti (Asociación Nacional de Secretarios Interventores y Tesoreros Interinos).

Hay un dato especialmente ilustrativo sobre el nivel de temporalidad del colectivo: en el concurso convocado para el pasado 24 de junio "más de 3.000 interinos presentaron certificados de las comunidades autónomas que acreditan una antigüedad de más de seis años en sus ayuntamientos", señala.

Si se tiene en cuenta que en España hay 8.132 municipios y que al menos 3.985 de ellos comparten el secretario con otros por tener menos de 500 habitantes censados, se llega rápidamente a la conclusión de que la exposición a la problemática es mayor incluso en cuanto a número de ayuntamientos.

La problemática gira en torno a las imprevisibles consecuencias de la fórmula elegida por el Gobierno para el proceso de estabilización de secretarios en situación de abuso de temporalidad: sacar 593 plazas y dejar al resto como estaban, con independencia de que en muchos casos superen los 20 y los 25 años como interinos.

"Más de 3.000 cumplen los requisitos para que su situación se considere abuso de temporalidad", anota Campillo, que recuerda cómo el Gobierno se ha comprometido en el Plan de Recuperación del que dependen los Fondos Next Generation a reducir al 8% la temporalidad en las administraciones antes de que termine este año.

Ese planteamiento, recurrido por los interinos, aunque ya está avanzado, entraña el riesgo de generar un baile de secretarios con ceses, tomas de posesión y nueva generación de vacantes que tiene el vilo a los alcaldes de medio país.

“No va a ser posible arreglar una gotera”

"El que saque plaza elige una vacante" de las más de 3.000 existentes en el país, explica Campillo. Otra cosa es que vaya a quedarse en la vacante que le toque, de la que ya habría sido desplazado el interino, o que nada más tomar posesión opte por ir a otro puesto en comisión de servicios o en excedencia, como ocurre a menudo en los pequeños municipios.

"Estamos en una situación de incertidumbre que afecta sobre todo a pueblos pequeños, de menos de 5.000 habitantes, donde los secretarios llevan mucho tiempo ocupando la plaza porque ningún funcionario quiere venir" a zonas despobladas, rurales o de montaña, señala Morera, que advierte de las consecuencias de ese baile de empleados para los municipios.

"Si no hay secretario, queda paralizado el ayuntamiento, porque no se pueden hacer ni cosas sencillas como un empadronamiento, ni tramitar la recaudación de los impuestos con la diputación ni tampoco tratar los asuntos del pueblo en el pleno, porque no pueden celebrarse", relata.

"No va a ser posible que un vecino que quiera arreglar una gotera antes de que vaya a más y dañe el tejado de su casa pueda sacar la licencia de obras que necesita. Es algo que afecta a todo el mundo. No tener secretario paraliza toda la gestión", anota.

"Varias veces nos ha pasado que un titular avisa de que va a venir, cesa el que estaba y ese que venía envía un telegrama en el que explica que ni se va a acercar", dice Del Molino, que recuerda las distorsiones que generó la ausencia de secretario durante seis meses que sufrieron hace unos años o el desbarajuste que en ocasiones conllevó el aterrizaje de un sustituto puntual.

"Tendríamos que pedir un crédito para pagar la indemnización"

"El secretario es básico para un pequeño ayuntamiento, es el motor, y resulta imprescindible con la carga burocrática que tenemos. Y no me ofrece confianza alguien que viene de fuera para cubrir el expediente, porque no se puede funcionar con alguien que no ponga interés o no tenga voluntad de permanecer", explica el alcalde de Taragudo.

A esos inconvenientes se les añade el impacto financiero que tendrá para los ayuntamientos el baile de secretarios, un colectivo que depende de la Administración central aunque trabaja para la local, a la que los interinos llegan mediante bolsas de empleo de las diputaciones y las comunidades.

La ley contempla una indemnización de 20 días por año trabajado para los cesados, la misma que la normativa laboral prevé para el despido objetivo, aunque nada impide que los tribunales puedan declarar la existencia de un fraude en la relación laboral eventual y que se ha resuelto de modo improcedente, lo que las elevaría a 45 días por año para los periodos anteriores a marzo de 2012 y a 33 para los posteriores.

"El ayuntamiento no puede hacer fijo a un secretario que lleva veinte años, pero si el Estado le echa tiene que indemnizarlo el ayuntamiento. Esas indemnizaciones van a ser una ruina para muchos ayuntamientos. Nosotros tendríamos que pedir un crédito", indica Del Castillo.

"Hablamos de ayuntamientos pequeños, con la financiación muy justita. Si hay que pagar una indemnización se queda incapacitado económicamente, sin poder pagar ni el suministro eléctrico. En nuestro caso, la indemnización sería prácticamente como el presupuesto anual", anota Morera.

"¿Cómo se va a quedar sin plaza alguien que lleva tantos años?"

La incertidumbre también afecta a los interinos, que a menudo han ido desarrollando un arraigo en el pueblo, o los pueblos, donde trabajan.

"Tenemos situaciones de ansiedad. Cuando llevas veinte años en un lugar, tienes tu casa, tu familia. Esta situación de abuso de temporalidad no la hemos buscado nosotros, y tenemos una ocupación que nos impide preparar una oposición", explica el presidente de Ansiti.

"¿Qué le pasa a quien no entre en esa bolsa de 593 plazas? ¿Va a ir otra vez a una bolsa?", plantea.

Hasta ahora, el Supremo ha avalado el proceso de estabilización de los secretarios interinos en dos ocasiones al rechazar sendos recursos contra su convocatoria presentados por Cosital (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local) y por Aspital (Asociación Profesional de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local), aunque tiene sobre la mesa otro que pide su anulación por no haber reservado plazas para personas con discapacidad.

"¿Cómo se va a quedar sin plaza alguien que lleva tantos años y que ha hecho un montón de cursillos?", plantea al alcalde de Taragudo, que advierte de las consecuencias que ese proceso puede tener en los pequeños municipios.

"Así nos va a los ayuntamientos- dice-. Se los van a cargar. No se dan cuenta de que son los ayuntamientos los que mantienen a la población. Y luego hablan de mantener los pueblos vivos...".

Fuentes de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) declinaron pronunciarse sobre el proceso de estabilización por encontrarse la institución en pleno proceso de reorganización tras las últimas elecciones municipales.