El Gobierno no va a dar marcha atrás en la aplicación del decreto de ahorro energético a pesar de que las comunidades con Ejecutivo del PP habían solicitado este lunes su retirada parcial en una reunión informativa.

Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia ante los medios tras la reunión telemática mantenida con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio para solucionar las dudas del decreto, que ha levantado la enésima polémica y un sinfín de bulos e interpretaciones erróneas de diferentes cargos del PP sobre su supuesta aplicación.

El principal partido de la oposición ha llegado hasta el extremo de anunciar que está barajando llevar ante el Tribunal Constitucional esta norma, todo a pesar de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, era partidario de recortar en gasto energético hasta que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comenzó la inflamada campaña de rebeldía ante las medidas.

Ribera ha asegurado que "no es la intención del Gobierno" retirar el capítulo que se refiere a las aplicaciones concretas de la medida, como pedían los conservadores, de manera que el límite al termostato en algunos comercios y edificios de uso público entrará en funcionamiento este miércoles, con flexibilidad en función de la actividad desarrollada, como ya recoge el propio decreto.

Tras conocerse la postura definitiva del Gobierno, el PP ha insistido en que Pedro Sánchez debe convocar una conferencia de presidentes autonómicos para abrir un "diálogo real" con las comunidades sobre el plan, que considera "improvisado", "incongruente" y "unilateral".

"Si le queda algo de dignidad política, debería suspender sus vacaciones, reincorporarse de forma inmediata y convocar esa conferencia de presidentes", ha dicho el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa tras la reunión entre ministra y autonomías. El dirigente popular ha acusado al Gobierno de haber elaborado el real decreto ley con el "plan de improvisación energética" de espaldas a las comunidades autónomas, municipios y agentes sociales y económicos, y ha subrayado que no atiende a las peculiaridades de cada territorio ni mide el impacto sobre los sectores afectados.

Tres horas de reunión

El encuentro, que ha durado más de tres horas, ha estado presidido por Ribera, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y a él también ha asistido la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP).

"El Gobierno es respetuoso con el Estado autonómico y ha aprobado aquellas medidas que, en su competencia básica, permiten impulsar la garantía de confort térmico", ha explicado Ribera, consciente de que Moncloa "no puede sustituir la competencia de las comunidades", tal y como trataban de argumentar la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, que solicitaban la supresión parcial del decreto.

En cualquier caso, ha salido "contenta" de una reunión que ha trascendido en "tono cordial", a pesar de las expresiones "altisonantes" que algunas Administraciones habían empleado en los días anteriores "en público".

"No ha habido ninguna comunidad que haya dicho que no va a cumplir", ha aclarado la ministra, que ha admitido que sí que ha habido "algunos comentarios" que alegaban que las medidas sólo eran exigibles a la Administración Pública y no a los actores privados.

Ante ello, el Gobierno ha esgrimido que son necesarias para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de ahorrar un 7% en el consumo de gas. "Las hemos tomado porque tienen un menor impacto que otras que afecten a la vida privada, al confort térmico de nuestros hogares, o a la industria", ha añadido Ribera.

Andalucía y las demás comunidades autónomas gobernadas por el PP habían solicitado el Ejecutivo la retirada del capítulo 1 del título 5 del decreto, que es el que atañe a las medidas de ahorro, para poder dialogar y permitir a las comunidades ejercer sus competencias.

En un receso de la conferencia sectorial convocada para analizar con los consejeros autonómicos los detalles del plan de ahorro y "despejar dudas" sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor, el consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha informado de esta posición común de las comunidades gobernadas por el PP y ha manifestado que, si no se retira ese capítulo, no apoyarán el decreto.

Paradela ha explicado que piden al Gobierno "acordar el qué, pero que deje actuar a las comunidades autónomas en el cómo" ejecutar el ahorro energético en virtud de sus competencias autonómicas y ha alegado además que la "Unión Europea no impone a los Estados un plan de ahorro de energía pero el Gobierno español sí lo impone a las regiones sin discutirlo ni negociarlo".

El llamado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos.