El Gobierno renuncia a aprobar la senda de déficit este viernes hasta eliminar el veto del Senado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes la senda de déficit y de deuda para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, como estaba inicialmente previsto, hasta que concrete cómo será la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que suprimirá la capacidad de veto del Senado, tras acuerdo alcanzado con Unidos Podemos.

Según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno no aprobará la senda de déficit pese a haber acordado este mismo miércoles con las comunidades autónomas los objetivos contenidos en la senda para estas administraciones.

El Gobierno debía aprobar de nuevo esta senda tras el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos el Ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, únicamente PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria, votos suficientes frente al rechazo de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria.

En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, para volver a aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos a las Cortes Generales, donde debían ser refrenados tanto por el Congreso como el Senado.

Acuerdo para acabar con el veto del Senado

Precisamente, acabar con el poder de veto del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha sido una de las exigencias de Unidos Podemos para apoyar, esta vez sí, la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Una exigencia aceptada y acordada este miércoles, y que contaría con el apoyo de ERC, PDeCAT y PNV.

Según Unidos Podemos, el compromiso del Gobierno es no someter a votación la senda de estabilidad presupuestaria hasta lograr la modificación de esta ley orgánica, algo que ven posible hacerlo sin tener que tramitar una proposición o proyecto de ley.

Así, alegan que el artículo 15, que regula la aprobación de los objetivos de estabilidad, regula un aspecto procedimental de la norma, y no un derecho fundamental que las características propias de una ley orgánica debe proteger.