El pasado 19 de enero, el periodista de Público Jose Carmona fue expulsado por Marruecos de la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental, junto con otros dos activistas de la organización CEAS-Sáhara. Los tres se encontraban en los territorios ocupados saharauis realizando una misión de observación tras la apertura de los vuelos directos impulsados por la compañía aérea Ryanair entre Madrid y esta ciudad. 

Pocos días después el grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso registró una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez con solicitud de respuesta escrita. El diputado Jon Iñarritu envió el 24 de enero un documento con hasta seis preguntas muy concretas. 

En primer lugar Iñarritu preguntaba qué medidas en concreto había tomado el Ejecutivo para pedir explicaciones al Gobierno de Marruecos por estas expulsiones. También se pregunta cuál fue el cronograma de los hechos, en qué momento se tuvo conocimiento de los hechos y cuál fue la respuesta. 

"¿Ha contactado el Gobierno con el periodista y los activistas afectados para garantizar su seguridad y documentar posibles abusos en el proceso de expulsión? ¿Cuándo?", continúa el documento. Iñarritu pregunta además sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de las denuncias recabas por las personas expulsadas de "la represión sistemática ejercida por Marruecos contra los saharauis en las zonas ocupadas".   

La pregunta número cinco se refiere a si el Gobierno estima intervenir o mediar a nivel internacional para garantizar que periodistas y observadores de Derechos Humanos puedan trabajar libremente en el Sáhara Occidental. Y por último, se pregunta acerca de los protocolos que tiene pensado el Gobierno para prevenir y responder a casos similares en el futuro, especialmente cuando se trate de periodistas u observadores de Derechos Humanos. 

La contestación del Gobierno llegó esta semana, el 4 de marzo. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Público, el Ejecutivo obvia la inmensa mayoría de preguntas y se limita a contestar lo siguiente: "La Embajada y el Consulado de España siempre prestan su asistencia cuando recibe información sobre situaciones que afectan a ciudadanos españoles". 

La expulsión del mes de enero no ha sido la única similar estos últimos meses. Pocos días después, el periodista de El Independiente Francisco Carrión ni siquiera pudo bajarse del avión en Dajla y fue deportado por Marruecos. Organizaciones como FAPE o Reporteros Sin Fronteras denunciaron estos hechos. También fueron expulsados un periodista navarro y el Youtuber Ramilla de Aventura. 

Marruecos no solo ha expulsado en los últimos meses a periodistas o activistas. Tres diputados del Parlamento Vasco de PNV, EH Bildu y Sumar siguieron el mismo camino a finales de enero. Y más recientemente, la eurodiputada de Podemos Isa Serra, la eurodiputada lusa Catarina Martins (Bloco de Esquerda) y el filandés Jussi Saramo (Alianza de la Izquierda) tampoco pudieron entrar en el Sáhara Occidental. 

El pasado mes de diciembre Iñarritu preguntó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, precisamente sobre la decisión de Ryanair de abrir una línea desde Madrid a una ciudad ocupada y el papel de autorización que ha tenido España. Albares se limitó a contestar que las decisiones que toman las compañías aéreas privadas son decisiones que "son siempre a nivel técnico".

El periodista de Público y sus dos acompañantes fueron expulsados tras visitar una casa de un activista saharaui. Las autoridades marroquíes entraron por la fuerza en la vivienda y les obligaron a salir de la ciudad en un vuelo hasta Agadir, ya en territorio marroquí. Este medio pudo publicar el testimonio de este saharaui en el que denunciaba varios secuestros y agresiones por su activismo en favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental.