En los panfletos que reparten a los transeúntes hablan de "tiranía socialista" y "Gobierno socialcomunista". En los cánticos añaden un "Pedro Sánchez, hijo de puta". Todo ello con banderas franquistas que no se ocultan ni cuando el semáforo se pone en rojo ni cuando se acerca la Policía. Desde hace más de 500 tardes, los ultras que se movilizan en la esquina de la sede del PSOE han creado una especie de microclima y microtiempo. 

"Un, dos, tres, que lo cuelguen de una vez, muerto el perro se acaba la rabia", grita una mujer con un megáfono en la mano y una bandera española a modo de capa. "Este Gobierno tiene que caer", canta a continuación. Detrás lleva una imagen con el rostro de Pedro Sánchez tras unas rejas. No muy lejos hay una furgoneta de la Policía Nacional a modo de testigo.  

Los ultras que agitan las protestas en Ferraz cuentan con el respaldo del Movimiento Católico Español, un grupo franquista con registro legal como partido político que suele publicar en Telegram listados de militantes de izquierda y sindicalistas fallecidos, siempre junto a comentarios denigrantes.  

En la concentración del pasado 6 de abril, la mujer que lanzaba los insultos desde el megáfono combinó los ataques contra el presidente del Gobierno con un "rojos de mierda", dedicado principalmente a un chófer que se les encaró. Tampoco en esa ocasión hubo ni el más mínimo atisbo de intervención policial.  

Los manifestantes que llevan banderas franquistas se sitúan delante de los coches cuando el semáforo está en verde para los peatones y dedican todo tipo de insultos contra el presidente del Gobierno o también contra representantes de formaciones de izquierda, como la eurodiputada de Podemos Irene Montero. 

Durante la concentración del pasado jueves 10 de abril, una mujer llamó a enviarle a Sánchez una silla "con una bomba debajo". También hubo gritos a favor de "quemar Ferraz con ellos dentro". Al otro lado de la carretera había tres policías.  

"La fórmula existe, está en nuestras manos aplicarla y derribar a Sánchez", dijo ese mismo día, megáfono en mano, un ultraderechista identificado como Lucho, que acabó también su intervención con insultos contra el presidente del Gobierno. 

Según ha podido verificar Público, se trata del mismo hombre que el pasado 23 de febrero, coincidiendo con el aniversario del fallido golpe de Estado, animó a los comensales en la comida celebrada por los autodenominados "Patriotas de Ferraz" en el restaurante situado dentro del Valle de Cuelgamuros.

"Morteros para defendernos"

El gigantesco monumento de exaltación de la dictadura en el que reposaron los restos de Francisco Franco hasta 2019 y que ahora es objeto de un proyecto de resignificación democrática a cargo del Gobierno está entre los temas habituales que sacan los ultras durante las concentraciones.

"Si alguien viene a tirarme la cruz... ¿Qué vamos a hacer? ¿Una manifestación? No. Estaremos preparados con unos morteros  para atacar o defendernos", afirmó un hombre al final de la movilización del pasado 5 de abril, donde advirtió incluso sobre el riesgo de "un alzamiento" y señaló que habría gente dispuesta a permanecer "tres, cuatro, cinco años" en la clandestinidad. 

Identifican a encapuchados

Respecto a estas amenazas e insultos, fuentes del Ministerio del Interior señalaron a Público que no se habían registrado actuaciones policiales contra los autodenominados "Patriotas de Ferraz". El pasado sábado 12, los agentes se vieron obligados a intervenir ante la aparición de unos jóvenes encapuchados, menores de edad principalmente, que no participan habitualmente en las protestas.

"Al parecer, los policías nacionales habían visto a los jóvenes encapuchados y realizando movimientos extraños y nerviosos", señalaron los organizadores habituales de las movilizaciones. Los jóvenes con rostros cubiertos pretendieron acercarse a la sede del PSOE, por lo que la Policía "los interceptó para identificarlos".

"Después de dejarlos marchar, la UIP (Unidad de Intervención Policial) pasó un informe a Delegación de Gobierno sobre los menores encapuchados. Delegación de Gobierno contactará con los padres de los menores para saber si estos, responsables de los chavales, tenían constancia de que sus hijos estaban en una protesta política y encapuchados. Lo más seguro es que no pase del ámbito administrativo", apuntaron.