195 días después de su despido de la panificadora Butrón, una empresa de Chiclana (Cádiz) muy asentada en el tejido social de la localidad, que da empleo a alrededor de 85 personas, el delegado sindical de CGT José María Guerrero dio un canutazo en Bruselas. Había salido de Chiclana (Cádiz) de madrugada, acompañado por la candidata a alcaldesa de Adelante Andalucía en la población, Gema Olivares, para coger el avión en Sevilla a las 7.05 de la mañana. Allí, a las puertas del Parlamento Europeo, junto al eurodiputado Miguel Urbán, afirmó: "Llevamos en huelga 195 días por la precariedad. Para colmo, la respuesta a las reivindicaciones es despedirme a mí como delegado sindical".

Quince compañeros de Guerrero mantienen desde el 11 de noviembre de 2022 una huelga indefinida por la que reclaman la reincorporación a la plantilla de este y de Paqui Vilaplana, en la calle también después de 17 años en la empresa, y que la compañía se avenga a negociar mejoras. "Somos trabajadores, no esclavos. Salarios dignos y condiciones justas", es el lema de los huelguistas. Tanto Guerrero como Vilaplana tienen recurrido su despido en los tribunales y esperan que salga pronto, en semanas o meses, la sentencia.

Cuenta Guerrero, que tiene dos hijos, de 1 y 7 años, que fue despedido cuando trató con otros compañeros de organizarse para mejorar las condiciones laborales en la empresa. Él ganaba unos 840 euros como panadero en un turno de noche. De diez a siete de la mañana, seis días a la semana, asegura. La empresa, por el contrario, sostiene que lo echó por faltas graves de disciplina. Él se defiende de esas acusaciones -afirma tener vídeos y documentación que desmonta los argumentos del patrón- y espera que los tribunales le den la razón.

"Fuimos a hablar con ellos para ver si podíamos conseguir algo por las buenas, y lo que nos dijeron es que nos buscáramos las papas. Nos afiliamos a CGT, no pasó ni un mes y echaron a nuestra compañera Paqui, que llevaba trabajando 17 años en Butrón. A la semana siguiente me echó a mí, que soy el delegado sindical". La sección sindical de CGT en Butrón, cuyo delegado era Rodríguez, se constituyó en agosto. Los dos despidos de afiliados se produjeron a primeros de octubre. En la empresa también está el sindicato UGT, que declinó hacer comentarios para esta información.

La lucha de los trabajadores de Butrón es una cuestión de dignidad y derechos para el sindicato CGT: "Su delito fue defender intereses laborales fundamentales como cobrar un salario acorde con los baremos vigentes, irregularidades en los contratos, el pago de las horas extras y de las pagas extras y el disfrute de las vacaciones anuales, derechos vulnerados por el dueño. Estas eran las reivindicaciones iniciales de la plantilla pero lo que realmente provocó los despidos y la cerrazón del empresario fue que una parte importante de la misma se afiliara a un sindicato combativo como CGT".

También lo es para el eurodiputado Urbán: "Lo que queremos es que se conozca este caso, un auténtico atropello al derecho laboral, un caso claro de persecución sindical, que no se debe permitir en un país miembro de la UE. Se estaría vulnerando la carta social europea". Urbán y Guerrero mantuvieron encuentros con eurodiputados de Podemos, ERC y Francia Insumisa.

La justicia les da la razón

La situación está ya muy enquistada —existen denuncias de daños a furgonetas y camiones y una sentencia por una agresión de un trabajador no huelguista a otra huelguista— y es compleja para los quince compañeros de Guerrero y Vilaplana. Estos llevan sin cobrar 195 días, desde que se pusieron en huelga. Han vivido estos meses de lo que tenían y de la caja de resistencia que la CGT mantiene abierta y que, pasado todo este tiempo, está bajo mínimos. En un ejercicio de fraternidad y solidaridad obrera poco frecuente en estos tiempos, no tienen en mente, según CGT, dejar el paro como mínimo hasta que la empresa se siente a negociar mejoras y no se arregle la situación de los compañeros despedidos: o bien a través de un acuerdo con la empresa, algo que parece remoto, o bien por la vía judicial.

"Han transcurrido los meses y la cerrazón del dueño de la empresa y de su familia mantiene las puertas cerradas a cualquier tipo de negociación. Él no quiere dialogar ni encontrar una solución al conflicto, quiere derrotar la actitud de lucha y confrontación que defienden una parte importante de la plantilla contra la injusticia y el autoritarismo", sostiene CGT.

La justicia ya le dio la razón a los sindicalistas al rechazar en una contundente sentencia del pasado 12 de mayo la demanda de la empresa que reclamaba que un juez declarase ilegal la huelga. "La empresa -se lee en la sentencia- resalta en el juicio que el sindicato realiza una huelga de solidaridad con las dos personas despedidas y que es el auténtico motivo de la huelga y por lo tanto [es una] huelga prohibida".

El juez considera: "Aunque efectivamente el primer motivo [para convocar la huelga] se refiere a despidos injustificados de trabajadores afiliados y representantes del sindicato otros 14 [motivos] referidos a causas de prestación de servicios a otra persona jurídica, exceso de jornada semanal o falta de abonos de horas extras, así como entre cotizaciones o distribución irregular de jornada, ausencia de calendario expuesto o descanso insuficiente semanal o falta de abonos horas extras o de trabajos en festivos o no entrega de ropa de trabajos y equipo de protección, inexistencia de comedor o no entrega de copia de contratos o falta de medidas concretas de conciliación tienen un claro contenido colectivo".