Illa afronta su primer debate de política general con la necesidad de hacer gestos hacia ERC y los Comuns

No han pasado ni dos meses desde que Salvador Illa tomó posesión como presidente de la Generalitat de Catalunya y esta semana vivirá su primer debate de política general en el cargo. La cita, que junto con la Diada del 11 de septiembre marca el inicio del curso político catalán, debe servir para que el también primer secretario del PSC profundice en las prioridades de la acción de su gobierno y tenga algún gesto de complicidad hacia ERC y los Comuns, los dos socios de la investidura, de los cuales necesita conseguir los votos si quiere tirar adelante los presupuestos del próximo año.

La vivienda -se espera algún anuncio importante en este ámbito-, los servicios públicos y la reforma de la administración, la nueva financiación autonómica, la sequía, la transición energética o el impulso del catalán serán diversas de las carpetas que abordará Illa en su discurso inicial, que arrancará este martes a las 16h y que no tiene límite de tiempo. El miércoles será el turno de réplica del resto de líderes de los grupos parlamentarios -con las posteriores respuestas de Illa- y el jueves por la tarde se votarán las propuestas de resolución.

En medio del proceso de reordenación del partido que culminará con el congreso del último fin de semana de octubre, Junts afronta el debate de política general con la voluntad de visualizarse como la alternativa al ejecutivo del PSC y, probablemente, esto implicará marcar perfil de derechas en cuestiones como la fiscalidad o la vivienda, como ya hizo recientemente al impedir la tramitación de la normativa estatal para regular el alquiler de temporada. La formación ha decidido dejar vacante el cargo de jefe de la oposición, al menos hasta que no se resuelva el futuro de su líder, Carles Puigdemont, a quien los jueces del Supremo siguen negando la amnistía.

ERC y Comuns compartirán la demanda de abordar la regulación del alquiler de temporada desde Catalunya, a la vez que exigirán que se den pasos adelante en el cumplimiento de sus respectivos acuerdos de investidura con el PSC. Además, los republicanos también pondrán el foco en la situación del catalán, la reforma de la financiación o la reclamación de un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto, un aspecto que también reivindicará la CUP. Las formaciones de derecha y extrema derecha, como PP, Vox y Aliança Catalana, en cambio optarán por centrarse en carpetas como la inmigración -siempre con la voluntad de criminalizarla- y la seguridad.

Gestos que evidencian la nueva etapa

En los dos meses que lleva al frente de la Generalitat, Illa se ha centrado en primer término en completar la estructura del nuevo Govern, en el que la mayoría de cargos clave han sido para dirigentes de su partido. A la vez también se mantienen unos sesenta cargos del ejecutivo de Pere Aragonès, con los consellers Francesc Xavier Vila (Política Lingüística) y Sònia Hernández (Cultura) como principales exponentes, y se han incorporado unos cuántos nombres con pasado convergente, como Miquel Sàmper (Trabajo), Ramon Espadaler (Justicia) o el expresidente del PDeCAT David Bonvehí.

Paralelamente, Illa ya ha desplegado una intensa agenda de reuniones, encuentros y visitas en el territorio, que le han permitido empezar a visualizar el cambio de etapa política que vive Catalunya, con el final del procés. La pregonada "normalidad institucional" que defiende el presidente se ha traducido en encuentros con varios representantes del Gobierno español -desde Pedro Sánchez a algunos ministros-, presidentes autonómicos y, sobre todo, el rey, Felipe VI, mientras que hasta ahora no los ha habido con miembros de ONG, movimientos sociales o colectivos ecologistas.

Con la estructura gubernamental ya a punto, el siguiente paso tiene que ser poner en marcha la actividad legislativa y ejecutiva, de momento todavía muy escasa. En todo caso, Illa sí que ha dado evidencias del modelo de país que defiende, con la reactivación del proyecto para ampliar la capacidad del aeropuerto del Prat, el acuerdo para desencallar la inversión estatal para ejecutar el Quart Cinturó o B-40, o el anuncio de una nueva desaladora -esta en la Costa Brava- para afrontar la sequía.

De hecho, este mismo lunes el presidente ha aprovechado la inauguración de la feria BNEW para afirmar que su Govern apuesta por la "generación de prosperidad" y esta pasa por agua, energía e infraestructuras. En el primer caso la apuesta son las infraestructuras de producción de agua, como las desaladoras, mientras que en el segundo se quiere acelerar el despliegue de las renovables, todo ello medidas que a buen seguro le generarán algunos choques con movimientos ecologistas.

Su Govern también ha confirmado que replanteará el plan piloto de la renta básica universal (RBU) y la consellera de Derechos Sociales e inclusión, Mònica Martínez Bravo, quiere que tenga un coste "más mesurado" que los 40 millones previstos por el anterior ejecutivo.

ERC y Comuns quieren regular el alquiler de temporada

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, aseguró la semana pasada que "uno de los grandes bloques de propuestas" del discurso de Illa estará vinculado a la vivienda, porque "es una de las principales preocupaciones de muchas familias catalanas". Los datos lo evidencian, hasta el punto de que, según recoge el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, entre el 2000 y el 2022 los ingresos medios de los catalanes crecieron el 57,7%, pero el precio medio del alquiler aumentó el 114,2%.

Fuentes del ejecutivo han apuntado que habrá algún gran anuncio en este ámbito y no se puede obviar que es una de las carpetas a través de las cuales el PSC puede acercarse a Comuns y ERC para ir allanando su posible apoyo a los primeros presupuestos del Govern de Illa. En este sentido, tanto ERC como Comuns quieren compromisos para regular el alquiler de temporada y de habitaciones.

Los republicanos apuestan por el impulso de un decreto ley que se tramite de forma urgente para regular estas modalidades y defienden aprovechar el que ya aprobó el Govern de Aragonés y que no prosperó, justamente, por el rechazo de PSC y Junts. La nueva financiación o la defensa del catalán son otros temas que ERC quiere abordar en el debate y en las cuales puede encontrar puntos en común con el PSC y los Comuns. De hecho, en todas las intervenciones que ha hecho sobre el tema, Illa se ha comprometido a cumplir el acuerdo de investidura con los republicanos y, por lo tanto, a conseguir una financiación "singular" para Catalunya.

Los Comuns plantean el debate como lo "el primer examen importante del Govern de Illa para demostrar su voluntad transformadora", después de mostrarse críticos con los nombramientos de cargos de pasado convergente y con la voluntad de retomar la ampliación del aeropuerto del Prat.

A pesar de que está teniendo unos primeros meses bastante plácidos, en parte por los procesos de reconstrucción de la mayoría de partidos de la oposición, no se puede olvidar que el PSC apenas suma 42 diputados en el Parlament, es decir, muy lejos de los 68 de la mayoría absoluta que le allanarían al gobierno la aprobación de sus medidas. Es por eso que necesita hacer gestos y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de investidura con Esquerra y Comuns para poder ir aprobando leyes.

El primer gran examen serán los presupuestos del 2025, que Illa pretendía que entraran en vigor ya el 1 de enero, pero que la complejidad del congreso de ERC -que no se celebrará hasta el 30 de noviembre- hace del todo inviable. Será la nueva ejecutiva de los republicanos la que tendrá que decidir si acepta o no las cuentas de la Generalitat, cosa que no impide que ya haya negociaciones en marcha y por eso cuestiones como la vivienda, la financiación o el catalán tendrán peso en el debate de Illa.

La mejora del sistema educativo, la ampliación de los cuerpos de seguridad, la mejora de la sanidad pública o la transición ecológica también aparecerán en las propuestas que llevarán los socialistas al debate, según ha avanzado la portavoz y número dos del partido, Lluïsa Moret, que no cierran la puerta a que en algunos casos se acuerden previamente con otras formaciones, básicamente los dos socios de la investidura. Este mismo lunes, el Govern ha anunciado que se da un plazo de nuevo meses para suprimir por ley la cita previa obligatoria en los servicios públicos, uno de los primeros pasos de la reforma de la administración que quiere llevar a cabo.

Lo que es seguro es que el conflicto político entre el Estado y Catalunya tendrá un peso muy menor en este debate de política general, a pesar de que los partidos independentistas llevarán propuestas de resolución para defender el referéndum. En cambio, la financiación, el servicio de Rodalies -pendiente de traspaso-, los servicios públicos, la situación del catalán e, incluso, la seguridad acapararán muchos más minutos de discurso. Señales de un cambio de etapa que poco a poco se va haciendo evidente.